El complejo asistencial para adultos con discapacidad, al pleno por el MDyC
Discapacidad
El partido interpelará al Gobierno en la Asamblea para preguntar el estado del proyecto para crear un centro donde acoger a los jóvenes que, al cumplir los 21 años “quedan completamente abandonados” ya que “muy pocos entran en Plena Inclusión”
Ceuta/ El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha presentado una interpelación para conocer en qué estado se encuentra la creación de un complejo asistencial para personas con discapacidad que contemple una residencia de adultos, una unidad de estancia diurna y un centro ocupacional, una de las propuestas presentadas para el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad.
Los localistas quieren saber qué actuaciones se han realizado desde la aprobación de la propuesta hasta este momento y si ha habido algún avance al respecto. Asimismo, van a preguntar por qué no hay prevista ninguna partida presupuestaria para llevar a cabo este complejo asistencial, cómo pretende el Ejecutivo financiar la actuación y qué planes tiene el Ejecutivo para dotar a nuestra ciudad de los recursos asistenciales que se necesitan para dar respuesta a este colectivo.
La formación recuerda que en Ceuta, los chicos y chicas que dejan el CEE San Antonio al cumplir los 21 años, “quedan completamente abandonados” por la Administración Pública, debido a que muy pocos de ellos logran entrar en Plena Inclusión: “la ausencia de recursos convierte a Ceuta en un lugar que deja al margen a los colectivos que mayor atención y cuidado necesitan”. Es por ello que también van a preguntar si se han tomado medidas para paliar la saturación de Plena Inclusión y garantizar que todos los usuarios puedan ser atendidos.
Desde el MDyC aluden a los artículos 14 y 49 de la Carta Magna que apelan a la responsabilidad de las administraciones de acometer políticas públicas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, y recuerdan que la creación de este complejo asistencial sirve para dar respuesta a una “reivindicación histórica” de las familias que necesitan dar continuidad a la atención a sus hijos e hijas una vez cumplen 21 años.
