La intimidad universal como respuesta al prejuicio: dignidad, espacio público y derechos trans

En el debate político y social sobre el uso de las instalaciones de uso público —y muy especialmente en lo tocante a vestuarios e instalaciones sanitarias en centros deportivos, piscinas o edificios administrativos— se ha instalado con frecuencia una narrativa basada en la sospecha, la estigmatización y la exclusión. Bajo el pretexto de defender la seguridad o el pudor de unos, se pretende restar derechos y lesionar la dignidad de las personas trans.

Sin embargo, cuando se analiza esta controversia desde el rigor jurídico y el diseño funcional, se evidencia que la verdadera protección de la intimidad no exige la segregación de nadie, sino el respeto a la conducta individual y la adaptación inteligente de nuestros entornos compartidos.

Las mujeres trans forman parte de un colectivo que ha soportado históricamente elevados niveles de discriminación, violencia administrativa y estigmatización social.

Exigirles un examen constante de su condición, cuestionar la validez de su reconocimiento legal o pretender expulsarlas de las dependencias que les corresponden conforme a la ley no solo supone una afrenta directa a su dignidad como personas, sino que quiebra principios constitucionales básicos como el derecho a la igualdad, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.

El análisis de los cuartos de baño públicos expone con especial claridad lo infundado de las posturas segregacionistas.

En un cuarto de baño, el derecho a la intimidad corporal no está expuesto ni perjudicado en absoluto. La exposición es prácticamente nula por la propia arquitectura habitual del espacio: cada persona accede a su cabina individual, cierra la puerta con pestillo y realiza sus necesidades en un habitáculo totalmente privado e inaccesible a la vista ajena. La única zona compartida es el área de lavabos y jaboneras, un espacio dedicado exclusivamente al aseo de manos que no implica desnudez ni vulneración del pudor.

Cuestionar el acceso de una mujer trans a un cuarto de baño evidencia que la controversia no radica en la privacidad —garantizada al cien por cien por la propia puerta de la cabina—, sino en un prejuicio ideológico que busca señalar y señalar la diferencia para excluir.

Vestuarios e infraestructuras: Un modelo de diseño inteligente

Si en los cuartos de baño la intimidad ya está resuelta por diseño, la respuesta para las zonas de vestuario debe seguir exactamente la misma lógica: garantizar la privacidad universal mediante la adaptación de las infraestructuras, en lugar de recurrir a la discriminación o al recálculo de derechos.

Estructuras adaptadas: Exportar el modelo de cabina de uso exclusivo a las zonas de cambio y duchas, sustituyendo los espacios diáfanos por módulos individuales y duchas cerradas con mamparas.

Libertad y confort sin fiscalización: Garantizar que cualquier persona —sea por pudor, marcas corporales, intervenciones quirúrgicas, diversidad física o edad— disponga de los medios físicos para disfrutar de una intimidad total si lo desea, sin necesidad de fiscalizar el cuerpo ni el documento de identidad de nadie a la entrada.

Protocolos centrados en la conducta: Fijar las normas de convivencia y seguridad en la sanción de comportamientos irrespetuosos o invasivos —vengan de quien vengan—, protegiendo siempre la presunción de inocencia.

No es necesario vulnerar la dignidad de una mujer trans para proteger el pudor de una mujer cisgénero. Pretender resolver un debate de convivencia excluyendo a personas que ya han sufrido bastante discriminación es un retroceso democrático inaceptable. Si en los cuartos de baño la puerta de la cabina demuestra que la convivencia y la intimidad son plenamente compatibles, en el resto de los espacios públicos el camino es el mismo: más infraestructuras respetuosas, mayor privacidad universal y cero discriminación.

Ángela Rafaela Borrego (Asociación D.E.F.E.N.S.A. / Sindicato TNN)