Ceuta no puede esperar: asilo no es igual a parálisis

La imagen de este domingo en la playa del Trampolín debería servir para despejar, de una vez, una confusión que empieza a resultar interesada. Cientos de migrantes han salido a reclamar asilo con pancartas y gritos de “asilo, asilo”, mientras permanecen atrapados en un asentamiento improvisado en unas condiciones que no son aceptables. Y hay que decirlo con claridad: pedir asilo es un derecho; obtenerlo, no.

Las asociaciones de jueces y magistrados han recordado precisamente eso ante la petición de Juan Vivas de rechazar las solicitudes de quienes entraron irregularmente: las peticiones de protección internacional deben estudiarse individualmente y no pueden convertirse en una cadena de “denegaciones en masa”. La entrada irregular no elimina el derecho a solicitar protección. Pero de esa premisa jurídica no se desprende otra muy distinta: que todo el que pida asilo tenga derecho a quedarse en España.

La legislación española exige acreditar circunstancias concretas de persecución o, en determinados supuestos, un riesgo real de sufrir daños graves. Otras razones que alegan la gran mayoría de marroquíes como la pobreza, la falta de empleo o el deseo de alcanzar una vida mejor no son razones para obtener el asilo. Y aquí es donde el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una obligación que hasta ahora parece estar evitando: tramitar, resolver, ejecutar y expulsar.

Ceuta no está pidiendo que se pisotee el derecho de asilo. Está pidiendo que se aplique. Pero que se aplique de verdad y con velocidad. Y para ello, ¿dónde está el refuerzo extraordinario de funcionarios de extranjería? ¿dónde están los equipos capaces de entrevistar, documentar y resolver las solicitudes con la rapidez que exige una emergencia de esta magnitud? ¿por qué una persona que tiene derecho a que su expediente sea estudiado en días debe esperar semanas o meses en una playa, mientras la ciudad soporta una situación extraordinaria? Porque hay una diferencia fundamental entre garantizar un procedimiento individual y convertir la mera presentación de una solicitud en un limbo administrativo indefinido.

Ceuta necesita que los expedientes empiecen a tramitarse ya. No dentro de tres meses. No cuando haya pasado la emergencia. Ya.

Y necesita también algo todavía más incómodo: que el Estado distinga entre quienes pueden acreditar una necesidad real de protección internacional y quienes han utilizado la vía del asilo como mecanismo para prolongar su permanencia en España pese a no reunir los requisitos legales.

En el caso de los ciudadanos marroquíes, además, el Gobierno debería explicar públicamente cuál es su criterio. No es jurídicamente aceptable anunciar de antemano que todos serán rechazados por su nacionalidad; pero tampoco es razonable fingir que una nacionalidad, por sí sola, convierte automáticamente una migración económica en una situación de persecución. La respuesta tiene que ser individual, sí, pero también rigurosa y rápida. Y ahí está la palabra que falta: rapidez. Porque “caso por caso” no significa “eternamente”.

Un expediente puede estudiarse individualmente y resolverse con celeridad en tres días cuando existe voluntad política y recursos administrativos suficientes. Si si, más personal en extranjería. Si procede la protección, se concede. Si no procede, se deniega y, respetando las garantías legales se ejecuta la devolución o expulsión que legalmente sea posible. Eso es precisamente lo que Ceuta necesita: no una excepcionalidad jurídica, pero sí un procedimiento extraordinario.

La ciudad no puede convertirse en una sala de espera al aire libre. Tampoco puede convertirse España en un país donde solicitar asilo equivalga automáticamente a obtener permiso para quedarse.

¿A qué espera el Gobierno? ¿A que pasen tres días? ¿Tres semanas? ¿Tres meses? Porque mientras Madrid calcula, Ceuta soporta las consecuencias. Una ciudad de unos 83.000 habitantes ha tenido que afrontar una llegada extraordinaria que las autoridades han situado en decenas de miles de personas, con miles todavía presentes y una presión enorme sobre los servicios públicos.

Y aquí llegamos a la pregunta política inevitable: ¿Qué quiere realmente el Gobierno de Sánchez? Porque si quiere proteger el derecho de asilo, que lo haga. Que envíe muchos más funcionarios —no solo 20—, acelere las entrevistas, resuelva los expedientes y garantice asistencia jurídica. Y comience a devolver a quienes no tienen derecho a protección. Que negocie con Marruecos, que organice las devoluciones y que explique a los españoles qué personas pueden quedarse y cuáles no. Y si quiere hacer ambas cosas —que es lo que exige el Estado de derecho—, que empiece inmediatamente.

Lo que no puede hacer es refugiarse en el “caso por caso” para justificar la lentitud administrativa, ni utilizar la obligación de estudiar individualmente cada solicitud como coartada para no tomar decisiones. Asilo para quien tenga derecho a asilo. Acogida digna mientras se resuelve. Y devolución rápida para quien no tenga derecho a permanecer. No hay ninguna contradicción entre esas tres cosas.

La contradicción está en pedir paciencia a una ciudad que lleva semanas soportando una situación excepcional mientras el Estado sigue sin ofrecer una respuesta administrativa a la altura del problema. Ceuta no pide que se salte la ley. Pide que el Estado la aplique ya. Y que lo haga de una vez con rapidez.