Tres meses después de la invasión, ninguna expulsión
La comparecencia del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, para hacer balance de los tres meses transcurridos desde los acontecimientos del 30 y 31 de julio ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que nadie debería intentar ocultar: Ceuta continúa sin recuperar la normalidad y el Gobierno de España sigue sin ofrecer una solución definitiva a una crisis que ha alterado profundamente la vida de la ciudad.
Las palabras de Vivas en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea no han sido una simple valoración política. Han constituido una reclamación directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que asuma sus responsabilidades y deje de aplazar unas decisiones que Ceuta necesita con urgencia.
El presidente ceutí ha sido contundente al señalar al responsable político de esta situación: Pedro Sánchez y el Gobierno de la Nación. Ha denunciado la falta de firmeza frente a Marruecos, la ausencia de una respuesta preventiva suficiente ante las advertencias existentes y, especialmente, el incumplimiento del compromiso adquirido por el propio presidente del Gobierno el pasado 31 de julio, cuando aseguró que se pondrían todos los recursos del Estado al servicio de la recuperación de la normalidad.
Vivas ha vuelto a calificar de invasión lo sucedido durante aquellas jornadas y ha atribuido a Marruecos la preparación, organización y cobertura de una entrada masiva que, según sus manifestaciones, perseguía objetivos que iban mucho más allá de una crisis migratoria. Entre ellos, cuestionar la integridad territorial española, desestabilizar Ceuta y generar incertidumbre entre sus ciudadanos.
Frente a estos acontecimientos, el presidente ha denunciado una actitud del Gobierno central que considera excesivamente complaciente con Marruecos. Una acusación de enorme gravedad que merece explicaciones políticas y, sobre todo, respuestas institucionales. Las relaciones de España con el país vecino son importantes, pero nunca pueden situarse por encima de la defensa de la soberanía nacional, la seguridad fronteriza y los derechos de los ciudadanos españoles.
Lo que no resulta inadmisible es que Ceuta tenga que soportar las consecuencias de una crisis de semejante dimensión mientras las administraciones responsables siguen hablando de soluciones progresivas sin establecer un horizonte concreto.
Uno de los aspectos más preocupantes de la comparecencia de Juan Vivas ha sido la exposición de los indicadores que, según los datos aportados por el presidente, reflejan la presión que continúa soportando la ciudad.
Más de 11.000 plazas de acogida, un incremento de la delincuencia superior al 60 %, un aumento de las intervenciones del 112 del 300 %, un crecimiento del 1.200 % en las incidencias del Puerto y un incremento del 80 % de las enfermedades de declaración obligatoria. A ello se suman las pérdidas económicas que Vivas cifra en un millón de euros diarios para los empresarios.
Son cifras que el Gobierno central debe aclarar, contrastar y abordar con medidas concretas. No pueden despacharse con declaraciones tranquilizadoras ni con anuncios de futuros cierres de instalaciones.
La ciudad necesita recuperar sus espacios, sus servicios públicos, su actividad económica y la tranquilidad de sus familias. Necesita que los ciudadanos vuelvan a sentir que viven en una ciudad segura y que las instituciones tienen capacidad para garantizar sus derechos.
Por eso resulta especialmente acertada la advertencia de Vivas cuando rechaza que la falta de normalidad termine convirtiéndose en la nueva normalidad. Ceuta no puede resignarse a esa situación. Ni sus ciudadanos deben acostumbrarse a vivir bajo una presión extraordinaria que no les corresponde soportar indefinidamente.
La segunda gran exigencia que debe atender el Gobierno es la resolución de la situación administrativa de quienes llegaron a Ceuta durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
Juan Vivas ha reiterado que el Gobierno de la Ciudad continuará exigiendo el retorno de todos aquellos que entraron irregularmente durante aquellas jornadas. Y esa reclamación merece una respuesta clara del Ejecutivo central.
No se trata de formular promesas genéricas ni de limitarse a anunciar que los centros de acogida se desmontarán progresivamente. Se trata de identificar a todas las personas que llegaron, determinar su situación individual y resolver sus expedientes con arreglo a la legislación española y europea.
Quienes no tengan derecho a permanecer en España deben ser objeto de los procedimientos de retorno, devolución o expulsión que correspondan legalmente. Quienes tengan derecho a protección deben recibirla conforme a las garantías establecidas. Y los menores deben contar con la protección y las soluciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico.
La exigencia política de que regresen todos los que llegaron irregularmente no puede convertirse en una actuación colectiva al margen de la ley, pero tampoco puede utilizarse la existencia de garantías jurídicas como excusa para mantener indefinidamente sin resolver una crisis que requiere decisiones.
El Gobierno debe explicar cuántos expedientes están pendientes, qué procedimientos se están aplicando, qué dificultades existen y qué calendario maneja para resolver la situación.
Ceuta necesita respuestas verificables, no declaraciones de buenas intenciones. Ya está bien.
