Esclavos de nuestras contradicciones

Europa acaba de dar un paso especialmente significativo. El Reglamento (UE) 2026/464, aprobado el pasado 24 de febrero, ha incluido expresamente a Marruecos en la lista común europea de países de origen seguros. No se trata simplemente de una declaración política. La norma señala que Marruecos ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, que no existe en el país un riesgo general de daños graves y que, con carácter general, no existe persecución en el sentido establecido por la legislación europea. Conviene precisar qué significa esto: la consideración de Marruecos como país de origen seguro afecta fundamentalmente a sus propios nacionales y no autoriza, por sí misma, a devolver automáticamente a Marruecos a cualquier ciudadano de un tercer país que haya transitado por su territorio.

Pero Europa ha aprobado simultáneamente otra norma que resulta todavía más interesante para este debate. El Reglamento (UE) 2026/463, también de 24 de febrero, modifica precisamente las reglas europeas relativas al concepto de «tercer país seguro»: es decir, las condiciones bajo las cuales puede considerarse que una persona que solicita protección internacional puede recibirla en un país distinto de aquel del que es nacional.

Son conceptos jurídicamente diferentes y conviene no confundirlos. Pero políticamente dibujan una dirección difícil de ignorar: Europa pretende distinguir cada vez con mayor claridad entre protección internacional y migración irregular, y establecer mecanismos que permitan compartir con terceros países seguros las responsabilidades derivadas de los movimientos migratorios.

Nuestro Gobierno, además, mantiene un apoyo inequívoco a la cooperación con Marruecos. Lo considera un socio fiable, esencial para nuestra seguridad y determinante para controlar los movimientos migratorios hacia Europa. Durante la reciente crisis de Ceuta ha llegado incluso a desvincular expresamente al Estado marroquí de cualquier responsabilidad en lo sucedido.

Hasta aquí podemos estar de acuerdo o discrepar, pero lo difícil es sostener simultáneamente lo contrario.

Porque cuando un ciudadano procedente de un tercer país atraviesa Marruecos y alcanza irregularmente territorio español, aparece otro discurso según el cual devolverlo al país desde el que acaba de entrar puede poner en peligro sus derechos fundamentales.

¿En qué Marruecos debemos creer? En el socio fiable con el que construimos una relación estratégica, en el país que Europa considera suficientemente seguro para incorporarlo a su lista común, o en ese territorio del que parece que debemos rescatar inmediatamente a cualquiera que consiga cruzar nuestra frontera porque devolverlo allí podría resultar incompatible con sus derechos.

Las dos fotografías difícilmente pueden utilizarse simultáneamente según convenga.

Naturalmente, España debe cumplir escrupulosamente sus obligaciones internacionales. Quien pueda acreditar que necesita protección internacional debe tener derecho a solicitarla y a que su situación sea examinada individualmente. Defender fronteras no exige renunciar al Estado de derecho, pero tampoco el derecho de asilo puede convertirse en una ficción según la cual toda persona perseguida en cualquier lugar del planeta adquiere automáticamente el derecho a elegir España como primer territorio donde debe hacerse efectiva su protección.

Un refugiado procedente de Mali, Sudán o cualquier otro país puede estar huyendo de una persecución absolutamente real. Pero esa persecución se produce inicialmente en su país de origen. Si después permanece o transita por Marruecos, resulta legítimo preguntarse qué responsabilidad corresponde también al Estado marroquí y por qué toda la carga jurídica, económica y humanitaria debe trasladarse automáticamente al primer metro de territorio europeo que consiga alcanzar.

Europa está precisamente avanzando hacia una política migratoria que pretende distinguir entre protección y migración irregular y hacer efectivos los retornos de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio europeo. No hacerlo termina perjudicando incluso al propio derecho de asilo, porque mezcla bajo una misma realidad situaciones radicalmente diferentes.

Y aquí aparece otra de nuestras graves contradicciones.

Una parte importante del activismo migratorio europeo concentra inevitablemente su actividad en este lado de la frontera. Las ONGs denuncian a España, recurren ante nuestros tribunales, exigen responsabilidades a nuestras administraciones y encuentran en Europa el espacio institucional, jurídico y económico donde desarrollar su actividad. Y no dudo que estén en su derecho. Pero quizá deberíamos preguntarnos por qué semejante presión resulta mucho menos visible al otro lado de la frontera. Porque si Marruecos merece nuestra confianza institucional, debemos exigirle también responsabilidades institucionales. Si consideramos que puede controlar fronteras, cooperar policialmente, firmar acuerdos internacionales y convertirse en socio estratégico de la Unión Europea, también debemos reconocerle capacidad y responsabilidad para proteger a quienes se encuentren en su territorio y estudiar las situaciones que puedan requerir protección.

No podemos tratarlo como un Estado plenamente fiable cuando necesitamos su colaboración y como un territorio incapaz de garantizar derechos cuando necesitamos justificar que cualquier retorno hacia él resulta sospechoso. Y tampoco deberíamos permitir que alrededor de la inmigración se construyan espacios inmunes a la crítica por miedo a que cualquier cuestionamiento sea inmediatamente interpretado como “falta de humanidad”. La solidaridad es necesaria y, precisamente por eso, debe ser sostenible. El derecho de asilo es imprescindible y, por eso, debemos protegerlo de su utilización indiscriminada. Las ONG cumplen sus funciones, pero también deben poder someterse al mismo escrutinio sobre incentivos, financiación, eficacia y resultados que cualquier otra organización que participe de recursos públicos.

Y si Marruecos es imprescindible para España, precisamente por eso debemos exigirle que asuma las responsabilidades correspondientes a la consideración internacional que nosotros mismos le otorgamos.

Ceuta se encuentra atrapada en medio de todas estas contradicciones. Es frontera española, europea y africana, y acaba pagando materialmente las incoherencias que desde lejos resultan mucho más sencillas de defender.

Quizá haya llegado el momento de abandonar los eslóganes. Ni convertir a cada inmigrante en una amenaza, ni convertir automáticamente cada entrada irregular en un derecho a permanecer. Ni demonizar a Marruecos cuando interesa, ni declararlo socio ejemplar cuando conviene. Ni considerar inhumano defender una frontera, ni utilizar la frontera para ignorar una obligación humanitaria real.

Simplemente establecer reglas, cumplirlas y exigir que cada uno asuma su responsabilidad.

También Marruecos.

Una sociedad que pretende sostener simultáneamente una afirmación y su contraria termina dejando de gobernar la realidad... y se convierte en esclava de sus propias contradicciones.