Ceuta lleva al Supremo la "inacción" del Estado ante la invasión de finales de julio

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado este martes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la inactividad de la Administración General del Estado en relación con la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para tramitar, dentro de los plazos legalmente establecidos, los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de las personas mayores de edad que accedieron de manera masiva e irregular a la ciudad los pasados 30 y 31 de julio y que continúan permaneciendo en Ceuta.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno de la Ciudad, Alejandro Ramírez, durante su comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno, en la que ha informado de los principales asuntos abordados durante la sesión.

La decisión adoptada supone un nuevo paso en la vía administrativa y judicial emprendida por el Ejecutivo local para reclamar una respuesta por parte del Estado ante una situación que, según ha trasladado el Gobierno ceutí, continúa prolongándose sin que se hayan producido avances suficientes para recuperar la normalidad en la ciudad.

Ramírez ha explicado que esta iniciativa judicial llega después de que la Administración General del Estado no respondiera al requerimiento formal que le había sido presentado por la Ciudad Autónoma para que adoptara las medidas oportunas y resolviera los expedientes afectados dentro de los plazos legalmente previstos.

En este sentido, el portavoz ha recordado que el Consejo de Gobierno acordó el pasado 16 de septiembre formular dicho requerimiento previo a la Administración General del Estado. El escrito fue presentado el 18 de septiembre y en él se solicitaba que, en el plazo de un mes, se dictara y notificara una resolución expresa en relación con los procedimientos mencionados.

Sin embargo, una vez transcurrido el plazo establecido, el Gobierno de Ceuta asegura que no había recibido contestación, circunstancia que ha motivado la decisión de acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo. «El requerimiento fue presentado el 18 de septiembre y, una vez transcurrido el mes previsto, no hemos recibido respuesta por parte de la Administración General del Estado. Por eso, el Gobierno de la Ciudad ha decidido dar un paso más y acudir a la vía judicial», ha señalado Ramírez.

La Ciudad reclama medios para agilizar los procedimientos

El recurso tiene como objetivo que se examine la inactividad que el Ejecutivo ceutí atribuye a la Administración General del Estado en la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para gestionar los expedientes de las personas adultas que llegaron a Ceuta durante las entradas masivas de finales de julio.

La reclamación se refiere tanto a los procedimientos de expulsión o devolución como a los relativos a la protección internacional, cuya tramitación debe ajustarse a los plazos y garantías establecidos por la legislación vigente.

Desde el Gobierno local se considera necesario que la Administración General del Estado disponga de los medios adecuados para afrontar esta situación y dar respuesta a los procedimientos pendientes. La falta de contestación al requerimiento previo ha llevado al Ejecutivo a recurrir a los tribunales para defender su posición y solicitar una respuesta administrativa.

La decisión se enmarca en la preocupación expresada por el Gobierno de Ceuta ante la prolongación de las consecuencias de las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio, un episodio que, según la valoración trasladada por el Ejecutivo autonómico, continúa teniendo repercusiones sobre la ciudad.

Una situación que continúa sin resolverse

La iniciativa judicial también se produce después de que el presidente de la Ciudad Autónoma trasladara públicamente este lunes su preocupación por la evolución de la situación migratoria. El Ejecutivo sostiene que, pese al tiempo transcurrido desde los acontecimientos de finales de julio, Ceuta continúa lejos de recuperar la normalidad.

Alejandro Ramírez ha incidido en que el paso de las semanas no ha supuesto, a juicio del Gobierno local, una solución efectiva al escenario generado tras aquellas entradas. En este contexto, el portavoz ha defendido la necesidad de que las administraciones competentes adopten las medidas que correspondan para avanzar en la resolución de los expedientes pendientes. «Lejos de remitir, la situación se ha cronificado y Ceuta sigue muy lejos de recuperar la normalidad», ha manifestado el portavoz, en línea con la posición expresada por el presidente de la Ciudad.

Según los datos expuestos por el Gobierno ceutí, cerca de tres meses después de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, ninguna de las personas que accedieron a la ciudad durante aquellas jornadas habría sido devuelta a Marruecos mediante un procedimiento de expulsión o devolución. El Ejecutivo distingue estos casos de los retornos realizados de manera voluntaria o de aquellos relacionados con personas que han cometido algún delito. «Estamos hablando de una situación que se prolonga en el tiempo sin que se haya producido la respuesta que consideramos necesaria. La Ciudad entiende que deben ponerse a disposición de la Administración los medios personales y materiales suficientes para tramitar los procedimientos que correspondan conforme a la ley», ha indicado Ramírez.

El Gobierno insiste en la necesidad de una respuesta del Estado

Con la interposición del recurso contencioso-administrativo, el Gobierno de Ceuta pretende que la cuestión sea examinada en sede judicial después de haber agotado, según sostiene, el paso previo del requerimiento formal a la Administración General del Estado.

El Ejecutivo local considera que la ausencia de respuesta dentro del plazo concedido justifica avanzar por esta vía y reclamar que se adopten las medidas necesarias para la tramitación de los expedientes afectados.

La actuación acordada por el Consejo de Gobierno vuelve a situar en el centro del debate la coordinación entre las administraciones estatal y autonómica ante situaciones de presión migratoria en Ceuta, así como la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones administrativas y legales derivadas de estos episodios.

Por el momento, el Gobierno de la Ciudad mantiene su reclamación de una respuesta por parte del Estado y ha decidido trasladar el asunto al Tribunal Supremo. La presentación del recurso abre una nueva fase en este procedimiento, cuyo desarrollo dependerá de los pasos que se produzcan en la vía judicial y de las actuaciones que, en su caso, adopte la Administración General del Estado.