Sánchez no está haciendo todo lo posible por Ceuta
El Gobierno de España no puede sostener que está haciendo todo lo posible mientras los recursos destinados a Ceuta sigan siendo manifiestamente insuficientes para afrontar una situación de esta magnitud. La eficacia de una política pública no se mide por el número de comunicados ni por los anuncios institucionales, sino por la capacidad real de la Administración para aplicar la ley.
Resulta difícil entender que se presente como un refuerzo extraordinario el envío de un equipo de Extranjería integrado por únicamente seis funcionarios para apoyar las labores de reseña y documentación; la incorporación de tres profesionales a la Fiscalía de Menores de Ceuta para los procedimientos de determinación de edad; o el refuerzo temporal con tres fiscales sustitutos y cinco letrados más para el turno de oficio especializado.
La pregunta es inevitable: ¿alguien puede creer seriamente que esos medios son suficientes cuando la ciudad debe gestionar la situación de miles de personas?
En el caso de los menores extranjeros no acompañados, el procedimiento no consiste simplemente en trasladarlos a la Península. Antes es necesario proceder a su identificación, determinar su edad cuando existan dudas, documentarlos, garantizar su asistencia jurídica y la intervención de la Fiscalía de Menores y, una vez completados todos los trámites previstos en la legislación, organizar su traslado y posterior distribución entre las distintas comunidades autónomas conforme a los mecanismos establecidos por el Estado. Todo ello exige tiempo, personal especializado y una coordinación constante entre administraciones.
Con los adultos ocurre exactamente lo mismo. Cada caso requiere comprobar su identidad y su situación administrativa, tramitar los correspondientes expedientes y resolver si procede el reconocimiento de protección internacional o, cuando no concurran los requisitos legales para permanecer en España (como es el caso de la gran mayoría de marroquíes), incoar los procedimientos de devolución o, en su caso, de expulsión, de acuerdo con la legislación de extranjería y con los acuerdos internacionales de readmisión aplicables. Solo después pueden ejecutarse los retornos a Marruecos cuando concurran todos los requisitos legales.
Ese es el procedimiento que marca el Estado de derecho. Y precisamente por eso resulta incomprensible que el Gobierno pretenda convencer a los ceutíes de que puede desarrollarse con apenas unos pocos funcionarios de refuerzo. La realidad administrativa es mucho más compleja que un titular o una comparecencia de prensa. Cuando hablamos de miles de expedientes, de miles de identificaciones, de miles de resoluciones y, en su caso, de miles de traslados o retornos, la pregunta no es si la ley debe cumplirse. La pregunta es quién va a hacer ese trabajo y con qué medios.
Porque la ley, por sí sola, no tramita expedientes. No identifica personas. No determina edades. No redacta resoluciones. No organiza traslados. No ejecuta devoluciones ni expulsiones. Todo eso lo hacen funcionarios, policías, guardias civiles, fiscales, jueces, letrados y personal administrativo. Y cuantos más expedientes existan, más recursos humanos serán necesarios.
Si realmente el Gobierno quiere devolver la normalidad a Ceuta, debe abandonar las medidas simbólicas y poner en marcha un auténtico plan de refuerzo extraordinario, con decenas —si no cientos— de profesionales de todas las administraciones implicadas. Solo así podrán cumplirse las leyes con la rapidez, las garantías y la eficacia que exige una situación excepcional.
Mientras ese refuerzo no llegue, será difícil sostener que se está haciendo todo lo posible. Lo que perciben muchos ceutíes es que el Estado sigue respondiendo a una crisis extraordinaria con medios claramente ordinarios. Y esa desproporción explica, mejor que cualquier discurso, por qué la situación continúa enquistada.
