La Ciudad mantiene sus demandas de financiación en pleno debate sobre el modelo de Montero

“La singularidad competencial de Ceuta exige una atención singular”. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, planteaba esta reivindicación en una sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada el pasado noviembre, apenas un medio y medio antes de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer su propuesta de nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas.

La ministra María Jesús Montero presentaba el pasado viernes los criterios que regirán el reparto de los recursos públicos entre los distintos territorios, un modelo que, según sus cuentas, reportará en 2027, año de su proyectada entrada en vigor, 20.975 millones de euros más a las comunidades autónomas sobre lo que actualmente perciben.

Ceuta, pese a su tamaño y la peculiaridad de su estatus, no se ha quedado atrás en la carrera por reivindicar mejoras en su sistema de financiación público. El Gobierno municipal ha reclamado reiteradamente al Ministerio un marco específico que considere la multiplicidad de competencias municipales y autonómicas que ejerce la Ciudad. El argumento es que la institución municipal asume muchas de las competencias que gestionan las comunidades autónomas, pero sin disponer de la misma capacidad normativa de las que estas están investidas.

Las demandas de las autoridades municipales han pasado siempre por la reivindicación de la actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF) sobre un modelo que tenga en cuenta el carácter fronterizo de la ciudad y su condición de territorio incluido en la Estrategia de Seguridad Nacional.

Hubo que esperar hasta el último trimestre del año pasado para que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y su consejera Chandiramani pudieran plantear personalmente sus demandas a María Jesús Montero. En el encuentro, Vivas planteó una serie de reivindicaciones entre las que figuraban mejoras del incentivo fiscal en el impuesto sobre sociedades para las empresas no residentes que generen empleo en Ceuta, el mantenimiento del respaldo del Estado al esfuerzo que la Ciudad despliega para la atención a los menores extranjeros no acompañados y la creación de un denominado plan de inclusión social. Según propuso el presidente, esta última iniciativa podría financiarse a través de la actualización de subvenciones que actualmente permanecen congeladas. Además, la delegación ceutí también propuso la recuperación de la financiación del 100% por el Estado del convenio de refuerzo educativo y una compensación por las becas y ayudas al estudio que costea la Ciudad.

Un mes después del encuentro con Montero, el secretario de Estado de Hacienda, María Jesús Montero, viajaba hasta Ceuta parta confirmar la buena disposición del Ministerio a negociar las demandas del Gobierno municipal. Gascón se mostró abierto a estudiar una modificación de la ley que permita ampliar los límites que actualmente establece la legislación del impuesto sobre sociedades en lo que respecta a la consideración de rentas obtenidas en Ceuta sin que resulte necesario cerrar el ciclo mercantil completo en la ciudad.

Esta posible modificación afectaría tanto a la cuantía de renta imputable por trabajador como al número total de trabajadores computables, lo que permitiría reforzar la eficacia de este incentivo fiscal como herramienta para atraer inversión empresarial, favorecer la implantación de nuevas actividades económicas y consolidar empleo estable en Ceuta.

En este contexto, el Ministerio de Hacienda ya ha avanzado que Ceuta recibirá en 2026 una inyección económica de 70 millones de euros, lo que significa un incremento del 3,4% sobre los recursos percibidos el pasado año. Esta cantidad incluye la que serán las mayores entregas a cuentas recibidas por la Ciudad en toda la historia, una cantidad que se estima podría alcanzar los 56 millones de euros. A estos fondos habría que sumar otros 15 millones correspondientes a la liquidación de 2024.