Ceuta ante la crisis: cuidar a quienes viven aquí

Este verano ha dejado imágenes y experiencias que permanecerán mucho tiempo en la memoria colectiva de Ceuta. Incendios devastadores en distintos territorios de España, terremotos en Venezuela y Colombia, y una crisis fronteriza con vulneración de nuestra integridad territorial, que ha situado de nuevo a nuestra ciudad ante una realidad compleja, exigente y profundamente humana.

Como médico y como cooperante humanitario desde los primeros momentos de los sucesos, y desde mi responsabilidad asistencial y epidemiológica sea en el INGESA, en la Cruz Roja, como reservista, o en el equipo START de la AECID, he aprendido que toda emergencia tiene dos dimensiones inseparables: la respuesta inmediata y las consecuencias que persisten cuando desaparecen los titulares. Ceuta afronta ambas.

La entrada masiva e irregular de personas por nuestra frontera ha generado una presión objetiva sobre los recursos de acogida, los dispositivos de seguridad, los servicios sociales y el sistema sanitario. Reconocerlo no implica negar la dignidad de quienes llegan ni renunciar a los principios humanitarios que nos definen como sociedad; ni tampoco renunciar a la devolución a Marruecos de quienes han entrado ilegalmente. Implica, sencillamente, hablar con honestidad de la realidad y reclamar una gestión proporcionada, coordinada y sostenida por parte de todas las administraciones competentes. Se ha hecho tarde. Se ha hecho mal. Sabiendo que la entrada en Ceuta era masiva en los días previos al 30-31 de julio de 2026; no se propuso declarar una situación de emergencia local; tal como el propio plan territorial de emergencias de Ceuta valora dicho riesgo como catastrófico. Tampoco el gobierno de la nación quiso declarar el estado de alarma. Muchos seguimos atónitos, perplejos; ante una dejación de funciones criminal.

Los ceutíes tenemos derecho a sentirnos seguros, protegidos y atendidos. La integridad territorial, el control eficaz de las fronteras y la cooperación leal entre instituciones no son consignas políticas: son condiciones necesarias para preservar la convivencia y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Cuando la ciudadanía percibe que una situación supera la capacidad de respuesta ordinaria, crece la incertidumbre. Y si esa incertidumbre se prolonga, se erosiona la confianza en quienes tienen el deber de anticiparse, explicar y actuar.

Esa pérdida de confianza tiene también consecuencias sobre la salud. La ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, el miedo por los hijos, la sensación de desprotección o el agotamiento emocional no siempre aparecen en las estadísticas sanitarias, pero forman parte de los efectos de una crisis sostenida. No debemos banalizarlos ni permitir que se conviertan en un malestar colectivo crónico. Cuidarnos requiere información clara, canales accesibles de atención psicológica, apoyo comunitario y responsables públicos capaces de comunicar con transparencia, serenidad y respeto.

Desde la salud pública, conviene evitar dos errores simétricos: minimizar riesgos reales o amplificarlos sin evidencia; como han venido haciendo algunos actores, incluso funcionarios y cargos públicos. Una llegada no planificada de población puede dificultar la continuidad asistencial, aumentar las necesidades de vacunación, complicar el control de enfermedades transmisibles y tensionar la atención urgente, especialmente si existen hacinamiento, precariedad o movilidad constante. Para prevenirlo se necesitan evaluación epidemiológica rápida, circuitos asistenciales bien definidos, vacunación cuando esté indicada, vigilancia de brotes, protección de la infancia y coordinación operativa entre Sanidad, Cruz Roja, servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y organizaciones humanitarias.

Pero la primera obligación es asegurar que ningún ceutí vea deteriorada su seguridad y su atención sanitaria por una emergencia extraordinaria. Las personas con enfermedades crónicas, los mayores, los pacientes con necesidades de salud mental, las familias con menores y quienes esperan pruebas, intervenciones o consultas no pueden convertirse en víctimas indirectas de la falta de planificación. La solidaridad no exige abandonar las necesidades propias; exige que se dispongan recursos suficientes para atender con dignidad a quien llega y mantener, sin recortes ni demoras añadidas, la atención debida a quienes residen en Ceuta.

Por mis convicciones hemos querido dedicar todos nuestros esfuerzos como hicimos durante la pandemia desde este triste 30 de julio porque creo que la fraternidad se demuestra precisamente en circunstancias difíciles: defendiendo la convivencia sin ingenuidad, prestando ayuda sin deshumanizar y reclamando responsabilidades sin convertir el dolor social en enfrentamiento civil entre nosotros; compartiendo nuestra queja y nuestro dolor como hemos hecho manifestándonos masivamente. Faltaron muchos ceutíes pero hay que seguirlos apoyando también aunque no estuvieran ese día. Y seguir exigiendo a aquellos que nos dirigen que siguen sin entender que esta situación no puede seguir afectando a la vida cotidiana de los ceutíes, trasladando a lugares alejados de nuestras zonas urbanas a los inmigrantes y tratándolos con dignidad, mientras no sean devueltos a Marruecos. Porque los ceutíes de Hadú, de La Colina o de cualquier otro barrio que no esté en el centro tampoco tienen qué sufrir más que los demás. A fin de cuentas todo está ocupado por personas foráneas que no son precisamente de nuestra idiosincrasia.  Ceuta necesita calma, rigor y unidad, pero también una voz firme que exija soluciones estructurales.

Nuestra ciudad no puede seguir afrontando sola problemas cuya naturaleza es estatal, europea e internacional. Proteger Ceuta significa proteger a sus ciudadanos, su seguridad, su salud, sus servicios públicos y su confianza en las instituciones. Esa debe ser la prioridad, hoy y cuando las cámaras se hayan marchado. No nos hacen falta visitas o mandos únicos que no entiendan nuestros problemas y que necesitan semanas para tomar decisiones que en otras catástrofes internacionales en las primeras 72 horas se empiezan a paliar.