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CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno ha aprobado un amplio paquete de medidas económicas valorado en más de 5.000 millones de euros para hacer frente al impacto de la guerra en Irán y su repercusión en los mercados energéticos internacionales, en lo que el Ejecutivo define como el mayor escudo social y económico desplegado en España ante una crisis exterior.
El plan, articulado a través de un Real Decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros extraordinario, incluye un total de 80 medidas destinadas a amortiguar el impacto inmediato de la subida de precios en hogares y empresas, así como a reforzar la autonomía energética del país a medio plazo.
Entre las actuaciones más destacadas figura una drástica rebaja de la fiscalidad energética, con reducciones de hasta el 60% en los impuestos asociados a la electricidad, además de la bajada del IVA de la luz, el gas y los combustibles del 21% al 10%.
Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible dirigida a sectores especialmente afectados como el transporte, la agricultura, la ganadería o la pesca, junto a otra ayuda equivalente para la adquisición de fertilizantes.
El presidente del Gobierno ha reconocido que la guerra tendrá un coste estimado de 5.000 millones de euros para España, aunque ha defendido la necesidad de este esfuerzo para proteger el tejido productivo y a los colectivos más vulnerables.
El paquete incluye también la prórroga durante todo 2026 de las medidas del escudo social, como los descuentos del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares vulnerables.
En paralelo, se refuerzan las ayudas al sector industrial, con una reducción del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, con el objetivo de preservar la competitividad y el empleo.
El plan contempla igualmente medidas de apoyo financiero, como la ampliación en 300 millones de euros de las líneas de crédito para el sector agroalimentario y pesquero.
En el ámbito de la vivienda, el Gobierno ha aprobado una congelación temporal de los precios del alquiler, siguiendo precedentes aplicados en crisis anteriores.
Más allá de las medidas coyunturales, el Ejecutivo ha incorporado un segundo eje estratégico centrado en acelerar la transición energética, con incentivos al autoconsumo y a la instalación de energías renovables.
Entre ellas, destacan deducciones fiscales para la instalación de placas solares, puntos de recarga de vehículos eléctricos y sistemas de climatización eficientes.
El plan también amplía la distancia permitida para el autoconsumo energético, facilitando el desarrollo de comunidades energéticas locales, una medida con potencial impacto en territorios como Ceuta.
En este contexto, la ciudad autónoma podría beneficiarse especialmente de las políticas de electrificación y reducción de dependencia energética exterior, dada su singularidad geográfica y su exposición a los costes de transporte energético.
El Ejecutivo ha advertido de que las medidas no evitarán completamente el impacto de la guerra, pero sí lo harán “más llevadero” para la ciudadanía y el tejido empresarial.
El Gobierno ha insistido en que el plan no es cerrado y que podrá ampliarse en función de la evolución del conflicto y sus consecuencias económicas.
Finalmente, el presidente ha reiterado la necesidad de un cese inmediato del conflicto, subrayando que la respuesta económica no sustituye a la urgencia de una solución diplomática.
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