El Puerto de Ceuta saca a licitación la vigilancia privada por 1,3 millones: el presupuesto puede quedarse corto, el pliego tiene lagunas y el contrato podría quedar desierto
COLABORACIÓN
La Autoridad Portuaria publica hoy en el BOE el expediente 01/2026. El análisis de los contratos anteriores, las tablas salariales del convenio y la revisión técnica del pliego revelan un contrato con riesgos reales: dinero insuficiente para más de 18 meses, requisitos contradictorios y vacíos que podrían tumbar la licitación antes de arrancar.
Análisis basado en datos del BOE, Plataforma de Contratación del Sector Público y Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada 2023-2026 · Ceuta, 23 de febrero de 2026
La Autoridad Portuaria de Ceuta ha publicado esta mañana en el BOE la licitación del servicio de vigilancia de seguridad privada en cuatro puntos estratégicos del recinto portuario: los arcos detectores de metales de la Terminal de Pasajeros, la zona de acceso del Muelle Cañonero Dato, el carril de salida Dato-Casa del Mar y la Dársena Pesquera. El presupuesto base es de 1.300.000 euros IVA incluido, es decir, 1.074.380 euros sin IVA. Las empresas tienen hasta el 27 de marzo a las 15:00 horas para presentar sus ofertas.
A primera vista, la cifra parece generosa. Pero el análisis de los contratos anteriores del mismo organismo, las tablas salariales vigentes y una revisión detallada del pliego de condiciones dibujan un escenario mucho más comprometido.
LO QUE DICE EL HISTORIAL
La APC ya licitó este mismo servicio en 2022 y 2023. En 2022 lo adjudicó a G5 Seguridad por 360.603 euros para nueve meses. En 2023 Eulen se llevó el contrato por 566.013 euros anuales, con una bolsa de 1.500 horas adicionales. Ese es el precio de mercado real de este servicio hace apenas dos años.
Aplicando las subidas salariales acumuladas del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad entre 2023 y 2026, que rondan el 12-15%, ese mismo contrato costaría hoy entre 634.000 y 651.000 euros anuales. La conclusión es matemática: el presupuesto llega con comodidad para doce meses, se convierte en algo muy ajustado para dieciocho, y es directamente insuficiente para dos años o más sin cláusula de revisión de precios. El problema es que el pliego no indica la duración del contrato. Ese silencio no es un detalle menor: es el dato que determina si el presupuesto es viable o no.
EL CÁLCULO QUE NO APARECE EN LA NOTICIA
El servicio descrito exige cubrir aproximadamente 29.450 horas anuales de vigilancia efectiva entre los cuatro puestos. Para lograrlo, una empresa necesita entre 16 y 20 vigilantes en plantilla, descontando rotaciones, vacaciones, bajas y descansos. A un coste real de entre 32.000 y 36.000 euros por vigilante y año, contando salario, Seguridad Social, pluses de nocturnidad y festivos, equipamiento y formación, el coste total para la adjudicataria ronda entre 620.000 y 720.000 euros anuales solo en personal. Sumando gastos indirectos y margen empresarial, el precio real de mercado se sitúa entre 650.000 y 720.000 euros al año. Si el contrato dura dos años, la empresa necesitaría recuperar entre 1,3 y 1,44 millones de euros. El presupuesto disponible sin IVA es de 1.074.380. El déficit potencial es de entre 225.000 y 365.000 euros.
CINCO RAZONES POR LAS QUE PUEDE QUEDAR DESIERTO
El riesgo de que ninguna empresa presente oferta válida no es especulativo. Tiene sustento en datos concretos.
El primero y más importante: si el contrato supera los 18 meses sin revisión de precios, los números no cuadran para ninguna empresa que calcule bien. Las grandes compañías del sector, Securitas, Eulen, Ilunion o Prosegur, son cada vez más selectivas y descartan licitaciones donde el margen es inviable.
El segundo es el precedente propio: la APC ya anuló la licitación 20/2022 por resolución presidencial antes de llegar a adjudicarse. Un proceso publicado en BOE que no llegó a buen puerto. Ese historial genera desconfianza entre los grandes operadores nacionales.
El tercero es la reducción de la bolsa de horas: en 2023 el contrato incluía 1.500 horas adicionales retribuidas. Ahora se reduce a 600, un 60% menos. El tráfico del puerto ha crecido hasta dos millones de pasajeros en 2025, pero los ingresos variables para la empresa bajan. La ecuación no mejora el atractivo del contrato.
El cuarto es la visita obligatoria presencial: cualquier empresa que no acredite haber visitado las instalaciones antes del 27 de marzo queda excluida automáticamente. Las empresas con sede en Madrid o Barcelona deben desplazarse a Ceuta solo para poder licitar. Si el margen es dudoso, muchas optarán por no hacerlo.
El quinto son los plazos de formación: el pliego exige capacitación específica en infraestructuras críticas, rayos X y uso de desfibrilador, pero da tres meses desde la firma para acreditarla. Eso significa que durante el primer trimestre el puerto opera sin garantía de que los vigilantes tengan esa formación. Una contradicción que cualquier empresa responsable debería señalar en su oferta.
EL PLIEGO: LO QUE FALTA Y LO QUE SOBRA
Más allá del presupuesto, la revisión técnica del pliego de prescripciones revela carencias que van más allá de lo económico y que, en algunos casos, podrían ser causa de impugnación o de nulidad de la adjudicación.
El pliego no define indicadores de calidad ni un régimen de penalidades tasado. Establece que la Autoridad Portuaria puede exigir la sustitución de cualquier trabajador cuyo desempeño no sea satisfactorio, pero no concreta qué se entiende por desempeño insatisfactorio ni los criterios objetivos para aplicarlo. Esa ambigüedad es un riesgo jurídico para ambas partes.
Tampoco se regula el mecanismo de activación de la bolsa de 600 horas: no hay preaviso mínimo, no hay precio unitario por hora extraordinaria, ni criterios objetivos que justifiquen su uso. En caso de disputa, esa indefinición favorece siempre al más fuerte, que en un contrato público no siempre es la administración.
Las comunicaciones entre la APC y la empresa adjudicataria se describen como preferentemente telemáticas, sin especificar plataforma, tiempos de respuesta ni protocolo de contingencia si el canal falla. En un entorno portuario con dos millones de pasajeros al año, esa vaguedad no es aceptable.
El pliego tampoco incluye un protocolo de coordinación con Policía Portuaria y Guardia Civil para situaciones de emergencia, algo que debería ser obligatorio en una instalación calificada como infraestructura crítica y que aplica estándares de control equivalentes a los aeroportuarios.
Finalmente, la exigencia de visita obligatoria como causa de exclusión automática, aunque legalmente posible, es técnicamente cuestionable si el certificado acreditativo no está suficientemente regulado en cuanto a plazos, formato y efectos. Un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública podría prosperar si esa regulación no es precisa.
LO QUE HABRÍA QUE MEJORAR
Un pliego de estas características, para un servicio en una infraestructura crítica con dos millones de pasajeros anuales, debería incorporar al menos lo siguiente: duración del contrato claramente fijada con prórrogas explícitas y valor estimado total; cláusula de revisión anual de precios vinculada al convenio colectivo; acreditación de formación específica antes del inicio del servicio y no tres meses después; restauración de la bolsa de horas a un mínimo de 1.500 con precio unitario regulado; tabla de penalidades objetiva y proporcional; cuadro de turnos obligatorio en la oferta técnica para detectar propuestas inviables antes de la adjudicación; y protocolo expreso de coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado.
Sin estas correcciones, el contrato llega al mercado con demasiadas incógnitas. Y si la duración es de dos años sin revisión de precios, no solo puede quedar desierto, puede también convertirse en el origen de un servicio prestado por debajo del coste real, con las consecuencias de seguridad que eso implica en uno de los pasos fronterizos más transitados del sur de Europa.
