Sánchez, Ceuta quiere soluciones, no palabras
Ceuta vuelve a vivir una jornada que nadie debería considerar normal. Calles marcadas por la incertidumbre, comercios que bajan sus persianas por miedo, familias que optan por permanecer en sus casas y una ciudadanía que contempla con angustia cómo una ‘invasión’ disfrazada de presión migratoria vuelve a situar a la ciudad en el centro de una crisis que amenaza su seguridad, su convivencia y su estabilidad.
Los ceutíes no merecen vivir de esta manera. No pueden resignarse a que su tranquilidad dependa de decisiones políticas adoptadas a cientos de kilómetros de distancia ni a que cada episodio de tensión en la frontera convierta su vida cotidiana en un ejercicio permanente de incertidumbre. Ceuta no puede acostumbrarse a vivir en estado de alerta ni aceptar como inevitable una situación que, lejos de ser excepcional, comienza a repetirse con demasiada frecuencia.
Resulta imposible seguir mirando hacia otro lado ante la actitud de Marruecos. Lo que está ocurriendo no puede explicarse únicamente por la desesperación de quienes intentan cruzar la frontera. La reiteración de episodios similares alimenta la percepción de que las autoridades marroquíes, lejos de emplear todos los medios a su alcance para impedir estas entradas, las toleran o incluso las favorecen cuando conviene a sus intereses políticos y diplomáticos, utilizando la presión migratoria como un instrumento de influencia sobre España.
Si Rabat quisiera impedir este tipo de avalanchas con la misma determinación que demuestra en otras circunstancias, difícilmente se producirían con la magnitud que ha vuelto a sufrir Ceuta. Esa política resulta inaceptable para una ciudad que no puede seguir siendo moneda de cambio en una negociación permanente ni convertirse, una y otra vez, en el escenario elegido para trasladar mensajes políticos al Gobierno español.
Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son Ceuta y sus ciudadanos, convertidos demasiadas veces en la primera línea de una estrategia que no debería tener cabida entre países que mantienen relaciones de cooperación. No podemos aceptar que la inmigración irregular se utilice como un mecanismo de presión política.
Porque a todo lo dicho, se suma un perjuicio que resulta mucho más difícil de reparar y cuyos efectos se prolongan mucho más allá de cada episodio de tensión: el daño causado a la imagen de Ceuta. Cada jornada como la vivida proyecta al exterior una ciudad asociada al conflicto, a la inseguridad y a la inestabilidad, cuando la realidad cotidiana de Ceuta es muy distinta. Esa percepción perjudica su reputación, debilita su atractivo turístico, alimenta la desconfianza de posibles inversores y termina afectando a su actividad económica, al comercio y al empleo. El coste de cada crisis no se mide únicamente en los recursos movilizados o en las horas de incertidumbre que soportan los ciudadanos; también se mide en oportunidades perdidas y en una imagen que tarda mucho más en recuperarse que en deteriorarse.
Por ello, la defensa de las fronteras no debería ser una cuestión ideológica, sino una obligación irrenunciable de cualquier Estado soberano. Exigir una colaboración efectiva a Marruecos no constituye un gesto de confrontación, sino una exigencia legítima de respeto mutuo, de lealtad entre Estados y de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Pero si la responsabilidad de Marruecos resulta evidente, también lo es la del Gobierno de España. Porque gobernar consiste, ante todo, en anticiparse. Y cuando la previsión falla, corresponde reaccionar con rapidez, firmeza y eficacia. Nada de eso perciben hoy los ceutíes.
Durante demasiado tiempo, el Ejecutivo de Sánchez ha transmitido la sensación de llegar siempre por detrás de los acontecimientos. Se suceden los mensajes de tranquilidad, las declaraciones institucionales y las promesas de coordinación, pero la realidad que viven los ciudadanos es muy distinta.
La sensación de vulnerabilidad aumenta mientras las respuestas llegan tarde o resultan insuficientes. La frontera vuelve a convertirse en noticia cuando estalla la crisis, pero desaparece de las prioridades cuando las cámaras se marchan. Esa dinámica ya no es aceptable para una ciudad que convive a diario con una presión que el resto del país solo percibe de forma puntual.
En este sentido, Pedro Sánchez llega hoy a Ceuta con la obligación de ofrecer soluciones inmediatas. Los ceutíes no necesitan una nueva escenificación institucional ni promesas que se repiten cada vez que la frontera vuelve a verse desbordada. Mucho menos que se pretenda presentar como normal una situación que lleva demasiado tiempo deteriorándose.
Esta ciudad ha demostrado durante décadas una lealtad inquebrantable al Estado. Ha soportado con responsabilidad las consecuencias de una posición geográfica singular, ha defendido la frontera exterior de España y de Europa y ha respondido con serenidad incluso en los momentos más difíciles. Precisamente por ello merece respeto, atención y respuestas eficaces, no discursos vacíos ni compromisos indefinidos.
Sería un grave error confundir la paciencia de los ceutíes con resignación o pensar que cualquier explicación bastará para apaciguar una indignación que crece con cada nueva crisis. Ceuta espera decisiones, recursos, presencia permanente del Estado y una estrategia firme que impida que situaciones como la vivida vuelvan a repetirse.
Pedro Sánchez puede venir únicamente a hacerse fotografías, a pronunciar discursos o a reiterar compromisos ya escuchados demasiadas veces. Pero si su visita termina ahí, habrá perdido una nueva oportunidad de demostrar que el Gobierno está realmente a la altura del desafío que representa la frontera sur de España.
Ha llegado el momento de abandonar la política de los gestos para sustituirla por la política de los hechos. Ha llegado el momento de exigir con firmeza a Marruecos el cumplimiento de sus responsabilidades, de reforzar los medios destinados a la protección de la frontera y de demostrar que España está dispuesta a garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la integridad de su territorio.
Porque la paciencia de Ceuta tiene un límite. Y ese límite no puede seguir poniéndose a prueba cada vez que la inmigración irregular vuelve a convertirse en un instrumento de presión o en una nueva crisis para la ciudad
Los ceutíes ya no necesitan más promesas. Necesitan seguridad. Necesitan certidumbre. Necesitan un Gobierno de España que actúe con la determinación que exige la gravedad de los acontecimientos. Necesita hechos. No palabras.
