CSIF pide a Función Pública que se aceleren las subidas para los funcionarios
Sindicatos
El sindicato quiere que la actualización de indemnizaciones por razón de servicio y de residencia, la jubilación parcial anticipada, la promoción interna, el refuerzo de Muface y aplicar el teletrabajo en la AGE
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emplazado al Ministerio de Función Pública -en la reunión de seguimiento celebrada hoy del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, a que acelere la puesta en marcha de otras medidas, ahora que la mayoría de las administraciones han completado el pago de la subida y atrasos salariales de 2025.
CSIF asegura haber constatado “que la práctica totalidad de las administraciones públicas han completado, en la nómina de enero, el pago del 2,5 por ciento correspondiente a la subida de 2025 y los atrasos correspondientes, de manera retroactiva, así como la subida de 2026, como estaba recogido en el Acuerdo firmado el pasado noviembre”. De esta manera, los empleados públicos comienzan el año con una subida del 4 por ciento (el 2,5 de 2025 y el 1,5 para 2026, que podría ampliarse un 0,5 adicional ligado a la evolución del IPC).
El objetivo de la reunión de seguimiento ha sido poner en marcha los diferentes grupos de trabajo: Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial, Salud Laboral y Empleo Público. A petición de CSIF, también se creará una mesa específica sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previa comunicación a Muface
En concreto, el sindicato ha trasladado a Función Pública “priorizar el refuerzo del mutualismo administrativo, desbloquear la jubilación parcial anticipada, impulsar la promoción interna, actualizar las indemnizaciones por razón de servicio, los complementos de residencia e insularidad, y extender el teletrabajo en toda la Administración General del Estado (AGE)”.
CSIF también ha comunicado la necesidad actualizar el sistema de incrementos salariales del personal laboral en el exterior (PLEX), y aplicar la subida y retrasos a las personas en situación de incapacidad temporal (ITE).
Igualmente, consideran necesario “extender la implantación de la jornada de 35 horas al ámbito de las Instituciones Penitenciarias y empresas públicas, aprovechando que el Gobierno ha iniciado el procedimiento en la Administración, así como el teletrabajo en la Administración General del Estado”.
