La violencia no representa a Ceuta

Hay noticias que llegan para tranquilizar. Y hay noticias que llegan para indignar. En Ceuta, esta semana hemos recibido dos que combinan ambos sentimientos a la vez. El Gobierno de España anunció este jueves, por fin, un refuerzo del dispositivo de extranjería para acelerar la identificación y tramitación de las miles de personas que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Un refuerzo insuficiente a todas luces pero refuerzo al fin y al cabo.

Y este viernes llegaba otro anuncio que Ceuta llevaba semanas reclamando: España solicita a la Comisión Europea el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia Europea para el Asilo para reforzar el triaje, la identificación, la tramitación de expedientes y, llegado el caso, los retornos.

Bienvenidas sean todas estas medidas. Pero llegan tarde. Terriblemente tarde. Porque la pregunta que nadie en el Gobierno parece dispuesto a responder es tan sencilla como demoledora: ¿por qué ahora si? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué el 27 de agosto hay recursos que no estaban disponibles el 1 de agosto? ¿Por qué el 28 de agosto España pide a Europa una ayuda que la Comisión Europea ya había ofrecido hace semanas? ¿Por qué ha tenido que transcurrir prácticamente un mes para que el Estado asuma que una ciudad de poco menos de 20 kilómetros cuadrados no puede afrontar sola una emergencia de esta magnitud?

Ceuta lleva un mes rogando, pidiendo y exigiendo exactamente lo que ahora el Gobierno anuncia como respuesta. Lo han pedido las autoridades de la Ciudad. Lo han pedido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo han reclamado los representantes políticos. Lo ha pedido este periódico. Lo ha reclamado la sociedad ceutí. Lo ha exigido una ciudad que, de repente, tuvo que absorber una presión migratoria extraordinaria, con miles de personas llegadas en apenas horas y con sus servicios, sus calles, sus recursos asistenciales y sus capacidades administrativas sometidos a una tensión desconocida.

Y durante semanas, demasiadas semanas, la respuesta del Gobierno central ha sido lenta, insuficiente y burocrática. Eso no es gestionar una emergencia. Eso es llegar detrás de la emergencia. No cuestionamos que las medidas anunciadas sean necesarias. Al contrario: las consideramos imprescindibles. Lo que cuestionamos es que hayan tardado tanto en llegar. Porque si hoy hacen falta más policías de extranjería, más capacidad de identificación, más medios para el triaje y apoyo europeo, ¿por qué no hacían falta hace tres semanas? Si Frontex, Europol y la Agencia Europea para el Asilo pueden contribuir ahora, ¿por qué Ceuta ha tenido que esperar a que la situación se enquiste para que España solicitara formalmente su ayuda?

La explicación que se nos ofrece resulta difícil de conciliar con la magnitud de lo ocurrido. Y cuando un Estado no es capaz de anticiparse, reaccionar con rapidez ni dotar de medios suficientes a uno de sus territorios ante una crisis de esta dimensión, solo cabe hablar de incompetencia, descoordinación o una combinación de ambas. No hay orgullo institucional que pueda ocultar esta evidencia. Ceuta no pedía privilegios. Pedía Estado. Y el Estado tenía que estar aquí desde el primer día.

Pero existe otra realidad que tampoco podemos ignorar. La frustración acumulada durante estas semanas ha desembocado en episodios violentos que condenamos sin matices. Las imágenes de los últimos días son inaceptables. Los ataques, los destrozos, los incendios, las agresiones y cualquier intento de tomarse la justicia por la mano no pueden encontrar justificación alguna. Y en esto queremos ser absolutamente claros: quienes cometen actos violentos son responsables de sus actos y deben responder ante la ley.

Así lo ha dicho también, con extraordinaria claridad, la Asamblea de Ceuta. La declaración institucional aprobada este viernes por unanimidad considera legítimas las manifestaciones que reclaman el regreso a la normalidad, pero exige que se desarrollen “de manera pacífica y ordenada”. Los grupos políticos han rechazado igualmente cualquier forma de violencia y han advertido de que quienes protagonizan actos vandálicos no representan a los ceutíes.

Suscribimos cada una de esas palabras. Ceuta no es violencia. Ceuta no es odio. Ceuta no es vandalismo. Ceuta es una sociedad que lleva un mes soportando una situación excepcional y que tiene derecho a reclamar seguridad, orden, respuestas y soluciones. Pero precisamente por eso hay que hacer una segunda distinción: una cosa son los culpables de los actos violentos y otra, muy distinta, los responsables políticos de haber permitido que el problema llegara hasta este punto. No se puede atribuir al Gobierno la responsabilidad penal de un incendio, una agresión o un acto vandálico. Eso corresponde exclusivamente a quien los comete. Pero sí debemos exigir responsabilidades políticas a quienes tenían la obligación de actuar antes.

Porque la crispación no aparece de la nada. La crispación crece cuando durante semanas una ciudad siente que está sola. Cuando sus ciudadanos ven campamentos improvisados, cuando contemplan a personas durmiendo en sus calles, cuando perciben que los procedimientos no avanzan, cuando los recursos policiales y asistenciales están sometidos a una presión extraordinaria y cuando las soluciones anunciadas desde Madrid llegan siempre un día más tarde.

Y aquí es donde la responsabilidad del Gobierno de España resulta ineludible. Si los refuerzos que ahora se anuncian hubieran llegado mucho antes, si el triaje se hubiera acelerado desde el principio, si la maquinaria administrativa hubiera funcionado con la urgencia que exigía la situación y si la ayuda europea se hubiera reclamado desde el primer momento, probablemente el nivel de tensión alcanzado en nuestras calles habría sido menor.

No podemos saber con absoluta certeza qué hechos concretos se habrían evitado. Pero sí podemos afirmar algo mucho más sencillo: la inacción prolongada alimenta la desesperación, y la desesperación alimenta la crispación. Quien gobierna tiene la obligación de impedir que una crisis llegue a ese punto. Y eso es precisamente lo que no se ha hecho suficientemente bien. Y lamentablemente, cuando un Gobierno llega tarde a una emergencia, el coste no lo paga el Gobierno. Lo paga la ciudad. Y Ceuta ya ha pagado demasiado.