La Ciudad cifra en un 25% los fondos europeos no ejecutados

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, cifró este lunes en aproximadamente un 25% el volumen de fondos europeos gestionados por la Ciudad que no han podido ejecutarse o deberán devolverse, durante un pleno extraordinario convocado para dar explicaciones sobre la pérdida de financiación vinculada al Mercado de Terrones.

Según expuso, la Ciudad ha gestionado 62,6 millones de euros procedentes de fondos europeos, a los que se han sumado 17,2 millones de aportación propia, lo que eleva la inversión global a 79,8 millones de euros. De las 123 medidas puestas en marcha, en 23 ha sido necesario devolver total o parcialmente los fondos o no han podido completarse “por diferentes circunstancias”. En consecuencia, el 82,7% de las actuaciones “se han ejecutado o se van a ejecutar”.

En cuanto al detalle económico, Ramírez explicó, citando a los servicios técnicos, que las ayudas no utilizadas por falta de solicitantes ascienden a 1.036.159,86 euros; los proyectos que no han podido desarrollarse por indefiniciones en las condiciones de las convocatorias, en el caso específico de Ceuta, suman 2.645.660,36 euros; y las iniciativas no autorizadas o que han quedado desiertas alcanzan los 4.349.837,85 euros.

El consejero enmarcó estas cifras en un “contexto nacional complejo”, asegurando que las dificultades "no son exclusivas de Ceuta" y que en las conferencias sectoriales por ministerios se han constatado problemas similares en otras comunidades y en la propia Administración General del Estado. Recordó que la distribución inicial de los fondos se realizó a través de los ministerios, fijando líneas que posteriormente debían adaptarse a cada territorio, lo que ha generado ajustes técnicos, actuaciones de "difícil desarrollo", "exigencias elevadas de cofinanciación" y plazos “muy ajustados” para proyectos de "gran complejidad".

Ramírez señaló además limitaciones estructurales comunes a todas las administraciones, como la imposibilidad de ampliar con agilidad las plantillas de funcionarios, la necesidad de gestionar los fondos con los recursos humanos existentes y el uso de plataformas estatales “complejas” que han incrementado la carga administrativa. Añadió que el Estado responde ante la Unión Europea en materia de control y justificación, mientras que la ejecución recae en comunidades y ciudades autónomas bajo un marco normativo exigente.

Del informe técnico elaborado por PROCESA, el portavoz enumeró incidencias concretas detectadas en Ceuta: burocratización de los procedimientos del PRTR y escasa eficacia de las medidas de flexibilización en licitaciones, que impiden resolver concursos en menos de seis meses; complejidad de la herramienta estatal Coffee y diversidad de instrucciones entre ministerios, en ocasiones incompatibles; transversalidad de la financiación, que obliga a múltiples firmas y adaptaciones internas; ausencia de proyectos de ejecución al inicio del plan; lentitud en la supervisión por coincidir con la tramitación del Plan General y la falta de una Oficina de Supervisión; dificultades para encontrar licitadores solventes ante la saturación del mercado nacional; problemas en la cadena de suministros y sobrecostes derivados de la extrapeninsularidad; incremento de costes salariales del personal técnico; y riesgos de ejecución por incumplimientos reiterados de plazos en obras.