Casi dos años sin solución definitiva para las bonificaciones en Ceuta y Melilla

Dos años sin solución definitiva para las bonificaciones en Ceuta y Melilla. El PP registró el 24 de noviembre de 2023 una proposición de ley en el Senado para recuperar las ayudas del 50% a las cuotas de la Seguridad Social que el Gobierno había derogado unos meses antes. Pese a aquel intento, las empresas de ambos territorios siguen sin un régimen estable que sustituya plenamente al anterior, y el futuro de estas ventajas, integradas en el Plan Integral para Ceuta y Melilla que expira en 2026, continúa en el aire.

El 24 de noviembre de 2023, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado registró una proposición de ley para recuperar las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla. La iniciativa respondía a la derogación del sistema anterior, que desde 2004 permitía una reducción del 50% de las aportaciones empresariales por contingencias comunes, desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial.

El cambio se produjo tras la aprobación del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, que modificó el marco de incentivos a la contratación laboral. Su artículo 31 sustituyó la bonificación del 50% por una ayuda fija de 262 euros mensuales por trabajador, condicionada además a la realización de 20 horas anuales de formación. La nueva norma —que entró en vigor el 1 de septiembre de 2023— eliminó así uno de los principales pilares del régimen económico especial de las dos ciudades autónomas.

El PP consideró entonces que el nuevo sistema “desconocido y eminentemente más perjudicial” para el tejido productivo suponía un golpe directo al empleo y a la competitividad local. La proposición de ley, firmada por el portavoz popular Javier Arenas, pedía derogar el artículo 31 del Real Decreto-ley y restablecer la disposición adicional vigésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, donde se reconocía expresamente la bonificación del 50%.

El texto también cuestionaba la eficacia del Real Decreto 660/2023, aprobado en julio de aquel año, que estableció un régimen de subvenciones compensatorias para las empresas de Ceuta y Melilla. Según esa norma, las compañías podían solicitar ayudas equivalentes a la diferencia hasta el 50% de cotización, pero debían adelantar el dinero y reclamarlo después en el ciclo fiscal siguiente, lo que generó tensiones de liquidez y críticas entre las organizaciones empresariales.

El documento del PP argumentaba que el nuevo modelo había provocado “una ralentización en las contrataciones” y una “inseguridad jurídica” contraria a los objetivos que justificaron la bonificación original: mantener el empleo y favorecer la convergencia con la media nacional. Los populares subrayaban que el sistema de subvenciones resultaba incluso más costoso para el Estado y que la derogación carecía de “fundamento presupuestario”.

La iniciativa recordaba que la medida de 2004 nació con un amplio consenso social y sindical, e incluía la obligación de las empresas beneficiarias de abonar un complemento retributivo a los trabajadores, de modo que parte del ahorro empresarial se trasladara a las familias. Ese equilibrio, sostenía el PP, había consolidado las bonificaciones como un instrumento estructural del modelo económico de Ceuta y Melilla.

El texto ponía el acento en la singularidad geográfica y económica de las dos ciudades: la lejanía, la falta de tejido industrial, la dependencia del sector servicios y las tensiones derivadas de su condición de frontera terrestre con Marruecos. En ese contexto, las bonificaciones se describían como una herramienta esencial para compensar las desventajas estructurales y sostener la actividad empresarial.

Pese a ello, la proposición de ley del PP no prosperó y el sistema vigente sigue siendo el de subvenciones con carácter temporal. Aunque el Gobierno incluyó las bonificaciones dentro del Plan Integral para el Desarrollo de Ceuta y Melilla, que se extiende hasta 2026, la incertidumbre sobre su continuidad más allá de esa fecha se mantiene.

Casi dos años después de aquel registro en el Senado, las bonificaciones del 50% no han sido restablecidas. El modelo actual, limitado a contratos indefinidos y sin aplicarse a los temporales, continúa siendo objeto de debate político y preocupación empresarial. En el horizonte, la misma pregunta que se formulaba en 2023 sigue abierta: si el compromiso de equiparar las tasas de paro con el resto del país se cumple, ¿desaparecerán también las ayudas que históricamente sostuvieron el empleo en Ceuta y Melilla? El diputado ceutí Javier Celaya, en reiteradas ocasiones, ha declarado que sí, y que por esa misma condición, esas ayudas a las entidades “no son un privilegio” en las ciudades autónomas.