Ceuta estudia llevar al Estado ante el Supremo tras la llamada del ministro Torres

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha dejado sobre la mesa la decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la Administración General del Estado por su presunta inactividad en la asignación de los medios personales y materiales necesarios para tramitar los procedimientos de expulsión, devolución y protección internacional de las personas adultas que entraron de manera masiva e irregular en la ciudad los días 30 y 31 de julio y que permanecen en ella.

La decisión ha quedado pendiente después de que el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, recibiera durante la celebración del Consejo de Gobierno una llamada del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que le informó de que el Ejecutivo central había remitido una contestación al requerimiento formulado por la Ciudad.

Según explicó Ramírez ante los medios de comunicación, la respuesta había sido registrada y trasladada a los servicios de la Administración local durante la mañana de este martes. En estos momentos, los servicios jurídicos están analizando su contenido para determinar si procede continuar adelante con la presentación del recurso ante el Alto Tribunal.

Un requerimiento sin contestación dentro del plazo

El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Gobierno acordó formular un requerimiento previo a la Administración General del Estado para que dictara y notificara, en el plazo de un mes, una resolución expresa sobre los expedientes relativos a las personas que accedieron a Ceuta durante las entradas masivas de finales de julio.

El requerimiento se presentó el 18 de septiembre y, una vez transcurrido el plazo establecido, la Ciudad no había recibido contestación. Por este motivo, el Ejecutivo local decidió dar un paso más y preparar la vía contencioso-administrativa.

Sin embargo, la comunicación recibida este martes ha obligado a aplazar la decisión definitiva hasta que los servicios jurídicos estudien la documentación remitida por el Ministerio. La cuestión principal será determinar las consecuencias jurídicas de una respuesta que, según la posición defendida por el Gobierno ceutí, se habría producido fuera del plazo concedido.

Ceuta denuncia que la situación sigue sin normalizarse

El Gobierno de la Ciudad sostiene que la situación derivada de las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio continúa sin resolverse y que Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad.

En este sentido, Ramírez recordó que, cerca de cumplirse tres meses de aquellos acontecimientos, ninguna de las personas que entraron en la ciudad durante esas jornadas habría sido devuelta a Marruecos mediante un procedimiento de devolución forzosa. Según expuso, los retornos que se han producido hasta el momento han sido voluntarios o consecuencia de la comisión de algún delito.

El portavoz también cuestionó que las salidas voluntarias constituyan el principal mecanismo efectivo de retorno, teniendo en cuenta la dimensión de la situación que afronta la ciudad. «Que el único mecanismo de devolución por parte del Gobierno sea la buena fe de estas personas que llevan tres meses en Ceuta, de decir “hoy me quiero ir para Marruecos”, es que yo creo que es lamentable», manifestó Ramírez.

El portavoz insistió en la gravedad de lo sucedido a finales de julio y señaló que, según los datos trasladados por el Gobierno local, todavía había más de 7.000 personas en campamentos. A su juicio, la respuesta del Ejecutivo central resulta insuficiente ante la magnitud de la situación y la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos correspondientes.

Los servicios jurídicos decidirán los próximos pasos

Por el momento, el recurso ante el Tribunal Supremo no se ha presentado, a la espera de que los servicios jurídicos de la Ciudad examinen la contestación del Ministerio de Política Territorial.

El Gobierno de Ceuta deberá valorar si la respuesta recibida modifica las circunstancias que motivaron el requerimiento previo o si, por el contrario, mantiene su decisión de acudir a la vía judicial para reclamar la actuación de la Administración General del Estado.

La llamada de Ángel Víctor Torres ha introducido así un nuevo elemento en un conflicto que enfrenta a ambas administraciones por la gestión de las personas que permanecen en Ceuta tras las entradas masivas de finales de julio. La decisión definitiva dependerá ahora del análisis jurídico de la documentación remitida y de las conclusiones que se extraigan sobre el cumplimiento de los plazos y las obligaciones administrativas.