La Externalización de la Vigilancia en Comisarías: Una Propuesta para Optimizar los Recursos Policiales

En el actual contexto de seguridad ciudadana, donde la demanda de presencia policial en las calles es cada vez más apremiante, resulta necesario plantear estrategias que permitan una redistribución eficiente de los efectivos policiales. Una medida que merece análisis serio es la incorporación de vigilantes de seguridad privada para las funciones de vigilancia estática en comisarías y dependencias policiales, liberando así a agentes cualificados para labores operativas en la vía pública.

Fundamento de la Propuesta

Las comisarías y dependencias policiales requieren vigilancia permanente de sus instalaciones, control de accesos, y supervisión de perímetros. Estas tareas, fundamentalmente estáticas y de carácter preventivo, ocupan actualmente a efectivos policiales que han recibido una formación integral y están capacitados para funciones mucho más complejas: investigación criminal, intervención en emergencias, patrullaje activo y atención directa a la ciudadanía.

La externalización de estos servicios de vigilancia mediante empresas de seguridad privada debidamente autorizadas permitiría una doble ventaja: mantener la seguridad de las instalaciones policiales y aumentar significativamente la presencia policial en calles, barrios y zonas que demandan mayor atención.

El Desafío de las Jubilaciones Anticipadas

Esta propuesta cobra especial relevancia ante un fenómeno demográfico que afecta actualmente a los cuerpos policiales: la oleada de jubilaciones anticipadas que se está produciendo y que se intensificará en los próximos años. Los policías que ingresaron en los años 80 y 90, durante periodos de importantes convocatorias, están alcanzando ahora la edad de retiro, muchos acogiéndose a las jubilaciones anticipadas previstas en su régimen específico.

Esta situación genera una pérdida significativa de efectivos operativos en un momento en que los procesos de selección y formación de nuevos agentes no pueden cubrir inmediatamente estas vacantes. Desde la convocatoria de una plaza hasta que un nuevo policía está plenamente operativo pueden transcurrir entre dos y tres años, considerando oposición, academia y periodo de prácticas.

La implementación de vigilancia privada en instalaciones policiales permitiría paliar parcialmente este déficit estructural de personal, evitando que la merma de efectivos por jubilación se traduzca automáticamente en una reducción de la presencia policial en las calles. Los agentes que actualmente realizan funciones de vigilancia estática podrían reubicarse en labores operativas, compensando así la salida de compañeros jubilados mientras se completan los procesos de incorporación de nuevas promociones.

Marco Legal Aplicable

Para implementar esta propuesta de manera conforme a derecho, debemos acogernos a la siguiente normativa:

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada: Esta norma regula las actividades y servicios de seguridad privada en España, estableciendo las funciones que pueden desarrollar los vigilantes de seguridad, entre las que se incluyen expresamente la protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, así como el control de accesos a inmuebles.

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, Reglamento de Seguridad Privada (en lo que permanece vigente tras la Ley 5/2014): Complementa el régimen jurídico de las empresas y personal de seguridad privada.

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Define las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y establece los principios básicos de actuación, permitiendo la colaboración con entidades privadas siempre que se respeten las competencias exclusivas de las fuerzas policiales.

Normativa específica de contratación pública: Cualquier contrato de servicios de seguridad privada debe ajustarse a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Ventajas Operativas

Esta medida supondría múltiples beneficios tangibles:

Incremento de efectivos en la calle: Los agentes destinados actualmente a vigilancia estática podrían reincorporarse a labores operativas, aumentando las capacidades de patrullaje, investigación y respuesta ante incidentes.

Compensación temporal del déficit por jubilaciones: Mientras se completan los procesos de selección y formación de nuevos policías, esta medida permitiría mantener los niveles de servicio sin reducir la presencia policial visible.

Optimización de recursos humanos cualificados: Los policías nacionales, autonómicos o locales poseen una formación específica que debe aprovecharse en funciones donde esa cualificación sea imprescindible, no en tareas que pueden ser desempeñadas por personal de seguridad privada.

Flexibilidad en la gestión de plantillas: Ante las fluctuaciones en el número de efectivos por jubilaciones, bajas o necesidades coyunturales, la seguridad privada ofrece mayor capacidad de adaptación que los procesos de provisión de plazas funcionariales.

Eficiencia económica: Aunque implica un coste de contratación externa, debe valorarse frente al coste de oportunidad que supone tener agentes policiales en funciones que no aprovechan plenamente su preparación.

Mejora en la percepción de seguridad ciudadana: Una mayor presencia policial visible en espacios públicos contribuye directamente a la sensación de seguridad de los ciudadanos.

Consideraciones para la Implementación

Es fundamental establecer protocolos claros que delimiten las funciones de los vigilantes de seguridad privada, garantizando que no asuman competencias exclusivas de los cuerpos policiales. Su labor debe circunscribirse estrictamente a la vigilancia perimetral, control de accesos de personal autorizado y comunicación inmediata con los responsables policiales ante cualquier incidencia.

Asimismo, debe garantizarse una adecuada coordinación entre el personal de seguridad privada y los mandos policiales, estableciendo canales de comunicación fluidos y protocolos de actuación ante diferentes escenarios.

Conclusión

La incorporación de vigilantes de seguridad privada para la vigilancia de instalaciones policiales representa una medida pragmática y eficiente que, respetando escrupulosamente el marco legal vigente, permitiría optimizar los recursos humanos de nuestras fuerzas de seguridad. En un contexto donde cada agente cuenta y donde las jubilaciones están reduciendo las plantillas operativas, esta propuesta merece un análisis detallado por parte de las administraciones competentes como parte de una estrategia integral de mejora de la seguridad ciudadana.

La clave reside en entender que fortalecer la seguridad no siempre requiere más efectivos, sino una mejor distribución de los existentes, aprovechando las sinergias entre seguridad pública y privada que la legislación ya contempla y permite. Ante el desafío demográfico de las jubilaciones masivas, esta medida constituye una solución de transición inteligente que garantiza el mantenimiento del servicio público mientras se renuevan las plantillas policiales.