Otra vez
Todos hemos vivido días en los que las palabras resultan insuficientes. Hoy es uno de ellos. Desde estas páginas queremos trasladar nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas mortales del terrible accidente ferroviario ocurrido ayer en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. A ellos, todo nuestro cariño, respeto y afecto. Y a los heridos, a quienes han vivido el horror en primera persona y a sus familias, toda nuestra solidaridad y nuestros mejores deseos de recuperación.
Pero al dolor se suma hoy algo más: la consternación, el estupor y una rabia difícil de contener. Otra vez. Sí, otra vez. España vuelve a llorar una tragedia ferroviaria de enorme gravedad apenas nueve meses después de Adamuz, donde murieron 46 personas. Dos accidentes de dimensiones estremecedoras en un periodo insoportablemente corto. No podemos aceptar que la seguridad de quienes viajan en nuestros trenes quede bajo semejante sombra de incertidumbre. Subirse a un tren no debería ser un acto de valentía. Volver a casa no debería depender de la suerte.
Todavía es pronto para conocer las causas exactas del siniestro. Precisamente por eso, la investigación debe ser rigurosa, transparente y llegar hasta el final. Sin excusas, sin opacidad y sin convertir la tragedia en un intercambio de reproches partidistas. Pero que nadie confunda la prudencia con el silencio. Las explicaciones son obligatorias y las responsabilidades políticas deben asumirse inmediatamente y sin evasivas.
Una sociedad moderna no puede conformarse con lamentar las víctimas, anunciar investigaciones y esperar a que el tiempo diluya la indignación. La seguridad ferroviaria exige mantenimiento, inversión, supervisión y una gestión a la altura de un servicio del que dependen millones de ciudadanos. Cuando se repiten tragedias de esta magnitud, es legítimo y necesario preguntarse qué está fallando, qué controles existen y si quienes deben garantizar la seguridad están cumpliendo con su obligación.
Tampoco podemos ignorar el deterioro y las deficiencias que tantos ciudadanos denuncian en servicios esenciales como el ferrocarril, la sanidad o las infraestructuras. No todo responde necesariamente a una misma causa, pero sí existe una exigencia común: los servicios públicos deben funcionar, y quienes los dirigen deben rendir cuentas. Y en este caso, Oscar Puente debe dimitir inmediatamente. Gobernar no consiste únicamente en comparecer después de una catástrofe; consiste, sobre todo, en hacer cuanto esté en la mano para evitarla.
Hoy, antes que cualquier consideración política, están las víctimas. Después, debe llegar la verdad. Y con ella, las decisiones y las responsabilidades que correspondan. Porque las condolencias son imprescindibles, pero no bastan. Las promesas tampoco. Un país no puede acostumbrarse a contar muertos, encadenar tragedias y pasar página hasta la siguiente. Otra vez, no por favor. Nunca más.