Sesenta días después

Han pasado sesenta días desde aquel 30 de julio que puso Ceuta patas arriba y aquella “normalidad” que Fernando Grande-Marlaska daba prácticamente por recuperada apenas 48 horas después sigue sin aparecer. Entonces se habló de situación revertida y de recuperación de la normalidad. Dos meses más tarde, miles de migrantes continúan alojados en recursos temporales, otros permanecen en asentamientos y el Gobierno sigue buscando terrenos donde instalar nuevas plazas. Aquellas palabras no solo fueron precipitadas; vistas hoy, resultan difíciles de sostener.

Porque gestionar una emergencia no es lo mismo que resolverla. Durante estas semanas se han levantado carpas, habilitado explanadas y organizado traslados. Pero la actuación del Gobierno ha consistido demasiadas veces en desplazar el problema dentro de Ceuta: del Trampolín al Puerto, de una playa a un recurso y ahora hacia Caballería, mientras aparecen sobre la mesa Guano, K8 o Fuerte Mendizábal. Como en un juego de trileros, las personas cambian de ubicación, pero la crisis continúa encima de la mesa.

Lo verdaderamente preocupante es que han transcurrido dos meses y todavía seguimos hablando de miles de personas pendientes de una solución definitiva. Si el objetivo del Gobierno continúa siendo que regresen a Marruecos quienes legalmente deban hacerlo, los expedientes deberían avanzar a un ritmo acorde con la excepcionalidad que vive Ceuta. Con todas las garantías legales, por supuesto, pero también con todos los funcionarios, policías, intérpretes y medios administrativos que sean necesarios.

Lo que no parece razonable es aceptar que una situación nacida como extraordinaria termine convirtiéndose, por lentitud administrativa, en parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

Y en medio de todo esto llegó probablemente una de las declaraciones más desafortunadas de Marlaska: hablar de una inseguridad “subjetiva”. El ministro puede recurrir a estadísticas y comparar cifras, pero debería medir mejor sus palabras cuando se dirige a una población que lleva semanas conviviendo con una situación excepcional. La seguridad no consiste únicamente en una tabla de delitos. También significa poder utilizar los espacios públicos con tranquilidad, mantener las rutinas habituales y confiar en que las instituciones controlan la situación. Cuando una parte de la ciudadanía manifiesta preocupación, un ministro del Interior debería escucharla antes que explicarle cómo tiene que sentirse.

Ahora Ángel Víctor Torres fija mediados de octubre como horizonte para intentar que las playas estén completamente desalojadas. Es un objetivo necesario y sería una magnífica noticia que se cumpliera. Pero para conseguirlo hacen falta dos cosas muy concretas: liberar plazas mediante retornos y resoluciones de expedientes y, mientras eso ocurre, habilitar capacidad suficiente para sacar de las playas y de las calles a quienes continúan fuera de los recursos. No hay mucho misterio. Lo difícil es ejecutarlo con rapidez.

También existe otra cuestión que el Gobierno no puede eludir: Marruecos. La entrada masiva se produjo desde territorio marroquí y es con Marruecos con quien España debe gestionar buena parte de los retornos. Durante años se nos ha repetido que las relaciones con Rabat atraviesan un momento extraordinario. Pues precisamente ahora es cuando esas relaciones deben demostrar su utilidad. La buena vecindad no puede limitarse a fotografías, reuniones y declaraciones diplomáticas; tiene que traducirse en cooperación efectiva cuando una ciudad española soporta una crisis de estas dimensiones.

Ceuta tampoco puede resignarse a que los campamentos temporales terminen convirtiéndose en una nueva normalidad. Las carpas tienen que servir para atender dignamente a las personas mientras se resuelve su situación, no para aparcar durante meses un problema que nadie sabe cómo terminar. Cada recurso que se abre debería ir acompañado de una estrategia clara para ir cerrándolo. De lo contrario, dentro de unas semanas estaremos hablando de otra explanada, otras quinientas plazas y otro traslado mientras el problema esencial permanece intacto.

Sesenta días son suficientes para exigir algo más. Suficientes para reconocer que aquella normalidad proclamada a las 48 horas no existía. Suficientes para dejar de minimizar la preocupación de los ceutíes. Y suficientes para que el Gobierno de Pedro Sánchez entienda que Ceuta no necesita más anuncios sobre dónde se instalará el próximo campamento, sino una estrategia que permita cerrar los que existen.

La normalidad no consiste en trasladar el problema de una playa a una explanada. Tampoco en decir desde Madrid que la situación está controlada mientras Ceuta continúa viviendo las consecuencias del 30 de julio. La normalidad llegará cuando las playas vuelvan a ser playas, los asentamientos desaparezcan, los recursos extraordinarios comiencen a desmontarse y la ciudad recupere la vida que tenía antes de esta crisis.

Hasta entonces, señor Marlaska, no nos hable de normalidad. Devuélvanla.