A 80 metros de la realidad

Hay momentos en política en los que una fotografía vale más que cien discursos. Y la visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a Ceuta ha dejado una imagen difícil de olvidar: mientras la ministra atendía a los medios en la Plaza de los Reyes, a apenas unos 80 metros, la Jefatura Superior de la Policía Nacional estaba rodeada por menores migrantes que esperaban ser identificados.

Ochenta metros.

Esa es la distancia que separaba a la ministra de la realidad que había venido a gestionar.

No estamos hablando de un problema al otro lado de la ciudad. No estamos hablando de una situación difícil de localizar. No estamos hablando de información que no hubiera llegado a los despachos. La realidad estaba literalmente a la vuelta de la esquina. Y, sin embargo, la ministra no estuvo allí.

Lo verdaderamente indignante no es solamente que no se acercara. Lo preocupante es lo que representa esa ausencia: la enorme distancia que existe entre el discurso institucional y la realidad que los ceutíes llevan días soportando.

Desde Madrid se habla de «normalidad». Desde Ceuta se ven calles desbordadas, policías trabajando al límite y ciudadanos que reclaman respuestas. Desde los despachos se habla de protocolos. En la calle se pregunta cuándo se va a identificar y atender a todos los menores.

Y mientras tanto, una ministra responsable precisamente de las políticas de infancia responde ante las cámaras que la situación «ya se está controlando». ¿Controlando?

Que se lo pregunten a los agentes que tienen que afrontar la situación sobre el terreno. Que se lo pregunten a los trabajadores de los servicios sociales. Que se lo pregunten a las familias que han visto alterada su vida cotidiana. Y, por supuesto, que se lo pregunten también a los propios menores que permanecen durante horas en la vía pública esperando una respuesta de las administraciones.

Porque aquí hay una contradicción que ya resulta imposible de esconder.

Si la situación está controlada, ¿por qué las instituciones siguen necesitando reforzar los dispositivos de identificación y atención?

Si existe normalidad, ¿por qué la Policía tiene que afrontar semejante concentración de menores y adultos?

Si todo funciona correctamente, ¿por qué los ciudadanos tienen la sensación de que el Estado llega siempre después de que el problema haya estallado?

Y hay una pregunta todavía más incómoda: ¿Cómo puede una ministra de Infancia visitar Ceuta durante una crisis que afecta directamente a menores y no acercarse al lugar donde esos menores están esperando ser atendidos?

No se trata de pedir una fotografía.Se trata de pedir responsabilidad.

Una ministra no está obligada a solucionar personalmente una crisis. Pero sí está obligada a conocerla de primera mano, a escuchar a quienes están trabajando sobre el terreno y a mirar a los ojos a quienes sufren las consecuencias de las decisiones —o de la falta de decisiones— de las administraciones.

Ceuta no necesita representantes que vengan a explicar desde un despacho que todo está controlado.

Necesita representantes que se acerquen donde está el problema. Y el problema estaba a 80 metros.

Tampoco se puede utilizar a los menores como argumento para silenciar a los ceutíes. Los menores necesitan protección, atención y dignidad. Eso no admite discusión. Pero precisamente porque son menores, resulta todavía más incomprensible que una situación de desbordamiento pueda prolongarse sin una respuesta inmediata y eficaz.

Proteger a los menores y proteger a los ciudadanos no son objetivos enfrentados, es obligación del Estado hacer ambas cosas.

Lo que no puede hacerse es pedir a Ceuta paciencia infinita mientras las administraciones se pasan la responsabilidad de unas a otras y están de vacaciones. No puede pedirse a una ciudad fronteriza que absorba cada crisis migratoria como si fuera un problema exclusivamente suyo. Ceuta es frontera de España.Y cuando una frontera española se desborda, el Estado no puede aparecer solamente para anunciar recursos, emitir comunicados o tranquilizar a la opinión pública.

Tiene que estar allí con policías, con medios, con traductores, con servicios de protección infantil, con capacidad de identificación, con recursos de acogida, con traslados efectivos. Y, sobre todo, con autoridad y decisión. Porque una cosa es la solidaridad y otra muy distinta el abandono.

Los ceutíes han demostrado durante años que saben convivir. Han demostrado que una ciudad pequeña puede ser un ejemplo de convivencia entre culturas y religiones. Precisamente por eso merecen que nadie convierta sus problemas cotidianos en una disputa partidista.

Pero también merecen algo mucho más sencillo: que se les diga la verdad. Si existe una emergencia, dígase. Si hacen falta más recursos, envíense. Si los mecanismos actuales no funcionan, cámbiense. Y si todavía no se ha recuperado la normalidad, no se obligue a los ceutíes a fingir que sí.

Porque hay una diferencia enorme entre gobernar una crisis y administrar el relato de una crisis. Lo primero exige estar donde están los problemas. Lo segundo permite quedarse a 80 metros.

Y quizá esa sea la imagen que debería quedar de esta visita ministerial: una ministra hablando de la situación mientras la situación estaba literalmente a sus espaldas.

Ochenta metros no son una distancia geográfica, son una metáfora, son la distancia entre el despacho y la calle, entre el discurso y los hechos, entre decir que se controla la situación y demostrar que se controla, entre visitar Ceuta y estar con Ceuta.

Los ceutíes no necesitan que desde Madrid les expliquen que deben sentirse tranquilos, necesitan que quienes tienen responsabilidades de Estado estén a la altura cuando llegan los problemas.

Porque Ceuta no puede ser española únicamente para las fotografías institucionales, tiene que ser española también cuando necesita que el Estado aparezca, dé la cara y actúe. Y esta vez, una vez más, mientras la realidad estaba a 80 metros, la respuesta se quedó demasiado lejos.