Ceuta 2025: Un año de récords estadísticos y fracasos políticos estructurales

. El balance de 2024 en Ceuta revela una paradoja inquietante: mientras las estadísticas de empleo alcanzan cifras históricas, la ciudad autónoma sigue atrapada en los mismos problemas que la han lastrado durante décadas. La gestión reactiva predominó sobre la planificación estratégica, dejando sin resolver las cuestiones fundamentales que determinan el futuro de la ciudad.

La crisis migratoria: previsible pero no prevista

Que Ceuta atendiera a 867 menores extranjeros no acompañados en 2024, un incremento del 261% respecto al año anterior, no debería haber sorprendido a nadie. La ciudad lleva años siendo puerta de entrada irregular desde el norte de África, y las condiciones geopolíticas no han cambiado. Lo verdaderamente preocupante no son las cifras, sino la ausencia de preparación.

El presidente Juan Vivas multiplicó durante meses las declaraciones sobre la "situación insostenible" y la necesidad de "solidaridad nacional", pero cabe preguntarse: ¿dónde estaba el plan de contingencia? ¿Por qué se permitió que el sistema triplicara su capacidad en agosto, con 406 menores hacinados, antes de declarar la emergencia? La gestión de crisis no puede consistir únicamente en solicitar ayuda a Madrid cuando el problema ya es inmanejable.

Las negociaciones con el PP nacional para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería fracasaron en diciembre, pero el Gobierno ceutí no presentó alternativas realistas ni exploró fórmulas intermedias como acuerdos bilaterales con comunidades específicas. La estrategia se limitó a esperar un pacto nacional que, previsiblemente, chocó con los cálculos electorales de las autonomías del PP. Esa falta de pragmatismo político dejó a Ceuta en la casilla de salida.

Empleo: la trampa del dinero público

Los datos laborales que el Gobierno local celebró como históricos esconden una realidad preocupante. Es cierto que 4.500 personas más encontraron trabajo en 2024 (crecimiento del 17,18%) y que la tasa de empleo alcanzó el 45,93%, pero analizar estas cifras sin contexto es autoengaño.

El 52,31% de los trabajadores ceutíes depende del sector público. Más de la mitad. Esta concentración convierte a la ciudad en un ecosistema económico artificial, sostenido por transferencias del Estado y vulnerable a cualquier cambio en las políticas de gasto público. Mientras tanto, el sector privado se desangra: la contratación indefinida cayó un 22,5% respecto a 2022 y un 12,39% respecto a 2023.

¿Dónde está la estrategia para diversificar la economía? ¿Qué medidas se están tomando para atraer inversión privada, fomentar el emprendimiento local o desarrollar sectores con potencial como el turismo, la logística portuaria o las energías renovables? La inversión pública creció un 300%, hasta 87,478 millones de euros, pero este dinero se gastó fundamentalmente en mantener la maquinaria administrativa, no en transformar el tejido productivo.

El Plan de Empleo 2024-2025, con 11,789 millones de euros para crear 455 contratos temporales de diez meses, representa perfectamente este enfoque miope. Se aprobó en diciembre, demasiado tarde para ayudar a quienes pasaron desempleados la mayor parte del año, y ofrece únicamente soluciones temporales. Contratos de diez meses no construyen carreras profesionales ni fomentan la estabilidad laboral que necesitan las familias. Son parches, no políticas estructurales.

Gobierno sin mayoría, políticas sin rumbo

Juan Vivas gobierna con nueve de veinticinco escaños desde junio de 2023, dependiendo de la abstención de PSOE y Vox. Esta fragilidad parlamentaria podría justificar la falta de ambición legislativa, pero no la ausencia de visión. Un gobierno en minoría puede ser proactivo, buscar consensos amplios en temas fundamentales y construir coaliciones temáticas. Lo que no puede ser es un gestor administrativo sin proyecto político.

La crisis interna de Vox, con las salidas de Carlos Verdejo y Teresa López en noviembre por desavenencias con el líder regional, tampoco fue aprovechada. Dos diputados descontentos con su partido representaban una oportunidad para construir puentes y estabilizar el gobierno con acuerdos puntuales. En cambio, el PP dejó que la situación se enquistara hasta que ambos terminaron como no adscritos en 2025.

El dilema democrático de los no adscritos: ¿gobernabilidad o usurpación?

La configuración política más polémica de 2025 quedó clara en diciembre, cuando el Gobierno aprobó los Presupuestos de 2026 con trece votos: los nueve del PP más cuatro diputados no adscritos. Ningún grupo de la oposición respaldó las cuentas. PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya! votaron en contra. El Ejecutivo de Vivas logró sacar adelante 424 millones de euros sin consensuar nada con ninguna formación política representada en la Asamblea.

Los cuatro diputados que salvaron los presupuestos tienen algo en común: todos abandonaron los partidos con los que fueron elegidos. Tres de ellos (Navil Rahal, Fidda Mustafa y Hikma Mohamed) eran del PSOE; Teresa López, de Vox. A finales de diciembre se sumaron Mohamed Alí Duas, quien dejó MDyC tras su detención en la Operación Hades, y el propio Carlos Verdejo, que formalizó su salida de Vox. La Asamblea arranca 2026 con seis diputados no adscritos, casi uno de cada cuatro parlamentarios, más que cualquier grupo de oposición.

¿Es esto legítimo? Jurídicamente sí: el Reglamento de la Asamblea contempla esta figura. Pero la legitimidad política es otra cuestión. El portavoz socialista Sebastián Guerrero lo expresó sin eufemismos durante el debate presupuestario: el Gobierno "podía haberse sentado a debatir y acordar con los partidos democráticos, como el Partido Socialista, o podía hacer lo que ha decidido hacer, apoyarse en los que no representan a quienes le votaron, usurpando la voluntad de los ceutíes que no le dieron la mayoría absoluta".

El argumento socialista tiene peso: esos seis diputados fueron elegidos bajo las siglas de otros partidos. Los votantes que les dieron su acta esperaban que representaran los programas del PSOE, Vox o MDyC, no que actuaran como soporte individual del PP. Cuando un diputado abandona su grupo, ¿a quién representa? ¿A sí mismo? ¿A sus votantes originales? ¿O simplemente se convierte en pieza de un tablero en el que el Gobierno puede construir mayorías sin ofrecer contraprestaciones programáticas?

Vivas defendió esta estrategia con pragmatismo: "La prioridad es la gobernabilidad". La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, fue más lejos, calificando a los no adscritos como "el club de los sensatos" y agradeciéndoles "ser valientes" frente a las presiones. Pero este argumento tiene un problema de fondo: confunde gobernabilidad con gobierno sin control.

La gobernabilidad en democracia requiere negociación, cesiones mutuas, compromisos programáticos. Cuando el Gobierno aprueba presupuestos sin incorporar ni una sola enmienda de la oposición (rechazó todas las del PSOE, que sumaban 20,7 millones, y todas las de MDyC), no está gobernando mediante consensos sino mediante la aritmética más simple: nueve más cuatro igual a trece. Mayoría absoluta. Sin diálogo.

El resultado es un Ejecutivo que gobierna sin rendir cuentas a ningún proyecto político alternativo. Los no adscritos no exigen programas específicos ni controlan la acción del Gobierno: simplemente votan a favor. No hay condiciones, no hay contraprestaciones públicas, no hay pactos visibles que permitan a los ciudadanos entender qué están obteniendo a cambio de ese respaldo. Es, en palabras del PSOE, "mercadear con la democracia".

Y surge otra pregunta incómoda: ¿qué pasará cuando alguno de estos diputados necesite algo de la Ciudad? Un familiar con un contrato, una subvención para una asociación cercana, un nombramiento, una licencia administrativa... La opacidad de estos acuerdos informales abre la puerta a suspicacias legítimas sobre clientelismo y favores ocultos. Sin pactos públicos ni compromisos programáticos verificables, cualquier cosa es posible.

Históricamente, Ceuta ya vivió una situación similar entre 2001 y 2003, cuando trece diputados permanecieron como no adscritos. Aquello terminó siendo recordado como una época de inestabilidad política y dudosas prácticas parlamentarias. Que la ciudad vuelva a este modelo dos décadas después no es señal de madurez democrática, sino de fracaso en la construcción de consensos.

Lo más preocupante es que el Gobierno parece preferir esta situación a negociar con partidos. Vivas ha dejado claro que no distingue entre apoyos: "Hay personas que contribuyen a que haya gobernabilidad, los del PP y otras personas", dijo, sin diferenciar entre diputados elegidos en listas del PP y tránsfugas de otros partidos.

Esta comodidad es comprensible desde el punto de vista táctico: negociar con el PSOE obligaría a ceder en vivienda social, políticas contra la pobreza infantil o planes de empleo juvenil; con Vox, en recortes de gasto social; con MDyC, en políticas de integración comunitaria. Los no adscritos, en cambio, votan sin condiciones públicas. Son el apoyo perfecto: silencioso, sin exigencias programáticas y sin capacidad de generar oposición orgánica.

Pero esa comodidad tiene un precio democrático alto. Una ciudad en la que el Gobierno puede aprobar cualquier cosa con votos de diputados sin proyecto político propio es una ciudad sin contrapesos efectivos. La oposición puede denunciar, criticar, proponer... pero todo queda en ruido de fondo si el Ejecutivo tiene trece votos automáticos para cualquier votación.

El caso de Vox es especialmente sintomático: pasó de cinco diputados en 2023 a tres efectivos a finales de 2024, tras la salida de Verdejo y López. Perdió el 40% de su representación no por decisión de los votantes, sino por conflictos internos. Los ceutíes que votaron a Vox esperando una oposición dura al Gobierno de Vivas se encuentran con que dos de sus cinco diputados terminaron respaldando los presupuestos del PP.

La descomposición del PSOE es igualmente grave: de seis escaños originales en 2023 a solo tres fieles al partido en 2025. La mitad de la representación socialista votó en contra de su propio grupo y a favor del PP. Esto no es solo un problema del PSOE; es un problema de representación democrática en Ceuta.

La pregunta que debe hacerse la ciudad es: ¿merece la pena esta "gobernabilidad" si el precio es vaciar de contenido la representación política? Porque lo que está ocurriendo no es que el Gobierno negocie ampliamente para construir mayorías cambiantes según cada tema, sino que ha encontrado una mayoría estable de conveniencia, formada por diputados sin proyecto común, sin control público y sin responsabilidad ante programa electoral alguno.

Vivas tiene razón en algo: el bloqueo institucional sería peor. Una ciudad sin presupuestos es ingobernable. Pero entre el bloqueo total y la mayoría automática sin contrapesos hay un amplio espacio de democracia negociada que el Gobierno de Ceuta decidió no explorar en 2025.

Relación con Madrid: más anuncios que logros

El ministro Ángel Víctor Torres visitó Ceuta en abril prometiendo continuidad del Plan Integral hasta 2030, recuperación de bonificaciones de Seguridad Social y mejoras en infraestructuras. Los anuncios fueron bien recibidos, pero conviene revisar la ejecución.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinó 96 millones a Ceuta entre 2021 y 2025. ¿En qué proyectos concretos? ¿Qué impacto tienen sobre la economía real? ¿Por qué no se publican memorias detalladas de ejecución que permitan a los ciudadanos evaluar el retorno de estas inversiones? La opacidad en la gestión de fondos europeos es especialmente problemática cuando se celebran cifras millonarias sin mostrar resultados tangibles.

La mejora de la carretera 352, con cuatro millones de inversión, era necesaria pero insuficiente. Ceuta necesita infraestructuras del siglo XXI: conexión digital de alta velocidad, modernización portuaria para convertirse en hub logístico, infraestructuras turísticas que aprovechen su patrimonio histórico y natural. Las inversiones en infraestructuras deben ser estratégicas, no meramente paliativas.

Lo que no se hizo

Quizá lo más revelador de 2025 sea la lista de asuntos que ni siquiera entraron en la agenda política:

Diversificación económica real: No hubo planes para atraer empresas tecnológicas, desarrollar la economía azul aprovechando la posición marítima, ni impulsar el turismo cultural y de naturaleza.

Reforma educativa: Con una tasa de abandono escolar superior a la media nacional, no se plantearon programas ambiciosos de refuerzo educativo, orientación profesional o conexión entre formación y mercado laboral.

Vivienda: Aunque las compraventas crecieron un 25%, no se abordó el problema de accesibilidad para jóvenes ni se impulsó vivienda pública de nueva construcción.

Transición energética: Ceuta podría ser laboratorio de energías renovables, aprovechando sol y viento. Nada se hizo en este sentido.

Sociedad civil: No se fomentó el asociacionismo, el voluntariado o la participación ciudadana en la toma de decisiones más allá de las instituciones.

El coste de la inacción

Los números pueden maquillarse temporalmente con dinero público, pero los problemas estructurales de Ceuta no se resuelven con planes de empleo temporales ni con discursos victimistas sobre la falta de solidaridad nacional. Requieren liderazgo valiente, planificación a largo plazo, consensos políticos amplios y, sobre todo, voluntad de transformación.

Ceuta tiene potencial: su posición geográfica, su riqueza cultural, su historia como punto de encuentro entre continentes. Pero ese potencial no se desarrolla solo. Necesita políticas audaces, inversión inteligente y gobernantes que piensen más allá del siguiente ciclo electoral.

El fracaso de 2025 no fue que llegaran 867 menores migrantes. Fue que se les recibió sin plan. El fracaso no fue que el 52% de los trabajadores dependan del sector público. Es que nadie está trabajando seriamente para cambiar esa realidad. El fracaso no fue la falta de mayoría parlamentaria. Fue la ausencia de ambición política.

Si 2025 repite esta dinámica de gestión reactiva sin visión transformadora, las estadísticas positivas de empleo serán un espejismo y Ceuta seguirá atrapada en un modelo económico insostenible y en una crisis migratoria permanente que ningún gobierno nacional resolverá por ella.

La pregunta no es si Ceuta puede cambiar. Es si sus líderes quieren que cambie.