El Consejo de Estado avala la regularización de migrantes, pero exige retoques clave al decreto

La Comisión Permanente del Consejo de Estado dio luz verde el pasado 9 de abril, con matices importantes, al proyecto de real decreto con el que el Gobierno quiere abrir una vía extraordinaria de regularización para extranjeros en situación irregular en España. El órgano consultivo considera que, una vez incorporadas varias observaciones “esenciales”, el texto puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación. Eso sí, el documento presentado no es vinculante.

El dictamen examina una reforma urgente del Reglamento de Extranjería y deja claro que el plan del Ejecutivo pivota sobre dos grandes vías de acceso a una autorización excepcional de residencia: una para personas que hubieran solicitado protección internacional y otra para quienes acrediten lo que el proyecto llama “arraigo extraordinario”, categoría que incluye supuestos laborales, convivencia con menores o dependientes y situaciones de vulnerabilidad.

El Consejo de Estado no cuestiona de fondo que el Gobierno use la vía reglamentaria para articular estas autorizaciones, pero sí advierte de que la propuesta abre un proceso masivo y complejo de presentación, tramitación y resolución de solicitudes, y reprocha que falte una justificación más detallada de los datos y cálculos que sostienen la reforma. También subraya que la memoria del proyecto deja sin concretar algo especialmente sensible: el impacto presupuestario, que se limita a decir que “está siendo objeto de estudio”.

Entre las objeciones más relevantes figura la que afecta a la relación entre esta regularización y los procedimientos de asilo. El Consejo rechaza que presentar una solicitud de la nueva autorización suponga paralizar el expediente de protección internacional que la persona tuviera ya iniciado. A su juicio, esa suspensión excede el carácter excepcional de la medida, puede perturbar gravemente la tramitación del asilo y debe eliminarse del texto.

También impone correcciones en materia de antecedentes penales. El dictamen rechaza las excepciones previstas para no acreditar la carencia de antecedentes en los países de origen o de residencia previa y se opone a que esa exigencia pueda suplirse con una simple declaración responsable. El Consejo sostiene que ese requisito es esencial en la legislación de extranjería y que los solicitantes deben aportar el correspondiente certificado o documento equivalente, de modo que el procedimiento quede en suspenso si no lo presentan.

Otro de los puntos que el órgano consultivo obliga a rehacer es la definición de la “vulnerabilidad”, uno de los supuestos que permitirían acceder al arraigo extraordinario. El dictamen considera imprescindible que el decreto concrete los criterios para apreciarla y, además, pide suprimir la presunción automática de que toda persona extranjera en situación irregular es vulnerable. Sin esa precisión, advierte, el sistema sería inseguro tanto para los solicitantes como para las entidades que deban acreditarlo y para la propia Administración.

El Consejo de Estado también pone límites al papel de Tragsa y de Correos en la gestión del proceso. En el caso de Tragsa, acepta su posible colaboración material, pero exige acotar con claridad que no podrá ejercer potestades públicas ni asumir funciones decisorias sobre los expedientes, reservadas a la Administración y a su personal funcionario. Sobre Correos, expresa dudas por la indefinición de algunas funciones previstas y sugiere reconsiderar parte del esquema diseñado.

El dictamen no tumba la regularización extraordinaria, pero sí obliga al Gobierno a afinar jurídicamente la norma antes de aprobarla. El mensaje de fondo que la reforma puede salir adelante, pero no en los términos exactos en que fue enviada al Consejo de Estado.