Seis días para evitar el colapso de Ceuta

El pasado 24 de julio adquiere ahora un significado especial. Ese día, la Delegación del Gobierno en Ceuta puso negro sobre blanco lo que podía ocurrir. No habló de una posibilidad remota ni de una hipótesis descartable. Advirtió al Ministerio de Torres que era “altamente probable” una entrada masiva y llegó a contemplar un escenario de “colapso de todas las administraciones e instituciones”.

También alertó del riesgo grave para los agentes, reclamó refuerzos y planteó medidas concretas para afrontar una eventual avalancha. Faltaban seis días. Seis días para reforzar efectivos. Seis días para preparar instalaciones. Seis días para activar mecanismos de emergencia. Seis días para coordinar a las administraciones. Seis días para hacer todo aquello que después hubo que hacer, cuando el problema ya estaba dentro de Ceuta.

Lo que nadie puede exigir a las autoridades es que hubieran adivinado que la cifra final alcanzaría una magnitud extraordinaria. Lo que sí cabe exigirles es que actuaran ante el riesgo que ya había sido identificado oficialmente. Y ahí está la cuestión que hoy resulta imposible esquivar. El 30 y el 31 de julio, Ceuta sufrió una entrada masiva de una dimensión sin precedentes recientes.

El propio Gobierno acabó situando la cifra en torno a las 80.000 personas, aunque las cifras oficiales han sufrido posteriormente distintas precisiones. Semanas después, el Ejecutivo reconocería oficialmente que aquella entrada había generado una presión inédita sobre el control fronterizo, la atención humanitaria, la acogida y el funcionamiento ordinario de los servicios públicos.

Por eso resulta difícil aceptar que el debate se reduzca ahora a determinar si alguien podía prever exactamente la magnitud de lo ocurrido. No. La pregunta es mucho más sencilla y mucho más incómoda: ¿qué hizo el Gobierno con la advertencia que recibió el 24 de julio? Y hay una segunda pregunta todavía más importante. ¿Por qué ese informe no formaba parte de los documentos que el Gobierno hizo públicos cuando trató de reconstruir la información disponible antes de la crisis?

La respuesta a ambas cuestiones corresponde ahora a la investigación judicial. No nos corresponde anticipar sus conclusiones ni atribuir responsabilidades que todavía deben determinarse. Pero sí corresponde señalar una evidencia: Ceuta avisó. Avisó antes de que llegaran las decenas de miles de personas. Avisó de una posible entrada masiva. Avisó del riesgo de desbordamiento. Avisó del peligro para los agentes. Pidió refuerzos. Propuso medidas. Y, pese a ello, el 30 de julio la ciudad se encontró ante una situación que puso al límite sus capacidades.

La cuestión ya no es si hubo información. La cuestión es qué se hizo con ella. Porque cuando una Administración advierte por escrito de que una situación puede provocar el colapso de las instituciones, esa advertencia no puede convertirse en un papel más en un expediente. Exige respuesta. Exige prevención. Exige medios. Y, sobre todo, exige que alguien asuma la responsabilidad de explicar por qué las medidas necesarias no llegaron antes.

Ceuta no necesita relatos tranquilizadores ni explicaciones retrospectivas. Necesita conocer la verdad. Y si finalmente se demuestra que hubo advertencias suficientes, que llegaron a quienes tenían capacidad para actuar y que, aun así, no se adoptaron todas las medidas necesarias para proteger la frontera, a los agentes y a la propia ciudad, entonces habrá que exigir las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan.

Porque seis días pueden no ser suficientes para impedirlo todo. Pero seis días son demasiado tiempo para ignorar