CSIF celebra la reforma legal que convierte a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad

Ceuta/ CSIF ha celebrado la aprobación hoy en el Senado de la reforma legal que permitirá reconocer a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad. La reforma modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria y supone, entre otras medidas, un refuerzo de la protección jurídica de los trabajadores penitenciarios frente a las agresiones sufridas durante el ejercicio de sus funciones. CSIF presenta su aprobación como el resultado de una reivindicación histórica del colectivo y de un trabajo de negociación dirigido a conseguir los apoyos parlamentarios necesarios.

Según explica el sindicato en un comunicado, las conversaciones mantenidas con PP y PSOE. “Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante”, subraya el sindicato.

Los internos que agredan a un trabajador penitenciario podrán enfrentarse a las consecuencias previstas en el artículo 550 del Código Penal, que contempla penas de prisión de hasta cuatro años para determinados delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos.

El nuevo marco incorpora además distintas medidas de protección para el personal penitenciario. Entre ellas, el reconocimiento legal ante todas las administraciones y el valor de sus informes como base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba en contrario.

La reforma contempla también que la Administración pueda compensar económicamente a los trabajadores por los daños personales o materiales sufridos durante el servicio, así como garantías específicas de seguridad durante traslados o ingresos en prisión.

La protección se extenderá a todos los trabajadores de los centros penitenciarios, incluido el personal laboral.

Una reivindicación histórica

CSIF considera que el reconocimiento como agentes de la autoridad supone la culminación de una de las principales reivindicaciones que el sindicato viene defendiendo para el personal de Instituciones Penitenciarias.

La organización sindical vincula esta demanda al número de agresiones que se producen en los centros penitenciarios. Según los datos oficiales citados por CSIF, los trabajadores sufren más de 500 agresiones cada año, una cifra que equivale aproximadamente a un ataque cada 18 o 20 horas.

“La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos -denuncia el sindicato- Además, de modo bastante habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas

Para el sindicato, el reconocimiento jurídico no resuelve por sí solo los problemas de seguridad que afrontan los trabajadores penitenciarios. CSIF reclama también un incremento de las plantillas para hacer frente al aumento de la población reclusa y a las necesidades de los centros.

Según los datos de la Administración penitenciaria citados por la organización, en los últimos dos años el número de internos habría aumentado en 6.200 personas.

Necesidad de personal

CSIF denuncia que el déficit de personal afecta especialmente a áreas como Vigilancia, cuyos trabajadores mantienen contacto directo con los internos, y al área sanitaria, donde destaca la falta de facultativos. Estos profesionales, además de atender las necesidades médicas de los reclusos, desempeñan funciones relevantes para la aplicación del régimen disciplinario.

La organización sindical señala carencias en oficinas y área mixta y asegura que la falta de efectivos ha obligado a mantener determinados módulos penitenciarios sin abrir, lo que dificulta, a su juicio, la adecuada clasificación interior de los internos.

El sindicato reclama también a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de las plantillas y pide al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retomen los trabajos para elaborar una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria.

El objetivo, según CSIF, sería adaptar la normativa a la realidad actual de las prisiones y a la diversidad de perfiles de la población reclusa. Entre ellos cita a internos condenados por terrorismo yihadista, violencia de género, delincuencia organizada o vinculados a bandas, así como a personas con problemas psiquiátricos.

El sindicato reclama también una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los internos.