¡Ya está bien!

Hay que tener muy poca sensibilidad para seguir mirando hacia otro lado mientras en Ceuta se agrede a trabajadores que simplemente intentan ganarse la vida. Dos vigilantes de seguridad han sido víctimas de la violencia en los campamentos de inmigrantes y uno de ellos ha terminado en el hospital. ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno reaccione de una vez? Estos profesionales no salen de sus casas para acabar siendo agredidos.

Salen para trabajar, para llevar un sueldo a sus familias y para cumplir con una responsabilidad que, visto lo visto, cada día resulta más peligrosa. Y lo preocupante es que mañana puede ser otro vigilante, un sanitario o cualquier otro trabajador. ¿Vamos a esperar a que ocurra una desgracia mayor?

Aquí hay un responsable político al que hay que exigirle explicaciones, y es el Gobierno de España. Porque Pedro Sánchez y sus ministros llevan casi tres meses sin ofrecer una solución definitiva a lo que comenzó aquel fatídico 30 de julio. Aquel día Ceuta perdió una tranquilidad que todavía no ha recuperado. Y mientras en Madrid se habla de gestión y de medidas extraordinarias, aquí seguimos con campamentos, altercados, inseguridad y miles de personas pendientes de una solución. Eso sí, para trasladar inmigrantes de una explanada a otra parece que siempre hay recursos. Para resolver de verdad el problema, nunca llega el momento. Y los ceutíes, mientras tanto, siguen esperando respuestas.

Y vamos a decirlo con toda claridad. Quien llega a España y agrede a una persona que está trabajando debe asumir las consecuencias de sus actos. Si se trata de un ciudadano extranjero y legalmente procede su expulsión, esta debe tramitarse con la máxima rapidez. Sin demoras innecesarias y sin convertir los procedimientos administrativos en una excusa para retrasar las decisiones.

Porque una cosa es respetar los derechos de las personas y otra muy distinta dejar desprotegidos a quienes están haciendo su trabajo. Bastante tienen ya los vigilantes con afrontar situaciones de tensión como para verse obligados a reclamar cascos, chalecos y otros medios de protección para evitar acabar en urgencias durante una intervención.

Lo que más indigna es pensar en las familias de esos trabajadores. En esa llamada que nadie quiere recibir. En esa mujer, ese marido, esa madre o ese padre que se entera de que su familiar ha acabado en el hospital por intentar poner orden en un campamento. ¿Quién les explica que esto forma parte de su trabajo? ¿Quién les garantiza que mañana no volverá a suceder? Desde luego, no basta con unas palabras de condena ni con prometer que se estudiarán nuevas medidas. La seguridad de los trabajadores no se negocia y su integridad física no puede ser el precio de una gestión política que está dejando mucho que desear. Ya está bien de que las consecuencias de las decisiones tomadas desde Madrid terminen recayendo sobre quienes están cada día sobre el terreno.

Y mientras todo esto ocurre, Sánchez sigue sin devolverle a Ceuta la normalidad que perdió el 30 de julio. No queremos más soluciones provisionales, más campamentos ni más traslados que no resuelven el problema de fondo. Queremos que se agilicen los retornos y las expulsiones que correspondan conforme a la ley, que se proteja a los trabajadores y que esta ciudad deje de vivir en una situación excepcional. Ceuta no tiene por qué seguir soportando indefinidamente las consecuencias de una crisis que el Gobierno central no ha sabido resolver. Los vigilantes no tienen por qué poner en riesgo su integridad física para cobrar a final de mes y los ceutíes no tienen por qué resignarse a que todo siga igual. Casi tres meses deberían haber sido suficientes para adoptar decisiones eficaces. Y si el Gobierno todavía no tiene una solución, al menos debería reconocer que Ceuta necesita mucho más de lo que está recibiendo.