Arcadi España respalda la huelga y admite que las medidas de vivienda aún no son suficientes

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha expresado este miércoles su respeto a la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre y ha asegurado compartir la "llamada de atención" que realizan sus convocantes ante el problema de acceso a la vivienda existente en España.

Durante su comparecencia en Ceuta, España ha defendido que la convocatoria debe afrontarse con "absoluta normalidad", al tratarse del ejercicio de un derecho constitucional que, según ha recordado, ha sido utilizado históricamente desde posiciones ideológicas y reivindicaciones muy diferentes.

El ministro ha respondido así al ser preguntado tanto por el sentido de la protesta como por el rechazo expresado desde las organizaciones empresariales, que han cuestionado su carácter y advertido del coste que podría tener para las empresas.

España ha centrado su respuesta en la vivienda, al considerar que existe una preocupación real en la sociedad española por las dificultades para acceder a un inmueble y que los convocantes de la huelga están poniendo este problema sobre la mesa.

El representante gubernamental ha asegurado que el Ejecutivo comparte esa preocupación y ha defendido las iniciativas adoptadas por el Consejo de Ministros, aunque ha reconocido que todavía resultan insuficientes para resolver el problema.

Entre las medidas citadas se encuentran las ayudas dirigidas a los inquilinos, que, según ha explicado, pueden representar una rebaja de hasta 1.000 euros en el IRPF, así como incentivos fiscales para los pequeños propietarios que reduzcan los precios y ofrezcan alquileres más asequibles.

España también se ha referido a la posibilidad de disponer de hasta 50.000 euros a tipo cero para afrontar la entrada de una vivienda, una medida que, según ha señalado, pretende beneficiar no únicamente a los jóvenes, sino al conjunto de ciudadanos con dificultades para acceder al mercado inmobiliario.

Preguntado directamente contra quién considera que se dirige la huelga, ha evitado identificar a una administración o formación política concreta y ha señalado que corresponde a los propios convocantes fijar el destinatario de sus reivindicaciones.

A su juicio, serán los ciudadanos quienes, observando la actuación de los distintos partidos y gobiernos, puedan determinar a quién corresponde responder a esas demandas.

"El que se sienta aludido" deberá reflexionar sobre las medidas que está adoptando, ha venido a señalar España, quien ha defendido que el Gobierno central apuesta por intervenir en el mercado inmobiliario utilizando los instrumentos jurídicos que tiene a su alcance.

El ministro ha recordado, no obstante, que la vivienda constituye una competencia autonómica, aunque ha rechazado que esta circunstancia haya impedido actuar al Ejecutivo central.

En este sentido, ha reivindicado la aprobación de la primera ley estatal de vivienda de la democracia y ha cifrado en 7.000 millones de euros los fondos puestos por el Gobierno de España a disposición de las comunidades autónomas en esta materia.

España considera necesario seguir profundizando en estas políticas y ha insistido en que el Ejecutivo necesita disponer de instrumentos jurídicos suficientes para continuar interviniendo en un mercado que sigue generando dificultades a una parte importante de la población.

Por ello, aunque ha defendido las actuaciones impulsadas hasta ahora, ha admitido que todavía queda trabajo por hacer y ha situado la protesta del 11 de noviembre dentro de la preocupación social existente en torno al acceso a una vivienda.