Responsabilidad política frente al discurso del miedo
Las declaraciones de la representante de Vox, Ainhoa García, durante su visita a Ceuta —en las que afirma que “los jóvenes de Ceuta son amenazados por una cultura islámica” o que “las familias ceutíes están cambiadas por una cultura islámica contraria a la nuestra”— no son simples opiniones polémicas. Son afirmaciones que, por su formulación y alcance, tensan deliberadamente una realidad social compleja y plural que define a la propia ciudad.
Ceuta no es un laboratorio ideológico ni un campo de batalla cultural. Es una ciudad autónoma donde conviven desde hace generaciones personas de distintas tradiciones religiosas y culturales, especialmente cristianas, musulmanas, judías e hindúes. Reducir esa convivencia a una lógica de “amenaza cultural” no solo es una simplificación extrema, sino una forma de distorsionar la vida cotidiana de miles de familias que comparten escuela, trabajo, vecindario y futuro.
El problema de este tipo de discursos no es únicamente su contenido, sino su consecuencia política y social. Cuando se afirma que una cultura “amenaza” o “cambia” a las familias de una ciudad, se está sugiriendo implícitamente que existe una comunidad que desestabiliza o sustituye a otra. Ese marco conceptual, importado de debates ajenos a la realidad ceutí, alimenta la desconfianza y erosiona los vínculos de convivencia que han permitido a Ceuta sostener su equilibrio social incluso en contextos de tensión.
La política tiene la responsabilidad de señalar problemas reales —desigualdad, precariedad juvenil, falta de oportunidades o dificultades en la integración social— sin convertir la identidad cultural o religiosa en un factor de sospecha colectiva. Cuando ese límite se cruza, el debate público deja de centrarse en soluciones y pasa a organizarse en torno a la desconfianza mutua.
Ceuta necesita exactamente lo contrario: discursos que reconozcan su diversidad como un hecho estructural, no como un problema a resolver. Porque la convivencia no es un eslogan, sino una práctica diaria que se debilita cada vez que se introduce la idea de que una parte de la ciudadanía es intrínsecamente incompatible con la otra.
La crítica política es legítima. La preocupación por el futuro de los jóvenes también lo es. Pero transformar esas preocupaciones en una narrativa de choque cultural no ayuda a resolver nada; al contrario, añade una capa de tensión innecesaria sobre una ciudad que ya conoce bien el valor de la estabilidad.
En democracia, las palabras importan. Y en lugares como Ceuta, importan aún más.
