Álvaro García Ortiz dimite como fiscal general del Estado tras la condena del Supremo

Álvaro García Ortiz presentó este lunes su dimisión como fiscal general del Estado después de hacerse pública la condena dictada por el Tribunal Supremo, que lo sanciona con dos años de inhabilitación por la divulgación de datos pertenecientes a una investigación tributaria.

La decisión fue comunicada a través de una carta enviada al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que explica que considera necesario abandonar el cargo tras conocerse el fallo del Alto Tribunal.

La resolución, adelantada la semana pasada sin el detalle de sus fundamentos jurídicos, declara acreditado que García Ortiz difundió información relativa al procedimiento por fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La condena incluye además el pago de una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros al afectado y la asunción de las costas del proceso.

Aunque la sentencia es firme, el fiscal general saliente podrá solicitar un incidente de nulidad cuando el Supremo haga público el texto completo y, si ese trámite no prospera, tendrá la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, pese a disponer de esas vías legales, García Ortiz solicita que el Consejo de Ministros de por concluido su mandato sin esperar a la publicación definitiva del fallo.