Ceuta analizará cambios en el Bono Alquiler Joven sin comprometer la financiación estatal

La Asamblea de Ceuta ha aprobado este miércoles una propuesta presentada por el PSOE para estudiar posibles mejoras en la gestión del Bono Alquiler Joven en futuras convocatorias. La iniciativa contó con el respaldo del Gobierno de la Ciudad, además del MDyC y Ceuta Ya!

La propuesta socialista plantea la realización de un estudio técnico y jurídico del modelo actual, con el objetivo de introducir mejoras orientadas a priorizar la necesidad social, reforzar la dotación económica y ampliar el acceso a la ayuda. Entre las medidas sugeridas se incluye la incorporación de criterios objetivos como el nivel de ingresos o la situación de vulnerabilidad, así como el análisis de mecanismos que eviten la exclusión de solicitantes que cumplen los requisitos.

El consejero de Vivienda, Alejandro Ramírez, fue el encargado de responder a la iniciativa, confirmando el apoyo del Ejecutivo local: “En primer lugar, decir que vamos a apoyar esta propuesta. Las ayudas al Bono Alquiler Joven, actualmente con convocatoria abierta, se regulan por el Real Decreto 42/2022, donde cada comunidad autónoma puede hacer modificaciones, pero siempre respetando lo recogido por el Real Decreto Ley; no se puede ir en contra del mismo”.

Ramírez explicó que la normativa estatal establece que el Bono Alquiler Joven está dirigido a menores de 35 años, con independencia de su nivel de renta, lo que limita la posibilidad de introducir cambios como los planteados: “En relación con su propuesta de modificación para que las ayudas se concedan por nivel de renta, no es la cuestión fundamental que recoge la normativa, pues el colectivo es menores de 35 años, con independencia de su renta. A priori, me dicen los servicios jurídicos de la Consejería que, para aplicarlo, se deberían redactar otras bases distintas a lo establecido en el Real Decreto Ley; es decir, serían unas ayudas diferentes”.

En este sentido, el consejero advirtió de que un cambio de este tipo implicaría renunciar a la financiación estatal: “En definitiva, no se podría contar con la financiación del Estado y se tendría que realizar desde cero por parte de la Ciudad”.

Ayudas directas

Asimismo, detalló que el modelo actual responde a la figura de ayudas directas: “El Real Decreto dice que estas ayudas se podrán dar de forma directa, conforme a los supuestos del artículo 22.2 de la Ley de Subvenciones. Las ayudas directas se caracterizan porque no se comparan unas solicitudes con otras, sino que se conceden a todos los que cumplen los requisitos sin proceso competitivo”.

Ramírez subrayó que este sistema se aplica cuando el beneficiario está claramente definido: “Se hace así cuando el beneficiario está perfectamente definido o se busca ayudar a un determinado colectivo social; en este caso, es una ayuda para jóvenes menores de 35 años”.

Además, recordó que existen otras líneas dentro del plan estatal que sí contemplan criterios de ingresos: “El resto del plan tiene diversas líneas que sí tienen en cuenta los ingresos, como las ayudas al alquiler de vivienda o las dirigidas a víctimas de violencia de género”.

En cuanto a la convocatoria vigente, el consejero indicó que mantiene una ayuda de 250 euros mensuales durante un máximo de 24 mensualidades, con un presupuesto total de 300.000 euros, de los cuales 200.000 son financiados por el Estado y 100.000 por la Ciudad.

Pese a las limitaciones expuestas, el responsable de Vivienda reiteró el compromiso del Gobierno de analizar la propuesta: “No obstante, apoyaremos su propuesta, estudiaremos en profundidad las cuestiones que plantea y, en base a eso, veremos las propuestas y haremos un planteamiento, ya sea con la ayuda del Estado o de forma directa”.

Finalmente, Ramírez destacó las actuaciones que se están llevando a cabo en materia de vivienda en la ciudad, entre ellas el Plan de Vivienda de Ceuta 2025-2028, la rehabilitación del 100 % del parque público, ayudas por valor de 3,4 millones de euros para la rehabilitación de antiguas VPO y la reducción al tipo mínimo del 0,5 % del IPSI, tasas e ICIO para la construcción de viviendas públicas y privadas.