16 apellidos marroquíes

En un artículo de enero del año pasado, publicado en El Pueblo de Ceuta, representantes de la administración educativa y de un sindicato afín afirmaban que la segregación escolar por criterios sociales y económicos no existía en

Ceuta. No todos los representantes sindicales pensaban igual. Alguno sostenía que en Ceuta las familias de clase media alta y alta envían a sus niñas y niños a la escuela concertada, quedando los centros educativos públicos para el

alumnado de clase media y media baja, en su mayoría de cultura árabe-musulmana. Lo expreso así porque he conocido pocas personas con sentimiento o identidad hispano-musulmana; que suele coincidir con ceutíes que tiene algún

progenitor o antepasado español o española no musulmán. Los matrimonios mixtos se dan mayoritariamente entre ceutíes musulmanes y marroquíes.

Cuando llegué a Ceuta hace cinco cursos, me sorprendió que el 85% de mi alumnado de un instituto público estuviera conformado por chicos y chicas con nombres y apellidos musulmanes. Hoy en día ya son el cien por ciento

del grupo y el dariya ha emergido en clase con la naturalidad de ser la primera lengua de mi alumnado. Como no sé dariya, he empezado a sentirme extraña en mi propia aula.

Esta situación me ha hecho reflexionar sobre la concertación en el ámbito escolar. ¿Qué dice la investigación educativa al respecto? El estudio de Adrián Zancajo, Antoni Verger y Clara Fontdevila sobre “La educación concertada

en España: Reformas en clave de equidad desde una perspectiva internacional”, de la Fundación Jaume Bofill, 2022, concluye que existen importantes diferencias en el perfil socioeconómico del alumnado matriculado en centros públicos y concertados. Los centros públicos escolarizan un porcentaje de alumnado de bajo nivel socioeconómico 2,2 veces superior que los centros concertados, y 1.6 veces más de alumnado de origen inmigrante. Este informe destaca que en el caso de España existe todavía un destacado margen de mejora en la regulación del sector concertado en clave de equidad; por ejemplo, estableciendo requisitos para la autorización y renovación de conciertos relativos a la corresponsabilidad en la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido, incluyendo la gratuidad efectiva del servicio educativo. Es necesario que las administraciones públicas supervisen y evalúen la distribución equilibrada del alumnado según sus características socioeconómicas y educativas. Fenómenos como la selección encubierta de alumnado, el cobro de cuotas de escolarización, la omisión de información respecto al carácter voluntario de los pagos de actividades complementarias o para fundaciones son prácticas habituales que se hallan en la raíz de las dinámicas de segregación escolar. Este informe sugiere centralizar la gestión del proceso de selección escolar para evitar esta práctica de selección encubierta.

En cuanto a la selección del profesorado, hay compañeras del gremio que opinan que, al ser centros subvencionados por el Estado, sus plazas docentes deberían salir a bolsa o a concurso-oposición, junto con las de la

educación pública; es decir, este proceso centralizado también podría ser conveniente para la selección del profesorado y, de paso, para la evaluación del alumnado. Con estas medidas se podría reducir la segregación escolar, aumentar los niveles de “meritocracia”, la objetividad de las calificaciones de nuestro alumnado y el bienestar emocional del profesorado. Pongo entre comillas lo de meritocracia porque creo insuficiente aprobar una plaza mediante oposición para garantizar la calidad de la enseñanza. Considero que habría que avanzar hacia una política de gestión de recursos humanos en el sistema educativo que permita asignar a los funcionarios docentes a puestos y funciones específicas en función de su especialización, de su currículo y de sus competencias demostradas en el aula y en los equipos educativos.

Si abogamos por la diversidad dentro del aula y del centro educativo, también es necesario diversificar las funciones de nuestro profesorado e incorporar nuevos perfiles profesionales de ámbitos como la psicología, la sanidad, la educación social, los oficios, el arte...

Es innegable que la escuela concertada crea un entorno de privilegio social hacia los hijos de clase media-alta, evitándoles el “molesto” contacto con cierto alumnado disruptivo que procede, con mayor probabilidad, de entornos o

familias desestructuradas. Estas familias eligen la escuela concertada porque entienden que la presencia dentro del aula de alumnado disruptivo de conducta y con bajo nivel académico puede producir un perjuicio manifiesto en la educación de sus hijos. De hecho, reconocidos sociólogos de la educación como Julio Carabaña defienden que es más eficiente, desde el punto de vista educativo, no dispersar al alumnado repetidor o de bajo nivel académico entre los diferentes grupos sino, al contrario, concentrarlos, para ajustar los contenidos y los métodos a un colectivo homogéneo, aunando así esfuerzos y recursos específicos, ya que parece demostrado que la desigualdad en los resultados académicos proviene más de situaciones socioeconómicas similares que de sus compañeras o compañeros de aula. Querer trabajar dentro del mismo aula con alumnado con diferentes capacidades, motivaciones e intereses, aunque se cuente con profesional de apoyo y materiales adaptados, no parece que esté funcionando si nos atenemos a la eficiencia educativa y al ambiente de trabajo. Muchos son los docentes que consideran que esa idea “progresista”, pero tremendamente ineficaz, de entender la educación “igualitaria” ha sido nefasta para la Educación Secundaria Obligatoria y, por extensión, para los niveles educativos superiores; es decir, UNA ESO sin S.