CCOO logra que la jornada de 35 horas se extienda a todo el personal de la Administración del Estado
EMPLEO
Función Pública acepta incluir a colectivos con turnos especiales tras rechazar el sindicato una aplicación parcial
El sindicato CCOO ha conseguido que la jornada laboral de 35 horas semanales se aplique a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), después de que Función Pública rectificara su propuesta inicial, que dejaba fuera a colectivos con condiciones especiales como turnos rotatorios, jornadas partidas o servicios en ámbitos docentes y sanitarios en Ceuta y Melilla.
La organización sindical rechazó desde el inicio una medida que consideraba discriminatoria. Según defendía, “no existe ninguna norma legal que justifique que teniendo el mismo empleador que es el Estado, una parte de la plantilla realizase 1.533 horas anuales y otra parte más de 1.642 horas anuales”, lo que, a su juicio, generaba un trato desigual en las condiciones laborales.
Finalmente, Función Pública ha aceptado la propuesta de CCOO y se ha comprometido a implantar esta jornada para todo el personal funcionario, estatutario y laboral cuyos derechos se negocian en el marco de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. La medida, que beneficiará a más de 246.000 empleados públicos, se enmarca en el “Acuerdo Marco para una administración del siglo XXI”, firmado entre el sindicato y el Gobierno.
La implantación será progresiva, dada la diversidad de servicios que presta la Administración. En un plazo de 15 días, la Secretaría de Estado de Función Pública prevé modificar la resolución de jornadas y horarios vigente desde 2019 para adaptar el nuevo cómputo de 35 horas semanales. Asimismo, los departamentos ministeriales y organismos públicos deberán ajustar sus calendarios laborales y las instrucciones específicas, previa negociación con la representación sindical.
En el caso del personal directivo con especial dedicación, los horarios también se verán modificados, estableciéndose una media de 37,5 horas semanales en cómputo anual. La reducción global del tiempo de trabajo —2,5 horas semanales, equivalente a un 7,1%— obligará a revisar la planificación de recursos humanos y a detectar necesidades de personal, especialmente en servicios con atención directa a la ciudadanía o sujetos a turnicidad.
Desde CCOO sostienen que la medida contribuirá a “modernizar la organización del trabajo”, mejorar la productividad y favorecer la conciliación de la vida personal y profesional, además de tener un impacto positivo en la salud física y mental de los trabajadores.
No obstante, el sindicato advierte de que vigilará su desarrollo para evitar que la reducción de jornada “sea una medida electoralista que ponga en riesgo los servicios públicos”. En este sentido, reclama que la Oferta de Empleo Público de 2026 se negocie con rapidez y permita cubrir las necesidades actuales, garantizando el acceso de la ciudadanía a los servicios del Estado en un contexto marcado por la incertidumbre derivada del conflicto bélico.
