No fue una crisis migratoria: fue un ataque a Ceuta
OPINIÓN
Cada día que pasa, la investigación de la Audiencia Nacional acerca más la verdad de lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Y esa verdad resulta cada vez más difícil de encajar en el relato edulcorado de una simple crisis migratoria espontánea.
La propia jueza María Tardón ha situado los hechos en un terreno de enorme gravedad: investiga un posible ataque contra la integridad territorial de España y ha señalado ya la existencia de una “clara e indudable gestión favorecedora” desde Marruecos.
Este lunes, los testimonios de mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil volvieron a poner el foco en el comportamiento de las autoridades marroquíes: embarcaciones de Marruecos presentes la noche anterior, agentes que habrían dirigido a personas hacia Ceuta y una actuación de las fuerzas del país vecino que dista mucho de la imagen de un Estado sorprendido e impotente ante una avalancha imprevista.
Y hoy llega un paso todavía más significativo. La jueza ha reclamado al Gobierno, con carácter urgente y en un plazo de quince días, nuevos informes y comunicaciones del CNI sobre la actuación de las autoridades marroquíes, incluidos documentos intercambiados con los servicios de inteligencia de Marruecos. Incluso pide desclasificar la información necesaria para que puedan declarar varios miembros del CNI.
No estamos, por tanto, ante una investigación que se desinfla. Estamos ante una investigación que sigue encontrando preguntas, indicios y testimonios que obligan a profundizar. Y hay una conclusión política que Ceuta tiene derecho a exigir: si Marruecos utilizó —por acción, permisividad deliberada o ambas— una masa de decenas de miles de personas para vulnerar nuestra frontera, no estamos hablando simplemente de inmigración irregular. Estamos hablando de una agresión contra Ceuta y, por tanto, contra España.
Conviene ser rigurosos: será la Justicia la que determine las responsabilidades penales concretas. Pero rigor no significa mirar hacia otro lado. Al contrario. Significa poner todos los medios para conocer quién sabía qué, quién permitió qué y quién tomó las decisiones que hicieron posible que aquella frontera se convirtiera durante horas en un territorio sin control.
Por eso la desclasificación no puede detenerse a medio camino. Si existen documentos del CNI relevantes para esclarecer lo ocurrido, deben salir a la luz. Si hubo avisos previos, deben conocerse. Si hubo comunicaciones con las autoridades marroquíes, deben conocerse. Y si alguien en España recibió información que no fue atendida adecuadamente, también debemos saberlo.
Ceuta no necesita relatos tranquilizadores. Necesita la verdad. Porque lo que ocurrió el 30 y el 31 de julio no puede quedar reducido a una estadística migratoria ni a una anomalía fronteriza. Fue un ataque de una dimensión extraordinaria contra nuestra ciudad. Y cada vez hay más elementos para sostener que Marruecos no fue un espectador de aquella operación. Ahora corresponde llegar hasta el final. Sin miedo a Marruecos, sin miedo a las responsabilidades españolas y sin miedo a la verdad.
