En sanidad, no debería ser una opción
La justificación ofrecida por INGESA sobre el incumplimiento de Tenorio en la incorporación de las nuevas ambulancias no solo resulta débil, sino que abre un precedente preocupante: ¿desde cuándo evitar una interrupción del servicio se convierte en carta blanca para tolerar incumplimientos?
El argumento oficial sostiene que retirar de inmediato los vehículos actuales podría haber dejado sin cobertura el transporte sanitario, y que por ello se ha optado por mantenerlos hasta la llegada de nuevas unidades. A primera vista, puede parecer una decisión pragmática. Pero si se analiza con detenimiento, encierra una peligrosa lógica, la de que el incumplimiento es aceptable siempre que no exista una alternativa inmediata.
Esto plantea una cuestión de fondo que INGESA no responde: ¿significa esto que la empresa adjudicataria puede incumplir sus obligaciones sin consecuencias reales mientras el servicio siga siendo imprescindible? Porque, si es así, el mensaje es demoledor. Se estaría trasladando que las condiciones del contrato son, en la práctica, flexibles para quien presta el servicio, pero rígidas para la administración y, sobre todo, para la ciudadanía que depende de él.
La administración no puede situarse en una disyuntiva tan limitada como la que plantea: o aceptar incumplimientos o arriesgarse a una interrupción del servicio. Esa dicotomía evidencia una falta de previsión alarmante. Precisamente para evitar estos escenarios existen los mecanismos de control, las cláusulas contractuales, los planes de contingencia y, llegado el caso, las sanciones o sustituciones progresivas.
Aceptar que no había alternativa es reconocer, implícitamente, que no se hizo el trabajo previo necesario para garantizar el cumplimiento del contrato. Y eso no es una justificación, sino una responsabilidad.
Pero la cuestión se vuelve aún más inquietante cuando miramos al futuro inmediato. INGESA confía en la llegada de nuevas ambulancias en una fecha concreta. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá si esa fecha no se cumple? ¿Se prolongará indefinidamente esta situación sin consecuencias? ¿Se seguirá apelando al riesgo de interrupción del servicio para justificar nuevos retrasos?
Si no existen medidas claras y plazos firmes acompañados de sanciones efectivas, el escenario es claro…el incumplimiento deja de ser una excepción para convertirse en norma. Y cuando eso ocurre en un servicio esencial como el transporte sanitario, lo que se erosiona no es solo la calidad del servicio, sino la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Garantizar la continuidad del servicio es, sin duda, una prioridad. Pero no puede hacerse a costa de vaciar de contenido las obligaciones contractuales. Porque entonces ya no estamos ante una solución temporal, sino ante la normalización del incumplimiento. Y eso, en sanidad, no debería ser una opción.
A este preocupante argumento se suma otro que, lejos de reforzar la posición de INGESA, la debilita aún más. La institución señala que el contrato incorporaba “exigentes requisitos técnicos y de calidad”, hasta el punto de que únicamente una empresa, Ambulancias Tenorio, concurrió al proceso. Lejos de ser una explicación tranquilizadora, esta afirmación funciona casi como una acusación implícita. Porque si esos requisitos eran tan exigentes que limitaron la concurrencia a un único licitador, y resulta que ese mismo adjudicatario no los cumple, la pregunta es inevitable: ¿se diseñó un pliego que restringía la competencia sin garantizar realmente el cumplimiento posterior?
En otras palabras, no solo estaríamos ante un problema de ejecución del contrato, sino también ante un posible fallo en su concepción. Unos requisitos excesivamente restrictivos pueden haber dejado fuera a otras empresas que sí habrían podido prestar el servicio en condiciones adecuadas. Y lo que es más grave, habrían generado una falsa apariencia de calidad que, en la práctica, no se está materializando.
Cuando la exigencia técnica sirve para reducir la competencia pero no para asegurar el cumplimiento, deja de ser una garantía y se convierte en un problema. Porque limita las opciones de la administración y, al mismo tiempo, debilita su capacidad de reacción ante incumplimientos.
Este escenario refuerza la sensación de que la administración se ha colocado en una posición de dependencia respecto a la empresa adjudicataria: sin alternativas reales en el proceso de licitación y sin margen de maniobra efectivo durante la ejecución del contrato. Y, una vez más, la consecuencia la paga la ciudadanía.
Porque si los requisitos eran realmente tan exigentes, lo mínimo que cabe esperar es que se cumplan. Y si no se cumplen, no basta con explicarlo, hay que actuar. De lo contrario, la exigencia no habrá servido para garantizar un mejor servicio, sino únicamente para justificar un procedimiento que hoy demuestra sus propias debilidades.
Porque la calidad de un servicio público no se mide por lo que se promete en un pliego, sino por lo que efectivamente se cumple en la realidad.
