La AUGC critica que el PSOE haya rechazado eliminar el Código Penal Militar a los guardias civiles
CÓDIGO PENAL MILITAR
Para la AUGC, esta postura demuestra que “la táctica política pesa más que la urgencia de acabar con una injusticia que ellos mismos admiten”, dejando, una vez más, “a los guardias civiles en segundo plano”
Ceuta/ El Grupo Parlamentario Socialista ha sido el único en votar en contra de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Sumar en el Congreso de los Diputados, que instaba a poner fin a la aplicación del Código Penal Militar (CPM) a los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones policiales. La iniciativa buscaba equiparar el régimen jurídico de este cuerpo al del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no logró el respaldo unánime de la Cámara.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) calificaron la postura del PSOE de “inaceptable” y recordaron que “en pleno siglo XXI los guardias civiles siguen sometidos a una legislación de carácter militar por cuestiones estrictamente relacionadas con su labor como agentes de seguridad pública”. En un comunicado, la organización lamentó que esta situación “perpetúe una desigualdad jurídica” y “suponga una amenaza constante de sanciones y procesos ante tribunales militares”.
AUGC mostró además su preocupación por las palabras del diputado socialista que defendió la “eficacia del militarismo” como motivo para mantener la vinculación con la jurisdicción castrense. “Resulta especialmente preocupante escuchar ese argumento”, señalaron, subrayando que la propuesta de Sumar “no cuestionaba la naturaleza de la Guardia Civil, sino que reclamaba derechos básicos y garantías jurídicas para sus integrantes”.
Para la AUGC, esta postura demuestra que “la táctica política pesa más que la urgencia de acabar con una injusticia que ellos mismos admiten”, dejando, una vez más, “a los guardias civiles en segundo plano”.
La asociación reiteró su compromiso con una Guardia Civil “moderna, eficaz y plenamente democrática”, en la que sus hombres y mujeres puedan desempeñar su labor “bajo el amparo de la justicia ordinaria, como corresponde a cualquier cuerpo policial en una sociedad avanzada”.
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