CSIF exige al Gobierno activar el reglamento europeo ante la crisis migratoria
El sindicato considera insuficientes los refuerzos anunciados por Interior y reclama solicitar a Bruselas las medidas extraordinarias de solidaridad previstas por la UE
Ceuta/ La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno de España que solicite formalmente a la Comisión Europea la activación del Reglamento (UE) 2024/1359, relativo a las situaciones de crisis y fuerza mayor en materia de migración y asilo, ante la presión migratoria que soporta Ceuta desde finales de julio.
El sindicato considera que las medidas adoptadas hasta ahora y los refuerzos anunciados por el Ministerio del Interior resultan insuficientes para afrontar una situación que, según denuncia, ha desbordado las capacidades ordinarias de la ciudad y está teniendo consecuencias sobre el conjunto del Estado.
CSIF ha señalado que, cuando está a punto de cumplirse un mes desde la llegada masiva de personas registrada el pasado 30 de julio, las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, emergencias, Administración de Justicia, servicios de acogida, Administración Penitenciaria, sanidad pública, limpieza y servicios sociales trabajan “al límite del agotamiento físico y profesional”.
El sindicato ha reclamado al presidente del Gobierno y al Consejo de Ministros que formalicen “de inmediato” ante las instituciones comunitarias la solicitud prevista en el artículo 2 del Reglamento europeo para que la Comisión evalúe la situación y determine si concurren las condiciones para activar las medidas extraordinarias contempladas.
CSIF basa su petición, entre otros argumentos, en el propio reconocimiento realizado por el Gobierno en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se ha declarado una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. Según el sindicato, esta norma reconoce que la llegada “masiva y simultánea” del 30 de julio superó las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
La organización sindical considera que este reconocimiento oficial refuerza la conveniencia de recurrir al instrumento europeo, que contempla las llegadas masivas de nacionales de terceros países como una situación de crisis cuando, por su magnitud, puedan provocar que los sistemas de asilo, acogida, protección de menores o retorno de un Estado miembro dejen de funcionar adecuadamente.
El Reglamento está en aplicación desde el pasado 12 de junio de 2026, aunque para su activación en un Estado miembro es necesaria la correspondiente solicitud motivada al Ejecutivo comunitario. CSIF reclama que España dé ese paso para que Bruselas valore formalmente la situación de Ceuta y, en su caso, proponga al Consejo la adopción de medidas extraordinarias.
Entre las posibilidades que contempla el marco europeo figuran mecanismos reforzados de solidaridad, como reubicaciones de personas, contribuciones económicas y apoyo operativo, así como la adaptación temporal de determinados procedimientos fronterizos y de protección internacional.
CSIF sostiene además que la activación del reglamento permitiría reforzar la capacidad de actuación en frontera, agilizar determinados procedimientos de asilo y facilitar posteriormente los procesos de retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en España, siempre dentro de las garantías establecidas por la legislación europea.
El sindicato también destaca que el reglamento contempla medidas específicas ante una eventual instrumentalización de la migración con fines desestabilizadores cuando esta circunstancia pueda acreditarse.
La organización ha valorado positivamente los refuerzos solicitados a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), pero considera que estas actuaciones operativas no sustituyen la utilización del marco jurídico extraordinario previsto por Bruselas.
CSIF ha advertido de que la presión sobre los servicios públicos afecta especialmente a los trabajadores encargados del control fronterizo, la seguridad, la identificación, la atención humanitaria, la protección internacional, la atención a menores, los servicios sociales y la gestión administrativa.
“Si el propio Gobierno ha reconocido oficialmente que las capacidades ordinarias han sido superadas, debe explicar por qué no ha solicitado todavía la activación del instrumento europeo específicamente previsto para afrontar una situación de crisis”, ha reclamado el sindicato.
CSIF ha concluido que Ceuta no puede continuar funcionando como un “dique de contención aislado” ante una crisis que, a su juicio, requiere una respuesta de Estado y la implicación efectiva de la Unión Europea.
