El SUP y el racismo

El periódico El Mundo se hacía eco la semana pasada de una investigación abierta contra varios agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, por presuntos insultos racistas al guardia civil Nebil Mohamed Amarouch en una cafetería de Melilla, en presencia de su mujer y de sus hijos de corta edad.

Este pasado domingo, ese mismo diario publicaba una amplia entrevista a Amanda, la pareja de este guardia civil.

A mi juicio, no se trata de un hecho aislado, ni una casualidad, ni un simple exceso verbal.

Es una señal de alarma.

Una más.

Y cada vez suenan con mayor frecuencia.

Porque lo que estamos viviendo no es un problema puntual: es un proceso de degradación social en el que el racismo avanza, se normaliza y se exhibe sin complejos, generando una profunda preocupación e indignación entre los ciudadanos.

Ceuta y Melilla son termómetros sociales. 

Aquí se detectan antes que en otros lugares las fracturas, los discursos de odio y las tensiones identitarias. 

Y lo que hoy se percibe es profundamente inquietante: una polarización creciente, una radicalización del lenguaje y una aceptación cada vez mayor del desprecio al diferente.

El racismo ya no se susurra.

Se dice en voz alta.

Y demasiadas veces, no pasa nada porque actúan con total Impunidad y sin reproche penal.

Y lo dice quien lo ha sufrido en primera persona.

Cuando estos comportamientos aparecen presuntamenre vinculados a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el daño es doble. 

No solo se hiere a personas concretas; se compromete la credibilidad de instituciones llamadas a garantizar derechos, no a cuestionarlos. 

El uniforme no blinda la impunidad.

Al contrario: exige un nivel de ejemplaridad más alto.

La presunción de inocencia es incuestionable. 

Pero no puede convertirse en una mordaza colectiva ni en una coartada para la pasividad.

Investigar con rapidez y actuar con contundencia no es una opción política: es una obligación democrática. 

Lo verdaderamente irresponsable es minimizar, relativizar o mirar hacia otro lado mientras el racismo se infiltra en espacios donde nunca debió tener cabida.

Sería hipócrita, además, fingir que el problema se limita a un grupo concreto o a un cuerpo policial determinado. 

El racismo está creciendo en la sociedad española. 

Crece en la calle, en las redes sociales, en los discursos públicos y en determinados medios de comunicación. 

Y crece porque se alimenta de mentiras, de bulos y de una desinformación sistemática que tiene nombres y apellidos.

Hay pseudo-periodistas y medios que han abandonado cualquier principio ético. 

No informan: intoxican. 

Fabrican relatos falsos, manipulan datos y señalan a colectivos enteros como chivos expiatorios.

Son auténticos profesionales del odio y la desinformación, y su papel en la polarización social es innegable.

Cada titular incendiario y cada bulo difundido sin contraste tienen consecuencias reales.

Este clima no se sostiene sin el respaldo de determinados entornos políticos que han hecho del racismo una herramienta estratégica y con fines electoralistas. 

Pero tampoco sin la complicidad de quienes les conceden micrófono, plató y legitimidad.

Cuando el odio se convierte en opinión y la mentira en debate, la democracia entra en una fase de serio deterioro.

La reacción social en Melilla demuestra, sin embargo, que una parte importante de la ciudadanía no está dispuesta a aceptar esta deriva. 

Se reclama una respuesta rápida y ejemplarizante. 

No por castigo, sino por supervivencia democrática. 

Porque una sociedad fracturada, enfrentada y desinformada es una sociedad más débil y más injusta.

Denunciar el racismo no es atacar a las fuerzas de seguridad. 

Es defenderlas de quienes las utilizan como escudo para el desprecio y la intolerancia. 

El silencio no protege a las instituciones; protege a quienes las dañan desde dentro.

El racismo ya no es marginal. 

Está creciendo, se está normalizando y, en algunos discursos, se está institucionalizando. 

Y ante eso no caben equidistancias ni silencios cómodos. 

Porque cuando el odio avanza y nadie lo frena, la democracia no se erosiona: se rompe.

Y aquí el SUP, a mi juicio, se equivoca una vez más.

El apoyo público del Sindicato Unificado de Policía a este grupo de agentes de la UIP investigados por presuntos insultos racistas y de odio contra este guardia civil, no es solo un error ético y moral: es una declaración de intenciones profundamente preocupante. 

En lugar de apostar por la prudencia, el respeto institucional y la defensa de valores democráticos básicos, este sindicato ha optado por el corporativismo más rancio, ese que blinda presuntos comportamientos inaceptables bajo la excusa de la "defensa del compañero", aunque lo que esté en juego sea la dignidad de otra persona y la imagen de todo un cuerpo.

Conviene subrayar un aspecto esencial: los hechos aún no han sido esclarecidos y, como en cualquier Estado de Derecho, prevalece la presunción de inocencia de los policías investigados.

Nadie discute ese principio básico.

Precisamente por eso resulta todavía más incomprensible la precipitación del SUP al posicionarse públicamente y de forma tan contundente, ofreciendo sus servicios jurídicos a los agentes implicados.

¿Ofrecería también este sindicato públicamente y de manera anticipada sus servicios jurídicos a policías implicados en asuntos de narcotráfico o violencia de género, o por el contrario, mantendría prudencia hasta el esclarecimiento de los hechos?

Cuando están involucrados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni los sindicatos policiales ni las asociaciones profesionales de guardias civiles deberían lanzarse a pronunciamientos públicos apresurados que, lejos de aclarar nada, contribuyen a una peligrosa erosión de la confianza institucional y a una polarización innecesaria.

Los hechos denunciados, en cualquier caso, no son menores. 

No hablamos de una simple discusión de bar ni de un malentendido sin importancia, sino de presuntos insultos de carácter racista dirigidos a Nebil, que recordemos es un agente de la Guardia Civil en activo.

En ciudades como Ceuta Melilla, donde la convivencia y el respeto a la diversidad son especialmente sensibles, este tipo de acusaciones exigen mesura, responsabilidad y altura de miras. 

Pronunciarse públicamente antes de que concluyan las investigaciones no protege a la institución: la debilita.

Más alarmante aún ha sido la reacción del SUP ante las declaraciones de la Delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader.

Que una representante del Estado se pronuncie con firmeza frente a comportamientos presuntamente racistas no debería escandalizar a nadie; al contrario, debería entenderse como una obligación institucional. 

Sin embargo, el sindicato ha preferido atacar sus palabras y presentarse como víctima, alimentando una narrativa de confrontación que no beneficia ni a los agentes ni a la ciudadanía.

En cambio, no se han pronunciado sobre las reacciones del Presidente de la ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, declaraciones por cierto, que han ido en la misma linea que las expresada por la Delegada del Gobierno.

Este triste episodio tampoco puede desligarse de antecedentes que ya marcaron una grave fractura interna en el propio SUP. 

El acuerdo de colaboración firmado en agosto de 2024 con el jefe y fundador de la empresa Desokupa, Daniel Esteve, para formar agentes en defensa personal, supuso una auténtica crisis dentro del sindicato. 

Numerosas delegaciones y afiliados expresaron públicamente su rechazo, se produjeron bajas, dimisiones, comunicados críticos desde secciones territoriales y una fuerte división entre quienes consideraban ese convenio una traición a los valores democráticos y quienes intentaron justificarlo como una mera colaboración operativa.

No era una polémica menor. 

Daniel Esteve ha sido denunciado en múltiples ocasiones por periodistas y colectivos sociales por declaraciones y comportamientos reiteradamente calificados como racistas, amenazantes y violentos en lo verbal. 

Que un sindicato policial decidiera vincular su imagen a una empresa y a un personaje con ese historial, fue interpretado por muchos afiliados como una línea roja cruzada. 

Aquella decisión no solo dañó la imagen externa del SUP, sino que evidenció una desconexión profunda entre la cúpula sindical, el Ministerio del Interior y una parte significativa de su base.

No se trata de demonizar a los agentes ni de cuestionar la labor policial, que en la inmensa mayoría de los casos es profesional y esencial para la convivencia. 

Se trata de exigir responsabilidad a quienes los representan. 

Defender derechos laborales no puede convertirse en una coartada para pronunciamientos apresurados sobre actitudes presuntamente incompatibles con los valores constitucionales ni para intervenir públicamente en asuntos aún bajo investigación.

El racismo, real o tolerado, no puede encontrar refugio ni en los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni en las organizaciones que dicen defenderlos. 

Y una vez más, el SUP parece empeñado en situarse en un lugar que no solo puede dividir a la sociedad, sino que también fractura a la propia institución policial y erosiona la confianza que debería proteger.