Manifiesto de la Fundación CERMI por el 8M, Día Internacional de la Mujer

Por un acceso real a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación CERMI Mujeres, en tanto que plataforma estatal creada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para la representación, defensa y realización de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, hace público el siguiente manifiesto:

La 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas ha situado como prioridad garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y

niñas, promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias y abordando las barreras estructurales. Este llamamiento internacional nos interpela directamente.

Y es que las mujeres con discapacidad no acceden a la justicia; y, en los pocos casos que lo consiguen, se enfrentan con obstáculos estructurales que pueden dar lugar a que se dude de su credibilidad y que se desestimen sus acusaciones, o a sentencias discriminatorias contrarias a los derechos humanos que las revictimizan y condenan. la policía u otras fuerzas del orden, así como de otros profesionales que intervienen en la atención y acompañamiento a las víctimas, son ejemplos de esas actitudes.

Estos sesgos no solo menoscaban su derecho a la tutela judicial efectiva, sino que se traducen en vulneraciones graves de las garantías procesales —como la indebida inversión de la carga de la prueba o la adopción de enfoques acusatorios hacia la propia víctima— y, de manera particularmente alarmante, en resoluciones y sentencias de carácter discriminatorio que reproducen tales estereotipos, relativizan la credibilidad de las víctimas por razón de su discapacidad y llegan incluso a atribuirles una pretendida corresponsabilidad en los hechos.

Tales actuaciones constituyen una forma de violencia institucional y una vulneración frontal de los principios de igualdad y no discriminación, perpetuando la impunidad y negando a las mujeres y niñas con discapacidad el acceso real y efectivo a la justicia.

La Fundación CERMI Mujeres, como expresión organizada en España de las voces de las mujeres y niñas con discapacidad y de las madres de hijos e hijas con discapacidad, exige:

1. Impulsar un estudio exhaustivo y permanente sobre las causas profundas del escaso número de denuncias interpuestas por mujeres y niñas con discapacidad, así como sobre sentencias judiciales que se han dictado especialmente en materia de explotación, violencia y abuso, incorporando datos desagregados y un enfoque interseccional que permita diseñar políticas públicas eficaces.

2. Garantizar y mejorar la asistencia jurídica gratuita en todos los procedimientos judiciales para mujeres y niñas con discapacidad víctimas de discriminaciones agravadas por razón de género y discapacidad, eliminando cualquier obstáculo económico o administrativo que limite su acceso a la defensa y a la reparación y fortaleciendo del servicio por medio de una formación especializada del turno de oficio en discapacidad, género y edad.

3. Asegurar la plena accesibilidad del sistema de justicia mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad, al género y al tipo de discapacidad; acceso a la información y a la comunicación en formatos accesibles; provisión de asistencia humana, productos y tecnologías de apoyo elegidos por las propias mujeres; e incorporación efectiva de la figura del facilitador o facilitadora procesal.

4. Dotar a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, a las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, a las Secciones de Menores y a las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad de los Tribunales de Instancia de todo el territorio español de los recursos necesarios para garantizar instalaciones, servicios y procedimientos plenamente inclusivos y accesibles, así como impulsar el desarrollo efectivo de las citadas Secciones, incorporando de manera obligatoria la perspectiva de género y la formación específica en discapacidad, evitando la dispersión competencial y asegurando una protección integral ajustada a las necesidades de las mujeres y las niñas con discapacidad.

5. Exigir formación obligatoria y continuada en género y discapacidad para todos los actores del sistema judicial, incluyendo judicatura, fiscalía, personal letrado, turnos de oficio especializados en protección jurídica de personas con discapacidad, protección a la infancia y en violencia de género, así como equipos psicosociales y forenses, con el objetivo de eliminar barreras simbólicas, prejuicios y estereotipos.

6. Desarrollar programas de formación y empoderamiento dirigidos a mujeres y niñas con discapacidad —especialmente para aquellas que habitan en zonas rurales o que residen en instituciones — y dirigidos a madres de hijos e hijas con discapacidad sobre los recursos legales disponibles para denunciar vulneraciones de derechos, acceder a la asistencia jurídica gratuita y obtener reparación como víctimas.

7. Acelerar el desarrollo reglamentario de la figura de la facilitación procesal para que actúe como apoyo especializado y referente para las personas con discapacidad en su relación con la Administración de Justicia, dando respuesta a sus necesidades específicas de accesibilidad y comprensión, y cuya función sea diferenciada de la asistencia técnico-jurídica prestada por los profesionales del derecho.

Sin accesibilidad universal, sin formación especializada y sin eliminación de prejuicios en todo el sistema judicial, no hay justicia para las mujeres y niñas con discapacidad. Y sin justicia, no hay igualdad real.

¡Ni una menos!