La Ciudad recuerda que sancionará a todo el que aloje inmigrantes en su VPO
Piso patera
Ramírez advierte de que se aplicarán medidas sancionadoras y que los servicios jurídicos analizarán cada caso tras los desalojos realizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La Ciudad Autónoma estudiará la imposición de sanciones e incluso la posible rescisión de contratos relacionados con viviendas de protección oficial (VPO) cuyos propietarios estén alojando a migrantes en situación irregular llegados a Ceuta tras la entrada masiva registrada a partir del 31 de julio.
Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, quien ha recordado que el Gobierno local ya remitió hace varias semanas comunicaciones tanto a comunidades de propietarios como a titulares de viviendas protegidas para advertirles de las consecuencias que podría acarrear este tipo de prácticas.
Según explicó, la Ciudad informó por escrito de que se aplicarían todas las medidas previstas en la normativa vigente a quienes estuvieran utilizando inmuebles de protección oficial para alojar de forma irregular a personas que hubieran entrado en la ciudad tras la crisis migratoria del verano. “Se iba a aplicar cualquier tipo de normativa que estuviese vigente, tanto sancionadora como la posible rescisión de los contratos que tuvieran con la Ciudad”, señaló Ramírez.
Las declaraciones llegan después de las actuaciones desarrolladas en los últimos días por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los denominados pisos patera. El consejero indicó que tanto la Policía Local como la Policía Nacional fueron informadas de las instrucciones trasladadas por la Ciudad y aseguró que ya se están produciendo intervenciones relevantes. Entre ellas citó el desalojo efectuado este lunes en varias viviendas de Loma Colmenar, donde fueron localizadas entre 20 y 30 personas.
Según la información de la que dispone el Ejecutivo autonómico, la persona vinculada a la vivienda donde se produjo la actuación policial habría sido detenida. Ramírez explicó que, una vez que los informes policiales sean remitidos a la Administración local, corresponderá a los servicios jurídicos y técnicos del área de Vivienda analizar cada expediente y determinar las posibles consecuencias administrativas.
“Los servicios jurídicos y técnicos del área de Vivienda determinarán cuál es la sanción o cuál es la consecuencia que tiene esta actuación realizada por la persona que estaba cometiendo esta irregularidad”, afirmó.
Además de las intervenciones en inmuebles de protección oficial, el responsable de Fomento señaló que la Policía Nacional está desarrollando otras actuaciones en viviendas de titularidad privada donde también se estaría dando alojamiento a migrantes en situación irregular. Entre los operativos recientes mencionó desalojos llevados a cabo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la barriada del Príncipe Alfonso y el entorno de Dalfau.
Ramírez subrayó que las competencias en materia de extranjería corresponden a la Policía Nacional, que es quien dirige estas actuaciones, mientras que la Policía Local presta apoyo cuando resulta necesario. “Ahora mismo quien está llevando estas acciones son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, indicó.