La Ciudad cambia el sistema de bonificaciones del transporte público

El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación en el sistema de acreditación de las bonificaciones del transporte público urbano, que permitirá a los beneficiarios realizar el trámite directamente ante la empresa gestora, al tiempo que ha dado luz verde a varios convenios sociales dirigidos a mayores y familias vulnerables y a compromisos de gasto plurianuales en materia tecnológica, según explicó el portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, tras la reunión celebrada este martes.

En materia de transporte, el Consejo acordó modificar los requisitos administrativos para la aplicación de las bonificaciones en el servicio urbano gestionado por Amgevicesa. Con el objetivo de simplificar y unificar la gestión, la acreditación de la condición de beneficiario para pensionistas menores de 65 años, pensionistas mayores de esa edad y sus cónyuges o parejas de hecho pasará a realizarse de forma directa ante la empresa de transporte, y no a través de los servicios sociales, como se venía haciendo hasta ahora.

En el ámbito económico y tecnológico, la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital obtuvo la autorización para comprometer las cantidades necesarias para la renovación del contrato del servicio de correo electrónico corporativo en la nube Microsoft Office 365 de la Ciudad Autónoma. El contrato tendrá una duración de cuatro años, entre 2026 y 2029, con un importe total de 480.000 euros, IVA incluido, distribuido en 120.000 euros por cada anualidad.

Por su parte, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales aprobó la renovación del convenio con la Fundación Eduardo Gallardo Salguero para el ejercicio 2026, destinado a financiar el Centro de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal. La subvención nominativa asociada a este acuerdo asciende a 295.000 euros y tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas mayores y prevenir situaciones de dependencia relacionadas con enfermedades neurodegenerativas.

Según explicó el portavoz del Gobierno, este centro complementa el tratamiento médico con programas de estimulación física, cognitiva y psicosocial, orientados a frenar el deterioro funcional y promover la autonomía personal. El convenio permite además el mantenimiento de una docena de empleos cualificados en el ámbito de la gerontología y la atención a personas mayores dependientes.

Asimismo, el Consejo dio luz verde a la tramitación acelerada de un nuevo convenio de colaboración con la entidad Septem Solidaria, dirigido alertar el desarrollo de un proyecto de intervención social centrado en familias en situación de vulnerabilidad y en la erradicación de la pobreza infantil en la ciudad. La subvención prevista para esta iniciativa asciende a 200.000 euros.

El proyecto tiene como finalidad principal la normalización de las condiciones de vida de las familias beneficiarias, la cobertura de necesidades básicas y la atención a situaciones de emergencia social. Para su ejecución, contará con un coordinador encargado de la supervisión, las visitas domiciliarias y la relación con proveedores, además de un equipo de cinco personas voluntarias vinculadas a la asociación.