CSIF acusa al Gobierno de discriminar a Canarias, Ceuta y Melilla al dejar fuera la revisión del plus de residencia
PLUS DE RESIDENCIA
El sindicato CSIF denuncia que el nuevo decreto sobre jubilación parcial solo contempla Baleares y excluye a otros territorios. Reclama una actualización inmediata de las indemnizaciones por residencia en todo el ámbito afectado
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno que amplíe la revisión de las indemnizaciones por residencia a todos los territorios afectados, al considerar que el actual planteamiento del Ejecutivo genera una situación de desigualdad entre empleados públicos destinados en distintas zonas del país.
El sindicato, mayoritario en las administraciones públicas, ha reaccionado así al Real Decreto sobre jubilación parcial publicado este lunes, que incluye una disposición adicional única en la que el Gobierno se compromete a revisar en un plazo de seis meses las cuantías del complemento de residencia, pero únicamente en la Comunidad Autónoma de Baleares.
Según denuncia CSIF, esta medida deja fuera a otros territorios que también cuentan con este tipo de compensación por coste de vida o insularidad, como Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, lo que considera una “discriminación injustificada” hacia miles de trabajadores públicos.
La organización sindical recuerda que la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio y residencia formaba parte del Acuerdo Marco de Condiciones Laborales y Salariales firmado con el Ministerio de Función Pública en noviembre del año pasado, por lo que exige su cumplimiento íntegro.
Además, CSIF insiste en que el Ejecutivo debe regular de forma urgente la jubilación parcial para funcionarios y personal estatutario, especialmente del ámbito sanitario, un derecho que permanece bloqueado desde 2012.
El sindicato subraya que el reciente Real Decreto-Ley aprobado tras sus presiones ha permitido desbloquear esta modalidad para el personal laboral de las administraciones públicas y de las empresas públicas, aunque considera insuficiente el alcance de la medida.
En este sentido, recuerda que la anterior reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), pactada entre el Gobierno, CCOO y UGT, introdujo requisitos que en la práctica dificultaban la aplicación de la jubilación parcial en la administración, como la exigencia de que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo.
CSIF sostiene que el Gobierno ha dejado pendiente esta cuestión a la futura tramitación de la Ley de Función Pública, cuyo avance parlamentario permanece bloqueado por la falta de apoyos suficientes, lo que mantiene en suspenso la extensión del derecho a miles de empleados públicos.
Por todo ello, el sindicato ha anunciado que continuará reclamando tanto la extensión de la jubilación parcial a todos los colectivos del sector público como la actualización equitativa de las indemnizaciones por residencia, al considerar que la actual situación “rompe el principio de igualdad” entre trabajadores de la administración.
