OPINIÓN
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El agua en Ceuta es un tema candente hoy día. Cientos de personas se quejan de las desorbitadas facturas de agua que deben pagar bimestralmente para seguir gozando de un bien básico esencial, un derecho fundamental e inalienable como es el agua. Algunos pensarán que esto se debe a una mala gestión de ella, a un consumo excesivo, y aconsejarán utilizarla con cabeza y responsabilidad. Pero la realidad, en este caso, es bien distinta.
Es cierto que hay casas con familias numerosas o unidades de convivencia grandes y que el consumo puede llegar a ser mayor que las del resto, sin embargo, existe la constancia de fallos sistémicos en los servicios públicos esenciales, fallos que deben ser tenidos en cuenta, estudiados y solucionados en la mayor brevedad posible.
FACUA revelaba en un informe de 2023 que Ceuta es una de las ciudades con la factura más elevada de España en casi todos los escenarios de consumo analizados. Es decir, los ceutíes somos los que más pagamos por agua en toda España y que la variación de precios puede superar el 470% según la ciudad de residencia.
La empresa municipal ACEMSA, empresa siempre objeto de crítica por la falta de transparencia en su gestión, es la encargada del suministro de agua en la ciudad y depende, en gran medida, de la desaladora o desalinizadora y, en menor medida, de los embalses del Infierno y el Renegado. La misma empresa informó en febrero de 2026 que estos embalses se encontraban llenos a casi el 90% y que no había necesidad de desalar gracias a la ingente cantidad de lluvia que ha caído en la ciudad desde el mes de diciembre, medida que supondría el ahorro de cerca de un millón de euros, lo que nos lleva a pensar que estas facturas no tienen ningún sentido.
¿Es normal que una familia de tres integrantes pague 300 euros de factura bimestral cuando tiene un consumo normal? Claro que no. ¡Ni que tuvieran una piscina en el salón! Cuando se contacta con la empresa municipal no se consigue nada: supuestamente envían a sus trabajadores, revisan la situación y determinan que todo está correcto. Y digo supuestamente porque, en algunos casos, esa revisión nunca se ha dado. En definitiva, llega la factura siguiente y todo sigue igual, otra locura de cuota. Por lo que, si no hay nada que hacer, la familia se rinde y se ve obligada a pagar lo que corresponde.
Y aquí es donde reside el problema: las familias se dan por vencidas, asumen lo que tienen que pagar y callan, con tal de no tener problemas en el suministro. El Ejecutivo local, en vez de asumir su responsabilidad y mediar con la empresa municipal para que mejore y actualice su gestión, toma estas críticas legítimas como ofensas y se agarra a unas bonificaciones insignificantes que ellos defienden “excelentes para el ahorro y el bolsillo del contribuyente”, cuando lo cierto es que no, el impacto que tienen es ínfimo, pues solo afectan a la cuota fija, que esta es otra. Además de esta cuota fija, hay una ingente cantidad de tasas que abultan el precio sobremanera y marean al ciudadano por la palabrería técnica utilizada.
Vamos a ser honestos con la ciudadanía, el trabajo del Ejecutivo local es ayudar a los vecinos y vecinas de nuestras barriadas, hacerle la vida más fácil, no dificultarla aún más.
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