Altura de miras ante la aprobación del convenio de Servilimpce
COLABORACIÓN
La política municipal tiene entre sus principales responsabilidades la de garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos y el bienestar de las personas que lo hacen posible, por ello en este marco, resulta oportuno reflexionar sobre la próxima aprobación del convenio colectivo de Servilimpce en el consejo de administración de la empresa.
Servilimpce es una empresa pública que presta un servicio esencial para la ciudad, detrás de su labor diaria hay cerca de 600 trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos padres y madres de familia, que llevan más de dos años esperando que se culmine un proceso de negociación ya finalizado. El convenio colectivo ha sido acordado y firmado tanto por la empresa como por la representación social, quedando únicamente pendiente su aprobación formal. Este último trámite, aunque necesario, no debería convertirse en un espacio de confrontación política. Las diferencias ideológicas y los debates sobre la gestión municipal forman parte del normal funcionamiento democrático, pero conviene recordar que determinadas decisiones tienen un impacto directo y concreto en la vida de muchas familias ceutíes.
La oposición cumple un papel fundamental y legítimo en la vida política de la ciudad: fiscalizar, proponer y discrepar cuando lo considere oportuno, no obstante, también es importante que, en cuestiones que afectan directamente a las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, se actúe con sensibilidad social y sentido institucional.
La aprobación de este convenio colectivo supondría un paso adelante para dotar de estabilidad y mejoras laborales a una plantilla que ha demostrado su compromiso con la ciudad y retrasar ese avance solo prolongaría una espera que ya se ha extendido durante demasiado tiempo, dos años.
Para terminar, decir que Ceuta necesita decisiones serenas, constructivas y pensadas en el interés general y la aprobación del convenio de Servilimpce puede y debe entenderse como un gesto de responsabilidad compartida, en el que prime el bienestar de las personas y el buen funcionamiento de los servicios públicos por encima de cualquier otra consideración.
