Cuando la urgencia no llega a Ceuta
Hay silencios, demoras y decisiones que terminan diciendo demasiado. El decreto específico para Ceuta lleva más de 60 días pendiente, paralizado —dicen— mientras se examinan las dudas jurídicas sobre las expulsiones exprés. Sesenta días en los que una cuestión que afecta directamente a la frontera y a la supervivencia de Ceuta sigue sin una solución.
Que una norma de estas características deba contar con todas las garantías jurídicas es incuestionable. Lo que resulta difícil de aceptar es que, una vez más, cuando se trata de Ceuta, la respuesta del Estado parezca avanzar a una velocidad mucho menor. Más de dos meses no son una cuestión menor cuando lo que está en juego es la vida de 85.000 ceutíes que no admite pausas administrativas.
La comparación resulta inevitable. Para aprobar determinados decretos y medidas en materia de vivienda, como el decreto ‘Maricarmen’, sí parece existir urgencia y capacidad para encontrar fórmulas jurídicas. Para Ceuta, en cambio, la respuesta se atasca durante semanas y semanas. No se trata de reclamar atajos al Estado de derecho, sino de preguntarse por qué aquello que para otras políticas puede resolverse con rapidez, requiere para nuestra ciudad una espera indefinida.
Y a esta demora se suma la posición mantenida por el PSOE en el Senado. Dos iniciativas directamente relacionadas con Ceuta han recibido también su rechazo: la reforma de la Ley de Extranjería para extender el rechazo en frontera a los intentos de entrada irregular por vía marítima y la concesión de la Medalla de Oro del Senado a los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda.
Puede haber argumentos jurídicos o políticos para discrepar de cada una de esas iniciativas. Lo que resulta legítimo señalar es el acumulado. Un decreto que lleva más de 60 días frenado y dos votaciones en el Senado en las que el PSOE se ha situado en contra de propuestas vinculadas directamente a Ceuta. Y ese acumulado alimenta una sensación que el Gobierno debería esforzarse en disipar: que Ceuta no está entre sus prioridades.
Porque nuestra ciudad no puede permitirse que sus problemas tras la invasión queden atrapados durante meses en los tiempos de la política madrileña mientras la presión migratoria, las necesidades de los servicios públicos y la preocupación de los ceutíes siguen siendo una realidad cotidiana.
Ceuta no pide privilegios. Pide respuestas. Pide que el Estado ejerza sus competencias y que lo haga con la misma diligencia con la que aborda otros asuntos de su agenda. Más de 60 días son demasiados para seguir esperando. Y dos ‘no’ en el Senado pueden ser dos votaciones parlamentarias, pero, para una ciudad que necesita sentirse respaldada, también son un mensaje político que no debería ignorarse.
Ceuta está cansada de esperar, de ser comprendida en los discursos y olvidada en las decisiones. Porque para algunas cosas siempre hay urgencia. Para Ceuta, sin embargo, parece que siempre hay tiempo.
