Chandiramani reclama en el Consejo de Política Fiscal un trato específico para Ceuta
Política fiscal
La vicepresidenta segunda ha defendido que la financiación se mida por capacidad de prestar servicios equivalentes, no solo por población o capacidad tributaria
Ceuta/ La vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha defendido hoy en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera, presidido en Madrid por la vicepresidenta económica del Gobierno, María Jesús Montero, la necesidad inaplazable de reformar el actual Modelo de Financiación Autonómica y que incorpore, de manera explícita, específica y verificable un tratamiento diferenciado para las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Durante su intervención, Chandiramani ha señalado que Ceuta comparte el diagnóstico del Estado sobre los déficits estructurales del sistema vigente en términos de suficiencia, equidad y adecuación a las realidades territoriales. En este sentido, ha mostrado el apoyo de la Ciudad a los principios rectores recogidos en el documento base, como la suficiencia financiera, la población ajustada, la garantía de los servicios públicos fundamentales, la corresponsabilidad fiscal y la cohesión territorial.
Por ello, ha recordado que la singularidad de Ceuta es estructural y permanente, y se traduce en elevados costes fijos en la prestación de servicios públicos, una presión migratoria excepcional —especialmente en menores no acompañados—, severas limitaciones de escala y un régimen competencial híbrido que requiere un encaje financiero propio.
La vicepresidenta de la Ciudad ha insistido en que la equidad del nuevo modelo debe medirse en función de la capacidad real de los territorios para prestar servicios públicos equivalentes, y no únicamente por criterios poblacionales o de capacidad tributaria. En este marco, detalló los factores diferenciales que caracterizan a Ceuta, como su reducida dimensión territorial y de población, su condición de frontera exterior de la Unión Europea, los altos costes estructurales en servicios básicos, la elevada incidencia de exclusión social y desempleo, su Régimen Económico y Fiscal propio y la ausencia de capacidad normativa plena.
Chandiramani recalcó que estas singularidades no constituyen privilegios, sino condicionantes objetivos que deben reflejarse adecuadamente en el sistema de financiación, al igual que ya se reconocen en documentos estratégicos del Estado como la Estrategia de Seguridad Nacional. Asimismo, ha puesto de relieve que el actual modelo no contempla adecuadamente la sobrecarga financiera derivada de la gestión migratoria, los costes asociados a la discontinuidad territorial, ni el esfuerzo presupuestario extraordinario en políticas sociales, educativas y de vivienda.
Por ello, la Ciudad Autónoma de Ceuta considera imprescindible que el nuevo modelo reconozca expresamente a las Ciudades con Estatuto de Autonomía como una categoría diferenciada, incorpore factores correctores específicos en la población ajustada, garantice una suficiencia financiera real, estable y previsible, refleje los costes fijos estructurales y las necesidades sociales singulares, y articule un encaje coherente y actualizado del Régimen Económico y Fiscal. Asimismo, reclamó mecanismos de financiación específicos para educación, servicios sociales, atención a menores migrantes no acompañados y vivienda.
La consejera ha concluido su intervención destacando que Ceuta es un territorio singular y estratégico para el Estado, con competencias autonómicas y municipales, más allá de su condición de frontera sur, y que solo un sistema de financiación que reconozca las singularidades reales y refuerce la igualdad efectiva permitirá consolidar un modelo territorial justo, equilibrado y sostenible para todos.
En respuesta a las demandas de las autonomías, la vicepresidenta económica del Gobierno, María Jesús Montero, se ha comprometido a abrir un diálogo amplio con todas ellas, incluyendo a Ceuta, para avanzar en la reforma del modelo de financiación. Asimismo, ha asegurado que se reconocerán las especificidades de los territorios no peninsulares, garantizando que sus singularidades sean tenidas en cuenta en el diseño final del sistema.