Ceuta no se vende Ceuta se defiende
COLABORACIÓN
Hay momentos en los que un Gobierno tiene la obligación de actuar antes de que sea demasiado tarde. Ceuta ha llegado a uno de ellos. Han transcurrido veintidós días desde la entrada masiva de migrantes. Veintidós días durante los cuales una ciudad pequeña, con poco más de 80.000 habitantes, ha tenido que absorber una presión extraordinaria sobre sus calles, sus servicios públicos, sus recursos asistenciales y su sistema sanitario.
Y mientras desde Madrid se habla de dispositivos, traslados y recursos, la realidad permanece en Ceuta. Personas que continúan deambulando por las calles. Vecinos preocupados. Barrios que reclaman mayor presencia policial. Servicios públicos sometidos a una presión extraordinaria. Y una sensación cada vez más extendida de que el Estado no está siendo capaz de recuperar el control de una situación que debería haber resuelto hace tiempo.
Los acontecimientos de las últimas horas deberían haber encendido todas las alarmas. Tres migrantes han sido detenidos tras una presunta agresión. Vecinos del Príncipe han tenido que intervenir para impedir un episodio violento. Mujeres han denunciado robos y situaciones de inseguridad. Y se suceden las noticias que reflejan una tensión creciente en distintos puntos de la ciudad.
Cada uno de esos hechos debe ser investigado individualmente. Cada persona que haya cometido un delito debe responder ante la Justicia. Pero sería una irresponsabilidad política negar lo evidente: la acumulación de incidentes está alimentando una sensación de inseguridad y una crispación social que crecen día tras día.
Y esa crispación no aparece de la nada. Crece cuando los ciudadanos perciben que determinadas zonas de su ciudad se están deteriorando. Crece cuando una persona siente miedo al regresar a casa. Crece cuando los vecinos reclaman seguridad y creen que no obtienen una respuesta suficiente. Crece cuando una emergencia extraordinaria se prolonga durante semanas sin una solución visible. Y crece, sobre todo, cuando aparece la sensación de abandono.
Por eso el Gobierno tiene que recuperar el control de la ciudad. Hay que decirlo con absoluta claridad: Ceuta no puede seguir funcionando como una sala de espera para miles de personas cuya situación jurídica todavía está pendiente de resolución. El Gobierno de España tiene la obligación de hacerse cargo de la emergencia. Y hacerse cargo significa controlar. Control administrativo. Control policial. Control sanitario. Control de los recursos de acogida. Y resolución rápida de la situación jurídica de cada persona.
Por eso defendemos una medida extraordinaria para los migrantes adultos afectados por esta crisis cuya situación legal en España esté todavía pendiente: que sean identificados y trasladados a centros de acogida adecuados, donde permanezcan sin libertad de movimientos durante el tiempo estrictamente indispensable para resolver su situación, con alojamiento digno, alimentación, asistencia sanitaria, asistencia jurídica, intérpretes y cobertura de todas sus necesidades básicas.
Pero, mientras dure ese procedimiento, con las restricciones de movimiento que legalmente puedan establecerse, de forma temporal, proporcionada, individualizada y bajo el control judicial que corresponda. No estamos hablando de castigar a nadie por ser extranjero. No estamos hablando de negar derechos fundamentales. No estamos hablando de encerrar personas indefinidamente. Estamos hablando de algo mucho más elemental: que una situación migratoria extraordinaria no se gestione dejando a miles de personas sin una estructura efectiva de acogida, seguimiento y control mientras sus expedientes permanecen sin resolver.
Quien tenga derecho al asilo debe recibir protección. Quien tenga derecho a permanecer legalmente en España debe poder hacerlo. Quien deba ser retornado o expulsado conforme a la ley debe ser objeto de un procedimiento eficaz que permita ejecutar esa resolución. Pero entre una cosa y otra no puede existir un limbo. Mientras se decide, el Estado debe saber dónde está cada persona, atenderla adecuadamente y garantizar que la ciudad no tenga que asumir en sus calles las consecuencias de una emergencia que corresponde gestionar al Gobierno central.
Y si los instrumentos legales actuales no permiten dar una respuesta suficientemente rápida ante una situación de estas dimensiones, que el Gobierno promueva inmediatamente las reformas necesarias. Lo que no puede hacer es alegar que no hay solución.
La seguridad de los ceutíes es esencial, pero no es el único argumento. Hay, además, otro elemento que el Gobierno no puede seguir relegando a un segundo plano: la cuestión sanitaria. Desde el Ministerio de Sanidad se sostiene que el riesgo para la población general es bajo. Esa es la valoración oficial. Pero Ceuta tiene otra fuente de información que no puede ser ignorada: los profesionales que están todos los días sobre el terreno.
El Colegio de Médicos y demás profesionales sanitarios han trasladado su preocupación por las condiciones en las que algunas de estas personas están llegando y permaneciendo en la ciudad y por la necesidad de extremar la vigilancia sanitaria. Y aquí conviene ser muy claros. No se trata de afirmar que los migrantes, por el mero hecho de ser migrantes, constituyan un riesgo sanitario. Se trata de algo mucho más serio: una concentración extraordinaria de personas que han llegado en condiciones precarias exige medidas extraordinarias de prevención sanitaria.
Algunos dirán que cualquier limitación de movimientos vulnera los derechos de los migrantes. Los derechos fundamentales deben respetarse siempre. Precisamente por eso las medidas que reclamamos deben tener cobertura legal, ser temporales, proporcionales, individualizadas y contar con las garantías judiciales correspondientes. Pero hay otra verdad que tampoco puede esconderse: los ceutíes también tienen derechos. Derecho a vivir seguros. Derecho a caminar por sus calles sin miedo. Derecho a utilizar sus espacios públicos. Derecho a recibir asistencia policial cuando la necesitan. Derecho a que sus servicios sanitarios y sociales no sean sometidos indefinidamente a una presión extraordinaria. Y derecho a que el Estado no les abandone cuando se produce una emergencia de estas dimensiones.
Durante la pandemia, los españoles vimos restringida nuestra movilidad porque las circunstancias fueron consideradas excepcionales. Aquella experiencia no constituye por sí misma una base jurídica para aplicar hoy restricciones de movilidad a migrantes. Pero sí demuestra una cosa: cuando una situación es verdaderamente extraordinaria, el Estado tiene la obligación de buscar instrumentos extraordinarios dentro de la ley. Eso es lo que reclamamos. No una carta blanca, sino un régimen temporal y legal de acogida y una restricción de movimientos para los migrantes adultos cuya situación esté pendiente, hasta que cada caso quede resuelto.
Ceuta está avisando. Lo más irresponsable que podría hacer ahora el Gobierno sería esperar a que la tensión llegue a un punto de no retorno. Porque los estallidos sociales no suelen producirse de la noche a la mañana. Se incuban. Se alimentan de pequeños incidentes. Y finalmente puede bastar una chispa.
No queremos que esa chispa llegue. No queremos enfrentamientos entre vecinos y migrantes. No queremos violencia. No queremos que nadie tome la justicia por su mano. No queremos que un incidente especialmente grave desencadene una reacción colectiva que después sea imposible controlar. Precisamente por eso advertimos ahora. Advertimos al Gobierno de España antes de que sea demasiado tarde. Pedro Sánchez tiene todavía la posibilidad de evitarlo. Pero para ello debe dejar de administrar esta crisis desde la distancia y asumir que Ceuta necesita una respuesta extraordinaria, inmediata y contundente.
Y mientras todo eso se resuelve, ningún migrante adulto abandonado a su suerte en las calles y ningún vacío de autoridad. Porque Ceuta no puede seguir pagando el precio de la lentitud administrativa. No puede convertirse en un limbo. Y tampoco puede convertirse en un polvorín. Este periódico no está diciendo que el estallido vaya a producirse. Está advirtiendo de que, si el Gobierno sigue sin actuar con la contundencia y rapidez que exige la situación, el riesgo de que ocurra aumentará. La responsabilidad de un Gobierno no es esperar a comprobar hasta dónde puede aguantar una ciudad. Es intervenir antes de que llegue al límite. Ceuta está avisando. Ahora le corresponde al Gobierno actuar.
