CSIF solicita a Instituciones Penitenciarias articular "medidas que prioricen la seguridad operativa" sobre la presencia física

La sección sindical de CSIF en el Centro Penitenciario de Ceuta, ha solicitado que "en un futuro próximo no se reproduzcan situaciones como las acontecidas hace poco más de una semana a raíz del traslado de varios miembros de una misma banda organizada al Centro Penitenciario de Ceuta para su asistencia a juicio", indican.

A criterio del CSIF, "trasladar y concentrar a varios miembros de una banda organizada en un mismo Centro Penitenciario, no parece una medida acertada, máxime si con dicha decisión confluyen otros factores" como "un ámbito geográfico tan característico como el de nuestra ciudad, con una reducida extensión unida a una densidad de población elevadísima, donde la presión social y el señalamiento están presentes" así como "el que los integrantes de la organización criminal conocida como "cártel del Ángulo" desplazados a Ceuta para el macrojuicio de la Operación Plomo son todos vecinos de la ciudad, y su banda tiene ramificaciones activas en la misma".

Además, apuntan que "con el añadido de su internamiento durante varios días en el mismo establecimiento penitenciario, el C.P. de Ceuta, con un déficit estructural en su plantilla desde su apertura, sobre todo en el área de vigilancia interior, donde las carencias de personal son palmarias, y en el que la separación interior en ocasiones se hace muy complicada".

En este sentido, desde CSIF afirman que "la prisión de Fuerte Mendizábal en la actualidad no reúne las características ni condiciones para albergar semejante contingente de miembros de una misma banda criminal organizada, siendo esta una circunstancia que menoscaba la seguridad del Centro y pone en peligro la integridad de los trabajadores".

Al respecto, desde la entidad sindical apuntan que "actualmente existen medios tecnológicos como la videoconferencia, que es una alternativa segura, que permite realizar la celebración del juicio con plenas garantías jurídicas".

La videoconferencia, señalan desde el sindicato, "ha sido validada por el Tribunal Supremo como equiparable a la presencia física, garantizando el derecho de defensa, y siendo una medida mucho más segura al evitar el desplazamiento físico" añadiendo que "y si bien el principio de inmediación procesal suele optar por la presencia física, este se considera cumplido en las videoconferencias siempre que se garantice una interacción adecuada, al igual que el uso de la videoconferencia permite cumplir con los principios de concentración y celeridad procesal sin exponer a todas las personas implicadas en este tipo de operativos a riesgos innecesarios, a la vez que reduce costes".

Asimismo, desde CSIF se recuerda que "que la regulación sobre el uso de tecnologías ha evolucionado (artículo 229.3 de la LOPJ, artículo 129 bis LECrim, y reformas procesales) permitiendo a los Tribunales valorar el riesgo o necesidad para decidir el uso de medios telemáticos o la presencia física del acusado".

Por todo ello han solicitado que "se priorice la seguridad operativa en casos como en el que nos ocupa, demandando tanto a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, como a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social que se articulen las medidas necesarias con las Autoridades judiciales para una regulación legal que permita la videoconferencia como una solución técnica" y de esta forma "mitigar riesgos, velar por la seguridad e integridad física de todos los actores implicados, evitando con ello que en el futuro se vuelvan a repetir estas peligrosas circunstancias", sostienen.