Torres, a Ceuta no se le puede pedir que aguante más
Parece que el Gobierno comienza a hablar algo más claro. Y conviene reconocerlo. El ministro de Política Territorial y mando único para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha puesto negro sobre blanco algo que este periódico viene advirtiendo. Que la identificación y la filiación son imprescindibles para poder culminar los expedientes y actuar conforme a derecho. Bien. Es, sin duda, un avance que el discurso oficial abandone las ambigüedades y reconozca que el objetivo debe ser recuperar la normalidad y que, para ello, hay que aplicar la ley.
Pero precisamente porque el ministro ha hablado con claridad, ahora hay que exigirle algo igualmente claro: hechos. Porque la ley no se aplica con declaraciones. Se aplica con funcionarios, policías, medios materiales, instalaciones, expedientes tramitados y decisiones administrativas. Y ahí es donde Ceuta sigue esperando. Si el propio Gobierno reconoce que la filiación es el paso imprescindible para poder determinar quién ha entrado, de dónde procede, si tiene derecho a protección internacional y qué procedimiento corresponde en cada caso, resulta difícil entender que la capacidad de tramitación siga siendo tan limitada. Fuentes policiales sitúan en poco más de 200 los expedientes que los agentes de Extranjería y de Científica de la Policía Nacional pueden tramitar semanalmente procedentes de la avalancha de finales de julio. ¿De verdad se puede hablar de normalización si el cuello de botella que impide precisamente esa normalización continúa existiendo?
No se trata de pedir que se incumpla la ley. Todo lo contrario. Se trata de pedir que el Estado tenga capacidad suficiente para cumplirla. Si hacen falta más agentes, que lleguen ya. Si hacen falta más funcionarios de Extranjería, que lleguen ya. Si hacen falta intérpretes, medios informáticos, espacios adecuados o refuerzos administrativos, que se desplieguen inmediatamente. El propio Gobierno asegura que trabaja en reforzar los equipos humanos y los recursos. Pues que ese refuerzo se traduzca cuanto antes en expedientes resueltos. Porque cada día que pasa sin una respuesta administrativa eficaz prolonga el problema en las calles de Ceuta.
Y tampoco podemos aceptar que la alternativa a una gestión eficaz sea simplemente esperar a que las personas quieran regresar a Marruecos voluntariamente por el Tarajal. El propio Torres ha admitido que, si no se les identifica y no se tramitan sus expedientes, esa es prácticamente la única vía que queda. Pero precisamente ahí está la responsabilidad del Estado: crear las condiciones materiales para que el procedimiento legal pueda hacerse inmediatamente.
En este sentido, Torres ha hecho un llamamiento a la “convivencia pacífica” y ha advertido de que “la violencia nunca es el camino”. Tiene razón. Absolutamente. En Ceuta no sobra ni una palabra a favor de la convivencia. Nuestra ciudad es, precisamente, un ejemplo de convivencia entre culturas y comunidades diferentes y debe seguir siéndolo. Pero conviene no equivocarse de destinatario ni de prioridad.
Después de semanas de tensión, incertidumbre y deterioro de la normalidad, los ceutíes no necesitan que se les recuerde únicamente lo que no deben hacer. Necesitan que el Estado les diga qué va a hacer él. A los ceutíes no hay que pedirles paciencia indefinidamente. Hay que darles soluciones. Hay que darles seguridad.
Hay que devolver los espacios públicos a su función ordinaria. Hay que evitar que las calles, playas y aceras se conviertan en lugares permanentes de alojamiento improvisado. Hay que proteger a los menores y garantizarles una atención digna. Hay que acelerar los procedimientos. Hay que resolver urgentemente los expedientes de quienes soliciten protección internacional y expulsar a todos los marroquíes. Y hay que recuperar cuanto antes una normalidad que el propio Gobierno dice que quiere restablecer. Eso es convivencia.
Porque la convivencia no consiste en pedir a una parte que aguante indefinidamente una situación extraordinaria. La convivencia exige que las instituciones funcionen y que todos los ciudadanos tengan la certeza de que el Estado está presente. Torres ha dicho que “la violencia nunca es el camino”. De acuerdo. Pero tampoco lo es la inacción. Tampoco lo es la burocracia convertida en bloqueo. Tampoco lo es anunciar recursos mientras los expedientes siguen acumulándose. Tampoco lo es trasladar a Ceuta el coste material, social y emocional de una crisis que afecta a la frontera de España y, por tanto, a la frontera de Europa.
El Gobierno ha anunciado 2.000 nuevas plazas y ha reconocido que ya se han habilitado otras 1.800 desde el comienzo de la crisis. Es una respuesta necesaria para evitar que miles de personas permanezcan en la calle, pero el alojamiento por sí solo no resuelve el problema. Ceuta no necesita simplemente que se esconda el problema. Necesita que se resuelva. Y resolverlo significa identificar, tramitar, decidir y expulsar. ¿200 expedientes a la semana? ¡No, hay que ejecutar 2.000 expedientes semanales!
Por eso, las palabras de Torres deben ser bienvenidas, pero no aplaudidas todavía. El momento de valorar su gestión llegará cuando esas palabras se conviertan en resultados. El Gobierno ha dicho que quiere que quienes no tengan derecho a permanecer regresen. Ha dicho que quiere hacerlo conforme a la ley. Ha dicho que va a reforzar los recursos. Ha dicho que quiere recuperar la normalidad. Ahora le toca demostrarlo. Porque hasta ahora, un mes después, no ha demostrado absolutamente nada. Bueno, una cosa sí ha demostrado: su inutilidad.
Porque Ceuta ya ha esperado bastante. Y porque una ciudad que lleva semanas soportando las consecuencias de una crisis de esta magnitud no necesita que le pidan que arrime el hombro una vez más. El hombro lo ha puesto Ceuta. Ahora le toca al Estado poner los medios. ¡Ya!
