Menores en las casetas de Feria de Ceuta: ¿basta con prohibirles el alcohol?

La Feria es, probablemente, el mayor escaparate social y festivo de la ciudad. Un lugar pensado para compartir entre familias, amigos y visitantes. Sin embargo, detrás de la música, las luces y el ambiente festivo hay una cuestión que sigue sin resolverse con claridad: la presencia de menores en las casetas.

Cada edición vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que merece un debate serio: ¿qué regulación existe sobre la presencia de menores en las casetas de feria?

Consultada el Área de Festejos de la Ciudad Autónoma sobre esta cuestión, la respuesta trasladada es, en principio, clara: los menores tienen permitida la entrada a las casetas, aunque está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a quienes no hayan cumplido la mayoría de edad.

Se trata de una respuesta que, aunque se ajusta a la normativa general sobre la venta y suministro de alcohol a menores, deja abiertas numerosas incógnitas sobre cómo se garantiza realmente su protección dentro del recinto ferial.

La regulación comunicada resulta escasa si se compara con la existente en otras ciudades españolas con una larga tradición ferial. En muchas de ellas existen horarios específicos para el acceso de menores, acompañamiento de algún mayor responsable, limitaciones de permanencia en determinadas franjas nocturnas, controles de acceso, protocolos de actuación o normas concretas dirigidas tanto a los responsables de las casetas como a las fuerzas de seguridad.

El objetivo de estas medidas no es impedir que los menores disfruten de la feria, sino compatibilizar ese derecho con la prevención de situaciones de riesgo, especialmente durante las horas de mayor afluencia y consumo de alcohol.

Porque la prohibición de vender alcohol a menores, siendo imprescindible, no resuelve por sí sola todos los problemas. La experiencia demuestra que el consumo puede producirse por otras vías, ya sea mediante la adquisición de bebidas por parte de terceros o por la falta de controles efectivos dentro del recinto.

A ello se suma otro factor evidente: conforme avanza la noche, las casetas cambian de ambiente. La música, la concentración de personas y el consumo de alcohol convierten algunos espacios en entornos menos adecuados para la presencia de menores, especialmente cuando no existe una regulación específica que determine responsabilidades o establezca medidas preventivas.

No se trata de generar alarma ni de cuestionar el trabajo de quienes organizan la Feria, sino de plantear una reflexión necesaria. Si otras ciudades han considerado conveniente desarrollar normativas más completas para proteger a los menores durante estos eventos multitudinarios, resulta razonable preguntarse si nuestra Feria también debería avanzar en esa dirección. La prevención siempre resulta más eficaz que la reacción. Esperar a que se produzca un incidente para reforzar la regulación nunca suele ser la mejor estrategia.

Hay además una consecuencia que pocas veces se plantea y que afecta directamente a las familias. Cuando la propia Administración permite el acceso de menores a las casetas sin establecer límites de edad, horarios o condiciones específicas, son los padres quienes terminan asumiendo en solitario una decisión nada sencilla. ¿Cómo explicarle a una hija de 14 años que no puede ir a la feria con sus amigas cuando todas van porque está permitido? La presión del grupo, tan determinante en la adolescencia, convierte esa negativa en un conflicto familiar que podría verse respaldado por una regulación más clara. No se trata de sustituir la responsabilidad de los padres, sino de ayudarles. Las normas también cumplen una función educativa y preventiva: cuando existen límites objetivos, las familias no tienen que justificar en solitario decisiones que buscan proteger a sus hijos.

Educar a un hijo es responsabilidad de los padres; pero facilitar esa tarea también debería ser responsabilidad de las administraciones. Porque cuando la norma dice ‘sí’ a todo, el ‘no’ acaba recayendo únicamente en las familias.

La Feria debe seguir siendo un espacio abierto, familiar y seguro. Pero para que ese objetivo sea una realidad, las normas no pueden limitarse únicamente a recordar que está prohibido vender alcohol a menores. La seguridad de niños y adolescentes exige una regulación más completa, adaptada a la realidad de un evento que reúne a miles de personas y que, por su propia naturaleza, requiere medidas específicas.

Quizá haya llegado el momento de abrir un debate público sobre esta cuestión. Porque proteger a los menores no debería entenderse como una restricción de la fiesta, sino como una garantía para que todos puedan disfrutarla con seguridad.