Rigor y transparencia
La gestión de un procedimiento selectivo que afecta a los derechos y expectativas de numerosos aspirantes exige, por encima de cualquier otra consideración, responsabilidad, prudencia y respeto absoluto a las garantías legales. En este sentido, la decisión del Gobierno de la Ciudad de encargar un informe jurídico externo para analizar las distintas alternativas posibles en el proceso convocado por Obimasa constituye una actuación que responde a la necesidad de actuar con rigor y con la máxima transparencia.
La preocupación de las personas participantes por conocer cuanto antes una resolución definitiva resulta comprensible. Cualquier proceso de estas características genera expectativas, esfuerzo y dedicación por parte de quienes aspiran a obtener una plaza. Sin embargo, la urgencia no puede convertirse en precipitación cuando está en juego la seguridad jurídica de un procedimiento administrativo y los derechos de todos los participantes.
Precisamente por ello, el informe jurídico encargado adquiere una importancia fundamental. Será la herramienta que permita conocer con precisión cuáles son las vías de actuación disponibles y cuál de ellas garantiza mejor el cumplimiento de la normativa. La repetición de pruebas, la posible anulación del procedimiento, una nueva convocatoria o cualquier otra alternativa deben ser analizadas desde criterios exclusivamente técnicos y jurídicos, evitando decisiones que puedan generar nuevos problemas o futuras impugnaciones.
Los procedimientos administrativos tienen sus propios plazos y tiempos, establecidos precisamente para garantizar que las decisiones se adopten con todas las garantías. Respetar esos plazos no significa falta de diligencia, sino actuar conforme a las reglas que protegen tanto a la Administración como a los ciudadanos. La rapidez es importante, pero lo es aún más que la solución adoptada sea sólida, válida y capaz de superar cualquier revisión posterior.
En asuntos de esta trascendencia, la transparencia no consiste únicamente en ofrecer una respuesta inmediata, sino en explicar los pasos que se están dando, las razones que justifican cada actuación y los criterios que guiarán la decisión final. El Gobierno de la Ciudad ha trasladado públicamente la situación del expediente, ha informado de la solicitud de un análisis jurídico independiente y ha comprometido que la resolución será comunicada con claridad una vez que el órgano competente adopte el acuerdo correspondiente.
La defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad debe ser el eje sobre el que se construya la solución definitiva. Todos los aspirantes merecen un procedimiento justo, con las mismas reglas y con la certeza de que las decisiones adoptadas cuentan con el respaldo legal necesario.
Ahora corresponde esperar las conclusiones del informe jurídico y que el Consejo de Administración de Obimasa, como órgano competente, valore sus recomendaciones y adopte la decisión que proceda. La responsabilidad institucional pasa por escuchar la preocupación existente, pero también por garantizar que la respuesta final sea fruto del análisis, la legalidad y el interés general.
Resolver bien debe estar por encima de resolver deprisa. Esa es la garantía de que el procedimiento concluya con la transparencia y la seguridad jurídica que merecen todos los ciudadanos afectados.
